Una acción de amparo de garantías constitucionales fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto Ejecutivo 1686 de 28 de diciembre de 2020 dictado por el Ministerio de Salud (Minsa).
Dicho decreto establece restricción de movilización del 4 al 14 de enero de 2021 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste debido al comportamiento social y alto índice de contagio de la Covid-19.
El recurso fue presentado por los abogados Juan Kuan Guerrero y Giovanni Olmos y tendrá como ponente al magistrado José Ayú Prado.
Los abogados solicitan al pleno de la Corte la suspensión inmediata del decreto alegando que este viola derechos fundamentales al restringir libertades públicas protegidas.
También señalan que el Minsa ha decretado medidas restrictivas de libertad ambulatoria cuando una decisión como esta debe estar basada en una declaratoria de estado de emergencia sustentada en la gravedad de lo que ocurre epidemiológicamente en las áreas donde haya desobediencia social.
Olmos y Kuan indican que si bien se dice que la desobediencia social ha incrementado los contagios de la Covid-19 no se explican los criterios de trazabilidad y de eficiencia de los mecanismos de toma de muestra, entrega de resultados oportunos y el control y seguimiento de personas enfermas y contactos de estas, que sí están bajo las competencias del Minsa.
“No se puede soslayar que las normas del Código Sanitario, específicamente en el artículo 137 dan competencia especial únicamente sobre: enfermos, portadores y contactos de estos”. señalan. Por ello Kuan y Olmos consideran que dictar medidas de orden general sobre personas que no entran dentro de estas tres categorías implica una limitación de derechos fundamentales.
