El abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración –que dirige Rigoberto González–, en la que exige una justificación a la Contraloría General de la República para el refrendo de “bienes muebles” que han entregado diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La entrega de los bienes fue reportada por La Prensa, luego de que los propios diputados informaran en sus redes sociales sobre entregas de ayudas a personas en sus circuitos electorales.
“La Contraloría, a mi juicio, debe justificar por qué refrendó y si tomó las medidas adecuadas”, dijo Cedeño a su salida de la Procuraduría.
En algunos casos, los diputados se perfilan al frente de entregas de ayudas económicas de uno de los programas insignia del Órgano Ejecutivo para la reactivación económica: Capital Semilla, de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. El diputado del circuito 6-1 Alejandro Castillero aseguró en sus publicaciones que las ayudas entregadas, en su caso laptops y tablets, fueron “gestionadas” ante el Ejecutivo. Se desconoce la entidad que compró los insumos y cuál fue el proceso de compra de éstos.
Cedeño consideró que este tipo de entregas muestran “presuntas debilidades en el Ejecutivo para querer motivar a algunas de sus personas electas para que vuelvan a reelegirse”.
Dijo que como él entiende el trabajo de la Contraloría y del contralor, es justo que en esos escenarios funcionen los mecanismos de fiscalización. Cedeño explicó que es responsabilidad de la Contraloría “que los dineros del Estado se manejen con corrección, con prudencia y con sabiduría”.
Al consultarle su opinión sobre la solicitud de Cedeño y el papel que debe jugar la Contraloría en estos casos, el contralor Gerardo Solís dijo: “Me pareciera que se refiere [Cedeño] a una queja por presunto uso con fines de clientelismo político. Contesto como demócrata respetuoso de la institucionalidad del Estado de Derecho. Si así fuera, creo que la competencia por razón de la materia (electoral) o de la calidad del sujeto presuntamente investigable (diputado) será lo primero que debería tomar en cuenta el funcionario ante quien se intente tramitar la misma”.
Y añadió: “el papel de la Contraloría será actuar conforme el derecho determine en caso que la autoridad competente solicite nuestra intervención”.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) también responsabiliza a la Contraloría. “Debe indicarse que la utilización de fondos públicos de cualquier institución del Estado requiere de políticas de transparencia y de fiscalización por parte de la Contraloría”, respondió en un cuestionario enviado por este medio.
La Antai aseguró que ni la Constitución ni el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea señalan la entrega de bienes o ayudas por parte de los diputados como parte de sus obligaciones. “Tales acciones son atribuibles a otras entidades del gobierno central o de los gobiernos centrales”, concluyó.
La Antai hizo la salvedad de que estaría permitido y no se encuentra sometido a rendición de cuentas, si se tratara de “fondos provenientes del patrimonio de cada diputado”.
Tema legislativo
Ni Alejandro Castillero ni sus copartidarios Gonzalo González, Marcos Castillero, Eric Broce, Olivares Frías y Víctor Castillo, diputados mencionados en la publicación de La Prensa, han comentado al respecto.
El pasado 26 de octubre, la diputada de Cambio Democrático Mayín Correa habló durante el periodo de incidencias de la Asamblea sobre el “clientelismo político”. Esta práctica, consideró, “le ha hecho daño a esta Asamblea, y a la institucionalidad democrática”. Hizo un llamado a sus colegas: “A la Asamblea vinimos a hacer leyes, buenas leyes... no podemos politiquear con bienes del Estado”.
También tuiteó que estas ayudas “no resuelven los grandes problemas sociales del país, pero pueden garantizar los votos de 2024”.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez le respondió que está “100% de acuerdo” con ella.
