Procurador Rigoberto González rebate las reformas al régimen municipal

Por considerar que no es recomendable, el procurador de la Administración, Rigoberto González, objetó el proyecto de ley 650, que pretende modificar el régimen municipal para eximir de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas a los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales.

Dicha iniciativa de ley fue presentada en julio de 2021 por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Javier Sucre, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate y aguarda segundo debate en el pleno legislativo desde octubre del año pasado.

Sucre alega que lo que se pretende es incorporar al régimen municipal procedimientos más expeditos para las contrataciones menores de los gobiernos locales; ello, frente a las emergencias surgidas en el país por desastres naturales y la pandemia de la Covid-19.

El procurador, sin embargo, concluyó que otorgarle esa discrecionalidad a los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales reñiría con la intención de homologar los procesos de contrataciones públicas.

De acuerdo con su criterio, si lo que se busca con el citado proyecto es agilizar las compras menores en los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales lo que se debe es promover la introducción de estos mecanismos dentro de la Ley de Contrataciones Públicas, con lo que se aseguraría el cumplimiento de los principios éticos vinculados con el sistema de compras.

Procurador objeta proyecto de ley 650

No es recomendable que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley 650, que al reformar el capítulo VII de la Ley 106 de 1973 (del régimen municipal) establecería un nuevo procedimiento en los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales para las contrataciones menores y, por ende, los eximiría de cumplir las disposiciones estipuladas en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.

Así lo concluyó el procurador de la Administración, Rigoberto González, al responder una consulta que le hizo el diputado Javier Sucre (PRD), presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional y proponente del proyecto de ley.

Según el procurador, esta iniciativa exime a municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales –por ejemplo– de la obligación que tienen todas las instituciones del Estado de usar la plataforma de cotización en línea (Panamá Compra) para los procedimientos de contrataciones menores, establecidos en la Ley 22 de 2006 .

Para González, otorgarle a los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales dicha discrecionalidad reñiría con la intención de homologar los procesos de contrataciones públicas.

A su juicio, si lo que se busca con el citado proyecto es agilizar las compras menores en los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales, lo que se debe es promover la introducción de estos mecanismos dentro de la Ley de Contrataciones Públicas, con lo que se aseguraría el cumplimiento de los principios éticos vinculados con el sistema de compras.

La justificación

El proyecto de ley 650, que fue presentado por el diputado Sucre en julio de 2021, alega en la exposición de motivos que es necesario establecer procesos más expeditos para las contrataciones de los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales hasta por $50 mil, frente a las situaciones planteadas por la epidemia de la Covid-19 y los desastres climáticos que, dijo, generan la necesidad de adquirir medicamentos, alimentos y diversas asistencias sociales.

Según la exposición de motivos, frente a estas situaciones, se requiere el establecimiento de procedimientos expeditos, que formen parte de la legislación inherente al régimen municipal y no de los requisitos establecidos en la Ley 22 de 2006.

El proyecto fue prohijado por la comisión el 10 de agosto de 2021; aprobado en primer debate el 21 de septiembre del mismo año, y remitido al pleno legislativo para segundo debate (aún pendiente) el 5 de octubre.