El aumento de la cifras de homicidios en el último año y la penetración de los carteles de la droga en actividades de la sociedad panameña e, incluso, en los estamentos de seguridad del Estado han generado preocupación en diversos sectores de la población. Justo la semana pasada, las autoridades dieron a conocer lo que sería la política criminológica del Estado, a través de un proyecto de ley que pretende no solo hacer frente este fenómeno, sino también rescatar a quienes se encuentran en riesgo social.
El asesor del Ministerio de Seguridad (Minseg), Jonathan Riggs, aseguró que la iniciativa presentada por el ministro de esa cartera, Juan Pino, el pasado 18 de enero ante la Asamblea Nacional, busca definir y establecer estrategias para evitar el avance de la criminalidad organizada en el reclutamiento de jóvenes por la pandillas y la reinserción y resocialización de los privados de libertad.
Cifras del Ministerio Público revelan que a pesar de la pandemia de Covid-19 se perpetraron 554 homicidios, cifra que contrasta con los 500 de 2020 y los 480 de 2019.
Estos datos empujan la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a 12.7, mucho más que el cálculo que dio el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su reciente informe a la Nación de 11.5. Sin embargo, Pino ha dicho que los números que ellos manejan son distintos a los del Ministerio Público.
Riggs plantea que es necesario hacer frente a la criminalidad desde un enfoque preventivo. Esa es la razón que por la que se proponen mecanismos de intervención social en esta dirección.
La iniciativa contempla la creación de una secretaría ejecutiva de la política criminológica, en donde el secretario ejecutivo actuará como un coordinador del Consejo Nacional de Política Criminológica. Este equipo estará integrado por representantes de los ministerios de Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, Trabajo y Desarrollo Laboral, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Pandeportes, del Consejo Técnico de Especialistas de Inadaptados Sociales e Infractores. y de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El funcionario detalló que el Consejo será el foro en donde se escuchen y analicen las propuestas e iniciativas que se llevarán a la práctica para vincular a personas en riesgos social en proyectos para mejorar sus vidas.
Reconoció que la conducta criminal usualmente es generada para ausencia de un proyecto de vida en las personas y que a través de esta iniciativa se busca llenar este vacío.
También detalló que los fondos para llevar adelante estos proyectos serán aportados por cada una de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Política Criminológica. Sin embargo, Riggs advirtió que este plan funcionará junto a la represión del delito, en el que también se busca que los diputados aprueben una ley de extinción de dominio para golpear el músculo financiero del crimen organizado.
Para Riggs lo que se busca es acabar con la improvisación en materia de seguridad ciudadana y aglutinar en un solo brazo ejecutor los esfuerzos que hasta ahora se han llevado de forma separada.
En los últimos meses han surgido críticas a la política oficial contra la delincuencia. El exministro de seguridad Rodolfo Aguilera advirtió que el actual gobierno abandonó los programas para la atención de jóvenes en riesgo social y que solo se ha enfocado en la parte represiva.
Aguilera sostiene que la política represiva ha fallado, ya que en los últimos tres años la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha venido aumentando al pasar de 9.4 en 2018 a 11.3 en 2019 y 11.6 en 2020.
