El Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad, Rolando Mirones, dio a conocer ayer que será de ese órgano del Estado de donde saldrá la nueva política migratoria del país.
“Las políticas públicas las dicta el Órgano Ejecutivo”, dijo Mirones, cuando se le consultó sobre el proyecto de ley sobre migración que presentó la diputada perredé Zulay Rodríguez.
Las declaraciones del funcionario se dieron durante la instalación oficial de una mesa de trabajo para la elaboración de la nueva política migratoria que regirá en el país. Además de Mirones, liderarán este proceso la ministra de Trabajo, Doris Zapata, y la directora de Migración, Samira Gozaine.
“Obviamente, los diputados son parte de esas personas con las que tenemos que trabajar [...], pero estamos trabajando un tema complicado [migración] que va más allá de una nueva ley. En el camino haremos las consultas”, manifestó Mirones.
Mientras, la directora de Migración informó que no habrá más procesos de regularización extraordinaria, como ocurría a través del programa Crisol de Razas.
Política migratoria regional se determinará en Panamá
Panamá será el escenario en el que se definirá el futuro de la política migratoria regional. A finales de agosto acogerá un encuentro de ministros de Seguridad.
El titular local, Rolando Mirones, informó que participarán todos sus homólogos de Centroamérica, y el de Colombia, con el fin de buscar y adoptar medidas conjuntas que regulen mucho mejor la migración por la zona.
Ya en Estados Unidos y México vienen estableciéndose rigurosos protocolos de control de los flujos migratorios, precisamente de aquellos que vienen desde Suramérica y pasan por Centroamérica con el fin de llegar a los países de norteamérica.
El anuncio del encuentro regional fue dado a conocer durante la instalación oficial de una mesa de trabajo para establecer una nueva política migratoria en el país. En este proceso también participan la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, y la directora nacional de Migración, Samira Gozaine.
Una de las decisiones que anunció Mirones es que no darán continuidad a la política adoptada durante el gobierno pasado de permitir los flujos migratorios controlados, debido a que eso propicia el tráfico ilegal de personas.
Se estima que en lo que va de 2019 han ingresado por Darién más de 12 mil migrantes de forma irregular, un problema que inquieta al actual gobierno. Solo esta semana, el Ministerio de Seguridad comunicó del ingreso por la frontera con Colombia de un ciudadano de Sri Lanka que tenía una alerta roja, el cual fue detenido. Esta persona ya había sido deportada por Panamá en mayo pasado, cuando intentó entrar al país por el aeropuerto de Tocumen.
Además, 11 extranjeros que llegaron a la frontera en compañía del ciudadano de Sri Lanka están a órdenes de las autoridades para la pesquisa correspondiente.
“Hemos hecho la observación a nuestro vecino país de Colombia que endurezcan los controles. Nosotros estamos mandando un mensaje claro al mundo: que esta administración no seguirá con los flujos migratorios controlados”, remarcó Mirones.
Expresó que el incremento del flujo migratorio que se registra desde hace algunos años no es solo un problema de Panamá, sino de todos los países de la región. “Las medidas que tenemos que adoptar tienen que ser multinacionales para detener este tráfico humano”, acotó.
Otros temas
Las autoridades también se refirieron a los inmigrantes que permanecen en el país como consecuencia de los procesos de regularización extraordinaria efectuados durante los últimos 10 años, como el Crisol de Razas.
Mirones indicó que habrá modificaciones de algunos decretos y normas, por medio de la elaboración de una nueva política migratoria, tarea a la que destinarán todos los esfuerzos y el tiempo que sea necesarios.
Al respecto, adelantó que se trata de una política integral, que va más allá de regular la entrada y salida de extranjeros, pues incluirán temas de seguridad y trabajo, entre otros.
Al ser consultado sobre el proyecto de ley que presentó la diputada Zulay Rodríguez, Mirones remarcó que es el Órgano Ejecutivo el que dicta las políticas públicas en Panamá. “Obviamente, se consultará con todos los sectores”, añadió.
La directora de Migración aseguró que no habrá más procesos de regularización extraordinaria, pero reconoció que durante estos 10 últimos años miles de migrantes participaron de estos procesos, cumpliendo la norma vigente, por lo que deberán tomarlo en cuenta.
“Tenemos que entrar a definir qué vamos hacer con las personas que ya se regularizaron en nuestro país y que tienen familia y empleo”, indicó.
Gozaine explicó que en los últimos 10 años casi 300 mil personas se han regularizado, sin contar a sus dependientes. Es decir, ellos cumplieron con los requerimientos de las dos pasadas administraciones y actualmente gozan de un estatus de legalidad.
La ministra de Trabajo apuntó que la migración laboral preocupa a la población panameña y por eso van a tratar el tema en función de “proteger los intereses” del país. “Estamos trabajando en coordinación, con la idea de tener una política migratoria, seria y eficiente”, dijo Zapata.
Los funcionarios no precisaron para cuándo prevén tener lista la nueva política.
