Para los anales de la historia, Donald Trump pasará a ser el único presidente de Estados Unidos enjuiciado políticamente en dos ocasiones, y salvado de una condena por la lealtad partidaria de un sometido Senado republicano.
En realidad, los dos juicios políticos, el de 2020 y el de 2021, se pueden entender como la reacción a la misma conducta: la intención de manipular el proceso electoral estadounidense.
Recordemos que Donald Trump fue electo en 2016 por el colegio electoral, a pesar de que perdió el voto popular por 3 millones de ciudadanos que prefirieron a la demócrata Hillary Clinton. En aquella ocasión, Trump recibió una ayuda no muy discreta de parte de la inteligencia rusa, Wikileaks, y un inepto director del FBI que anunció tres semanas antes de la elección, que abriría una investigación contra Hillary Clinton, para luego informar, tres días antes de la votación, que no había mérito para la pesquisa.
Entre 2017 y 2019, Trump apalancó su poder, como presidente de Estados Unidos, para que Ucrania abriera una investigación sobre los asuntos del exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden y su hijo Hunter. Esa presión fue la causa del primer juicio político de Trump en el Senado estadounidense a principios del año pasado.
La excepción de enero
Los abogados Bruce Castor y Michael van der Veen de la defensa de Donald Trump se apoyaron en la postura política de los voceros de la bancada republicana del senado, de que a Donald Trump no se le podía juzgar políticamente porque ya no era presidente de Estados Unidos. A esta defensa se le llamó la “excepción de enero”, es decir, en palabras de los críticos, que un presidente saliente de Estados Unidos podía cometer cualquier ilegalidad, pero como iba de salida no se le podía juzgar políticamente por esto.
Decenas de académicos, historiadores, juristas expertos en Derecho Constitucional, explicaron que esto no era cierto ya que tanto en la tradición inglesa, que dio origen al impeachment, como en la estadounidense existían precedentes de altos funcionarios que habían renunciado, o se les había terminado su periodo, y fueron juzgados políticamente. El concepto clave es que en un Estado de derecho no puede haber impunidad.
100 víctimas convertidas en jurado
Con el peculiar sistema establecido por la Constitución estadounidense, los senadores, quienes fueron testigos y principales víctimas del asalto de los seguidores de Trump, se convirtieron en sus jueces. En ningún proceso judicial normal esto habría sido posible, ya que el solo hecho de haber tenido conocimiento previo de la situación, los hubiera inhabilitado para ejercer como jurados.
El Senado realizó dos votaciones. Una de naturaleza procesal el martes 9 de febrero, en la que por un margen de 56 a 44 consideraron que sí era constitucional juzgar al expresidente. En la segunda votación, esta vez de fondo, el voto fue de 57 a 43 condenando, pero el mandato constitucional exigía el voto de dos tercios de los senadores, es decir 67 votos, para que la decisión fuera condenatoria.
Los argumentos esbozados por los senadores que defendían a Trump eran esencialmente la llamada “excepción de enero”, es decir, nadie invocó la inocencia de Trump, si no que se cuestionó la constitucionalidad del juicio, a pesar de que ya el propio Senado había dicho que era constitucional.
El argumento contenía otro elemento de la maniobra política republicana. A Donald Trump no se le juzgó en enero, porque el senador republicano Mitch McConnell de Kentucky, entonces cabeza del Senado, mandó a ese cuerpo legislativo de vacaciones para evitar que se hiciera el juicio. Al emitir su voto el sábado 13 de febrero, McConnell dijo que Trump era culpable, pero que el Senado no podía juzgar a un particular.
El efecto de una sentencia
La absolución de Trump por el segundo juicio político no le concede impunidad. Por el contrario, tanto los estados de Georgia y Nueva York lo investigan por otros delitos, así como los fiscales federales que siguen la trama del asalto al Capitolio, bien pueden incluirlo en sus pesquisas si las evidencias lo sugieren.
A diferencia del primer juicio, en el que los votos demócratas sumaron a un republicano, en este caso hubo siete votos republicanos que se sumaron a los demócratas. A diferencia del frente monolítico de los medios de derecha que respaldaban a Trump en 2020, para este año ya es muy clara la distancia que toman las mesas editoriales de lo actuado por Trump. Por ejemplo, el jueves 11 de febrero el periódico conservador Wall Street Journal editorializó pidiendo que a Trump se le condenara por el asalto al Capitolio. Esto deja en evidencia que algunos sectores conservadores de Estados Unidos quieren tomar distancia del expresidente y afianzarse más en los principios de la filosofía política conservadora.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, apareció enfurecida el sábado 13 después del resultado de la votación, y se opuso a una propuesta de voto de censura para que se inhabilitara a Trump con una simple mayoría de 51 senadores y no los 67 exigidos para el juicio político. Sin embargo, Pelosi puso de lado uno de los impactos más importantes de este juicio político: la construcción de una verdad histórica.
Donald Trump contaba con el contundente respaldo de una gran cantidad de medios de comunicación, que le permitieron construir su versión alternativa de los hechos y disminuir los desastres de sus decisiones. Este juicio político le mostró a toda la población de Estados Unidos un relato común sobre los últimos cuatro años. La historia del abuso del poder y del intento de manipular las elecciones de 2020. Ese relato común rompe con el relativismo de la “post verdad” y los fake news, que Trump necesita para su éxito político.
Ahora, demócratas y republicanos volverán a sus controversias, sus divisiones naturales, y sus conflictos sobre políticas públicas. Si la justicia ordinaria se encarga de Trump, la historia se encargará de la sentencia política que no recibió el 13 de febrero.
