Patria Portugal recurre a su última carta

Patria Portugal recurre a su última carta
En julio de 2013, la entonces defensora del Pueblo, Patria Portugal, respondía un cuestionario a la Asamblea Nacional sobre los contratos de sus gestión. Archivo


La exdefensora del Pueblo Patria Portugal presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el que pretende le sea revocada la sentencia a ocho años de prisión por peculado que le impuso el 25 de mayo de 2020 el entonces Juzgado Octavo Penal y que el Segundo Tribunal Superior confirmó el 12 de marzo pasado.

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Tribunal confirma condena de prisión a Patria Portugal

Así consta en edicto publicado el 4 de este mes por la Sala Penal de la Corte, en el que se precisa, además, que la magistrada Maribel Cornejo fue designada como sustanciadora del recurso de casación.

La investigación de este caso, efectuada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, guarda relación con dos contratos que Portugal suscribió como defensora del Pueblo (abril de 2011-julio 2013), uno de ellos con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un monto de $249 mil 845, para el rediseño de la página web de la entidad; y el otro por $199 mil 983, para capacitaciones, adjudicado a la empresa En Avant , S.A.

El Ministerio Público abrió el proceso en 2013, a partir de denuncias interpuestas por la entonces jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, y por el abogado José Antonio Moncada, basados en una investigación periodística de La Prensa. Ambas acciones legales fueron acumuladas posteriormente en un solo proceso.

De acuerdo con la fiscalía, los requisitos que debían cumplirse para el rediseño de la página web, aplicados a las entidades gubernamentales, no se cumplieron en este contrato.

Además, funcionarios de la entidad declararon que podían realizar el trabajo, por lo cual era innecesaria la contratación.

Rogelio Cruz, abogado de Patria Portugal, ha manifestado que los contratos fueron suscritos de acuerdo con la ley y que las acusaciones fueron infundadas.


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