Al iniciar el domingo 30 de agosto, María* no estaba bien. No se comportaba como siempre y su familia se percató de ello.
Sus padres le preguntaron qué le pasaba y, aunque abrumada, decidió contarles. La noche anterior, el 29 de agosto, había sido violada por dos agentes de la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron poco después de que ella dejara la casa de su novio, en Brisas del Golf, luego de discutir con él. Rumbo a su casa, en La Gloria, Betania, tomó el Corredor Norte, pero en el trayecto se extravió y cuando vino a darse cuenta estaba en una estación de servicios en El Ingenio. Allí le dieron indicaciones de cómo llegar y siguió.
No obstante, en la vía fue detenida en un retén de la Policía Nacional y dos agentes le pidieron los papeles de su carro. Como no los tenía, comenzaron a discutir con ella.
De pronto, ambos la obligaron a pasarse a la parte de atrás del vehículo y la violaron. Luego la escoltaron hasta su casa y comenzaron a amenazarla a través del chat de su celular.
Después de contar lo sucedido a su familia, esta la condujo al Ministerio Público y allí presentaron la denuncia.
Acto seguido, la joven, de nacionalidad venezolana, fue llevada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde fue evaluada por peritos.
Al confirmarse la violación, el Ministerio Público avanzó con las investigaciones. Entre septiembre y lo que va del mes de octubre, los dos agentes fueron identificados y presentados ante un juez de garantías, que validó la imputación en su contra por la presunta comisión de delitos contra la integridad e integridad sexual (violación agravada) y decretó su detención provisional.
Asimismo, un Tribunal de Apelaciones confirmó la semana pasada la medida cautelar de detención provisional impuesta por el juez de garantías.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana –que lleva el proceso– presentó pruebas de que los dos policías se movieron del puesto de control en el que debían estar e improvisaron un retén, en el que detuvieron a la joven y cometieron el ilícito.
Además, la fiscalía acreditó ante el juzgado que el GPS de la radio asignada a los agentes los ubicaba en la residencia de la víctima.
En tanto, como parte del proceso administrativo, la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía inició un proceso interno que podría terminar con la destitución de ambos funcionarios.
(*Se usó un nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima).
