Este martes, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares cumplen un año como huéspedes de la prisión de la brigada militar Mariscal Zavala, en Guatemala, donde están detenidos por una solicitud de captura y extradición de Estados Unidos.
Aquel 6 de julio de 2020, los hermanos fueron sorprendidos poco antes del mediodía en el aeropuerto La Aurora, en momentos en que se disponían a abordar el avión con matrícula N799RM, propiedad de la familia Martinelli, en un supuesto vuelo “humanitario”. Llevaban cuatro celulares, dinero en efectivo y carpetillas diplomáticas que los acreditaban como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque luego el propio organismo reconoció que (aunque fueron electos en mayo de 2019) nunca habían sido juramentados y jamás habían ejercido el cargo. A la policía le dijeron que eran parlamentarios y que tenían la nacionalidad italiana-panameña.
Guatemala explicó entonces que ambos habían ingresado al país vía terrestre, con pasaporte ordinario, el 30 de junio de ese año, y de inmediato se activo un “trabajo de vigilancia y seguimiento”. La solicitud formal de captura llegó de Estados Unidos tres días antes, el 3 de julio.
Mientras eso ocurría, en Panamá ya tenían fianzas para evitar ser encarcelados y salvoconductos validados por el Ministerio de Comercio e Industrias para circular libremente y sin restricciones por el país, que entonces estaba bajo un férreo confinamiento como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Resultó llamativo que el pedido de detención viniera del mismo país en el que ambos estuvieron instalados los últimos cinco años, desde que voluntariamente abandonaron Panamá, conforme avanzaban varias investigaciones judiciales en su contra, por los sobornos de Odebrecht y Blue Apple.
De Coral Gables a Mariscal Zavala
Luis Enrique había salido de Panamá el 16 de octubre de 2015. No ha trascendido la fecha en la que se fue Ricardo Alberto (que también era mencionado en el caso Buko Millonario).
No se sabe qué hacían en Estados Unidos, pero el 20 de noviembre de 2018, fueron detenidos en su mansión de Coral Gables, Miami, por agentes migratorios que entonces informaron que, aunque habían ingresado legalmente a Estados Unidos, ya no tenían visa vigente. Estuvieron 15 días en Krome, un albergue migratorio ubicado en los Everglades, del que salieron luego que un juez de esa jurisdicción les benefició a cada uno con una fianza de $1 millón.
Cerca de esa mansión en Coral Gables había sido capturado el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, el 12 de junio de 2017, por alguaciles federales, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que entonces tenía la competencia para procesarlo por el caso de los pinchazos. Martinelli estuvo detenido 364 días antes de ser entregado a Panamá.
Pocos imaginaban que los hijos aguardarían más tiempo (365 días y contando) por su extradición, desde Guatemala, que el padre por la suya, desde Estados Unidos.
Ricardo Alberto y Luis Enrique han tenido en Guatemala una permanencia mucho más accidentada que la del padre en Estados Unidos. Si Martinelli Berrocal allá era casi un modelo de conducta a seguir, ese no parece haber sido el caso de sus retoños: el pasado jueves, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que había reforzado la seguridad en Mariscal Zavala y realizado una requisa, luego de recibir una alerta “sobre el posible intento de fuga” de los Martinelli Linares, por parte de unidades de inteligencia de Estados Unidos. En la base militar encontraron celulares, cargadores, antenas, armas punzocortanes, cervezas, botellas de licor… También a 9 menores de edad, que no tenían ninguna razón para estar ahí. Por estos hechos, el director de la cárcel fue denunciado.
La estancia de los hermanos en Mariscal Zavala ha sido bastante colorida. El sitio digital Relato publicó una nota en febrero pasado, bajo el sugerente título “De sexo, licor y privilegios, así es la vida de los Martinelli en la cárcel de Guatemala”, que deja poco margen a interpretaciones. En el penal, ambos estarían bajo la protección de Gustavo Alejos, secretario privado en la presidencia de Álvaro Colom. (La semana pasada, Alejos y Colom fueron incluidos en la Lista Engel sobre personajes ligados a actos de corrupción, del Departamento de Estado estadounidense).
“Por ser extranjeros, no tienen enemigos políticos o de las estructuras criminales del país, por lo que su estadía en una prisión de acá no significa tanto riesgo y podrían sentirse seguros. El segundo aspecto importante es la vulnerabilidad del sistema penitenciario nacional, donde es común encontrar guardias mal pagados que acepten un soborno a cambio de dejar entrar determinada comida, teléfonos celulares o cualquier cosa que les haga su estadía en prisión menos apremiante”, dijo Rony Ríos, periodista del diario El Periódico de Guatemala.
La cadena de reclamos
El año que han pasado presos ha sido por los recursos interpuestos para impedir la extradición. El caso de Ricardo Alberto se dirime en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales, y el de Luis Enrique (que parece ir a un ritmo más rápido), en el Tribunal Quinto.
Denis Cuesy es el abogado y la estrategia para cada uno ha sido similar: recusar a los jueces con el argumento de que no tienen competencia para dirimir sus asuntos legales, dada su presunta condición de diputados suplentes del Parlacen.
La Corte de Apelaciones rechazó las recusaciones, en más de una ocasión. También ha negado las diferentes apelaciones y amparos presentados en cadena por Cuesy, aunque hay todavía recursos por resolver: en junio, Luis Enrique presentó tres apelaciones más contra decisiones adoptadas por el Tribunal Quinto, que el 25 de mayo ordenó tramitar la entrega a Estados Unidos. Poco antes se le había negado una solicitud de traslado a un hospital, donde pretendía permanecer alegando problemas cardíacos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala indicó que su estado de salud era estable y no ameritaba estar internado en una clínica.
¿De qué se les acusa?
A diferencia de su hermano, Luis Enrique ya fue a una audiencia para conocer formalmente las razones por las que es reclamado en Estados Unidos. La cita fue el 5 de marzo pasado, aunque un mes antes, la Corte del Distrito Este de Nueva York divulgó la acusación, que hasta entonces se mantenía sellada. Fue así que se conoció que los hijos del expresidente son acusados de tres cargos: uno, por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos, por ocultar información sobre blanqueo de capitales. El indictment se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, lo que coincide con todo el mandato presidencial de su padre.
Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de dinero.
Solo por el delito de conspiración para blanquear, la pena sería de hasta 20 años de prisión. Por el delito de ocultar información, la pena máxima también es de 20 años de cárcel. El indictment advierte que los bienes ligados a los cargos (cuentas bancarias, inmuebles) serán confiscados si eventualmente los dos acusados son condenados. No se menciona nada respecto al avión con matrícula N799RM, pero éste ya fue cautelado en una pista en La Aurora, por solicitud del Departamento de Comercio de Estados Unidos, por presuntas violaciones a la exportación (export violations).
Aunque el FBI sostiene que los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos de $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”, estos señalamientos no están en el indictment divulgado ahora. Se desconoce por qué razón, aunque la Corte en Nueva York maneja documentos preparados por el agente del FBI Michael Lewandowski, en los que éste cuenta que se reunió “en persona, en varias ocasiones” con los hermanos Martinelli, como parte de su investigación. No se han divulgado los documentos con los detalles de esas reuniones y dónde y cuándo se llevaron a cabo.
¿Cuándo se van?
Es difícil conocer cuándo será la extradición, aunque la entrega parece inminente, dado que Guatemala usualmente acepta las solicitudes de Estados Unidos.
“Yo no conozco algún caso donde se negara” la entrega, dijo Ríos, de El Periódico.
Incluso lo ha hecho cuando los requeridos han sido personajes importantes, como lo fue el expresidente guatemalteco Alonso Portillo, extraditado en 2013.
La entrega de la exvicepresidenta Roxana Baldetti también fue autorizada, pero se ejecutará una vez complete las condenas dictadas en su contra por tribunales guatemaltecos.
