Este es el comentario final sobre las tres actas de las sesiones de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en las que se deliberó lo concerniente a la renovación por 25 años más de la concesión portuaria otorgada a Panama Ports Company (PPC) en 1997.
Ahora, en esta tercera acta, correspondiente a la reunión presencial del 23 de junio pasado, aparecen por primera vez los pesos pesados: el contralor Gerardo Solís y el viceministro de la Presidencia, Carlos García. Repiten su aparición el ministro consejero José Rojas Pardini y el viceministro de Finanzas Jorge Luis Almengor. Completan la presencia de la junta directiva de la AMP por el sector empresarial: Julio De La Lastra, Juan Diego Reyna y Patricia Velásquez, como directora.
Los contrastes
El tema de la renovación de PPC empieza en la página 13 del documento de 29 páginas. Se trata del cuarto punto en la agenda de la junta directiva de ese día. Agotados los dos primeros, que eran meramente procedimentales, se inicia el tercer punto de la reunión: “... la cancelación administrativa del contrato de concesión No A-2017-2012 de 17 de mayo de 2013, firmado con la compañía Panama Canal Colon Port, Inc., aprobado mediante la Ley No 43 de 18 de junio de 2013, debido a los incumplimientos detectados por la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de la República mediante orden de auditoría consignada en la Resolución No 233-2021/DINAG de 12 de febrero de 2021(DGPIMA-OAL)”.
En un ejercicio surreal, el aperitivo de la discusión de PPC era la cancelación de otra concesión portuaria que también tenía un contrato ley. Aquí, no hubo discusiones sobre seguridad jurídica, la reputación del Estado panameño o el riesgo de demandas arbitrales internacionales. Aquí, se actuó con una contundencia excepcional.
En palabras del empresario Julio De La Lastra, el problema de este asunto es que en Panamá es muy común el caso de: “Personas o grupos adquieren un X proyecto sabiendo que no contaban con el negocio apropiado…”, según dijo en la página seis. Así, el negocio queda aguantado, con las consecuencias obvias para el país.
La deliberación que siguió sobre este tema evidencia que sí existe una capacidad de quitar concesiones por incumplimiento y que, incluso, los participantes de la junta directiva de la AMP querían explorar algún mecanismo para que empresas que habían perdido una concesión no pudieran obtener una nueva. “... y además tomemos en consideración igualmente que este tipo de concesiones no puedan participar las personas que han incumplido”, dijo García en la página ocho del acta.
Después de este comentario, votaron de forma unánime para eliminar una concesión portuaria, por el incumplimiento de sus obligaciones con el Estado.
El plato fuerte
En la página 11 del documento, se le recuerda a los participantes que el ministro Royo se había declarado impedido y se procede a leer una carta del administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, en la que declina participar como suplente en este proceso, porque: “...existen conflictos de intereses entre el Canal de Panamá y la AMP…”. En otras palabras, en esta junta directiva nadie hablaba en favor de los intereses del Canal de Panamá respecto a los dos principales puertos que están ubicados en sus entradas.
Con la mesa servida, la deliberación fluyó rápidamente hacia una sola idea: la mejor forma de comunicar la renovación del contrato de PPC. Los participantes invocaban la auditoría de cumplimiento de la Contraloría, misma que omitió decir el incumplimiento en el pago de dividendos al Estado panameño y que tampoco mencionó los impedimentos y acciones de toda índole, por parte de PPC, que obstaculizaron el establecimiento de los puertos de Corozal y Farfán.
En la página 14 del documento, el administrador de la AMP, Noriel Araúz, reconoció que fue el Órgano Ejecutivo el que negoció con la empresa: “...según las instrucciones que hemos recibido por parte del Ejecutivo, que ha sido el ente que ha hecho las negociaciones con la empresa…”. Aquí, no hubo sorpresas o sorprendidos.
Flor Mizrachi nos mira
El debate sobre la renovación del contrato de PPC tuvo sus momentos cómicos. Por ejemplo, en la página 19 el directivo De La Lastra expresó: “...la joven Flor, la periodista Flor Mizrachi, se me olvida el nombre, ella dijo claramente en su chat: ‘hoy se está reuniendo la junta directiva para aprobar el contrato’. Esa no es la forma correcta de decir una noticia. Hoy se está reuniendo la junta directiva para evaluar las condiciones de posible renovación o no de un contrato. Esa es la forma correcta de redactarlo, y se ve que es lesivo, es ofensivo...”.
Por su parte el ministro Rojas Pardini ponderó favorablemente que en el nuevo esquema con PPC, “...solamente el primer año vamos a estar recibiendo casi la totalidad, al recibir ese mínimo de 7 millones de dólares fijo, casi la totalidad de lo que habíamos recibido en los últimos 23 años…”, refiriéndose al pago de dividendos que PPC había hecho en los primeros 23 años de la concesión.
Lo que para el ministro y los otros miembros de la junta directiva es un logro, sujeto a un acuerdo privado de accionistas, para la opinión pública es exactamente una de las principales fuentes del sabor amargo que deja la renovación del contrato.
En la página 15 del documento, el administrador de la AMP, Noriel Araúz, explica que la auditoría de la Contraloría estimó las ganancias de PPC en un monto, pero se quedó corta en 75%. “Sí, ellos estaban ofreciendo 4 millones de dólares anuales mínimo, porque el reporte de la Contraloría decía que ellos ganaban aproximadamente 40 millones de dólares al año y el 10% nos representaba 4 millones de dólares para el Estado. Ellos están ofreciendo casi el doble en mínimo de lo que arrojaron los números de la auditoría”.
Esto quiere decir que la famosa auditoría de la Contraloría no pudo detectar la ganancia real de PPC. Fue esa auditoría la que sirvió de justificación para la renovación del contrato. El chiste se cuenta solo.
El temor a las demandas internacionales
Una lectura minuciosa de las actas revela que varios de los directivos de la AMP comentaban la posibilidad de que el Estado panameño fuera demandado. Aunque en el texto no queda claro si esta fue una amenaza de PPC o si fue parte del análisis criollo, el tema aparece múltiples veces. Por ejemplo, en la página 19, De La Lastra comenta: “Vamos, analicemos, y si de repente son los mejores intereses del Estado están también en ser demandados internacionalmente porque nos va a costar un mundo salir de eso…”.
En la página 29, después de varias menciones del tema de las demandas internacionales, el viceministro Almengor explicó: “...originalmente, antes de la administración del presidente Torrijos, el Estado solamente había sido demandado una vez en arbitraje internacional y después prácticamente, con la entrada de la administración 2009-2014, subió como a 7-8 demandas al mismo tiempo, y el análisis fue producto de un crédito extraordinario que pedimos para pagar abogados internacionales en donde al final arrojamos que el costo de pagar los abogados, obviamente un porcentaje bastante mínimo con respecto al exposure potencial que tenía el Estado, que ahora mismo ronda los mil 500 y 2 mil millones de dólares en demandas con cuantía, porque hay otras sin cuantía que también están”.
Este temor a demandas internacionales no debería ser tan relevante para Panamá, dado que el país ha tenido buenos resultados. El caso arbitral al que hace alusión el viceministro Almengor fue resuelto antes del arbitraje, porque el Estado panameño no quiso litigar lo que bien habría sido una victoria favorable al país con una indemnización multimillonaria a pagar por una transnacional petrolera.
En la experiencia reciente de la Autoridad del Canal de Panamá, esta ha salido victoriosa en todos los casos de arbitraje contra el consorcio GUPC. En el caso del proceso arbitral iniciado por FCC contra la Caja de Seguro Social, por la Ciudad de la Salud, y que fue concluido en un acuerdo entre la CSS y la empresa, Panamá tenía con qué ganar ese arbitraje, ya que FCC había confesado el pago de sobornos a autoridades panameñas. A veces, un buen arbitraje es mucho mejor que un mal acuerdo.
La propuesta del contralor general
“...la Contraloría determinó que la empresa dejó de repartir $82 millones en dividendos, pero es que las empresas no están obligadas a repartir dividendos…”, dijo el contralor Solís en la página 26. El funcionario parece no estar consciente que su mandato es la protección de los recursos del Estado panameño, y esta actitud se volvió a manifestar cuando propuso, en la misma página 26, la venta del 10% de las acciones del Estado a PPC, ni siquiera en una subasta internacional al mejor postor: “...vendámosle a la empresa el 10%, una vez que terminó esta parte, al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias…”.
La insistencia del contralor por la venta de las acciones del Estado vuelve a aparecer en la página 28, cuando dice: “...si consideran vender el 10%, no deben amarrarse en esta Resolución a cifras de proyecciones económicas…”.
Con el cierre del telón en esta junta directiva, y con la propuesta del contralor pendiente de consideración, “se aprobó” la renovación por 25 años más de la concesión portuaria a la empresa PPC.
Ausente de este coro de directivos, estaban los intereses del Canal de Panamá y la posibilidad de que el país pueda atraer otros puertos, sin que un gigante les niegue la entrada.
