Mientras la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, espera que sea sancionado el proyecto de Ley 756 –que le permitiría postularse por tercera vez consecutiva para el cargo que ocupa– la Procuraduría de la Administración ha decidido iniciar una investigación en esa casa de estudios, tras recibir una denuncia por el doble salario que reciben varios de sus docentes.
El pasado 23 de febrero, mediante la resolución No. PA/DS-086-2022, la Procuraduría de la Administración resolvió acoger una denuncia administrativa que presentó el profesor Cristian Nieto Guerra, quien, en representación del Frente en Defensa de los Derechos Universitarios (Feddu), solicitó a la Procuraduría “que investigue el posible cobro de doble salario de docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que ocupan los cargos de gobernador de Chiriquí y director general de Descentralización, como también posibles casos de nepotismo [sic ], y que solicite a la Contraloría que actúe y ejerza funciones”.
Nieto Guerra, en su denuncia, señala que también ha notado el descontento estudiantil, ya que el contralor, Gerardo Solís, no ha iniciado ningún tipo de auditoría referente a situaciones expuestas por los medios de comunicación social, “lo que causa perjuicio al patrimonio estatal, ya que son grandes sumas de dinero las que se indican en los medios de comunicación, que estos funcionarios están cobrado”.
La Procuraduría de la Administración, en respuesta, sostiene que “[...] de los hechos descritos por el denunciante, se advierte que se puede estar frente al posible incumplimiento del ordenamiento administrativo institucional, especialmente contenido en los artículos 50 y 51 (numerales 1 y 6) de la Ley N°14 de 16 de enero del 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, creada por la Ley 26 de 1994, los artículos 232 y siguientes del Estatuto Universitario de la Unachi, así como la posible infracción de las normas que rigen las actuaciones administrativas de las entidades públicas contenidas en la Ley N°38 de 31 de julio de 2000, ‘que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta otras Disposiciones Especiales’ concordante al Código de la Ética de los Servidores Públicos referente a la probidad, justicia, responsabilidad e igualdad”.
En consecuencia, la Procuraduría de la Administración inició una investigación de dos meses, tal y como lo informó el procurador, Rigoberto González, en carta enviada al denunciante.
Hasta ahora, la Contraloría permanece en silencio, tras insistentes llamadas y mensajes de La Prensa.
Antecedentes
La Prensa ha investigado y publicado casos de nepotismo dentro de la universidad: numerosos familiares de altos cargos de la Unachi están nombrados en dicho centro de estudios.
Un caso que ha llamado la atención, además de la gran cantidad de docentes que también aparecen en la planilla del Ministerio de Educación, es el del gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz.
Muñoz fue elegido decano de la Facultad de Derecho de la Unachi en abril de 2019, pero el presidente, Laurentino Cortizo, tras su ascenso al poder en julio de 2019, lo nombró gobernador. En consecuencia, Muñoz nunca se desempeñó como decano de la mencionada facultad, aunque siguió cobrando $4,748 como profesor regular titular de tiempo completo, al mismo tiempo que se desempeña como gobernador –un trabajo de tiempo completo también– con ingresos de $4,000 mensuales.
A su vez, el político Francisco Vigil percibe, simultáneamente, un salario mensual de $4,000 como director de la Autoridad Nacional de Descentralización, y de 4,748 como profesor regular titular de tiempo completo en la Unachi.
Vigil dijo que imparte clases sábados y domingos (días en los que los candidatos a maestrías y doctorados reciben clases). Sin embargo, el estatuto de la Unachi, en su artículo 232, numerales 2 y 3, señala que “los profesores e investigadores de tiempo completo dedicarán cuarenta (40) horas semanales a las labores universitarias, distribuidas en cinco (5) días de lunes a sábado, preferiblemente en doble jornada”.
Y Vigil asegura tener tiempo en su agenda para dedicarle todas esas horas a sus tareas como docente.
Manifestaciones
Ayer continuaron las manifestaciones en David, Chiriquí. Estudiantes de la Unachi, que se oponen a la sanción del proyecto de Ley 756, también rechazan el inicio de clases virtuales en ese centro de estudios.
Según informes a los que tuvo acceso La Prensa antes de las publicaciones, las clases universitarias volverían de manera presencial y semipresencial, pero, repentinamente, la Vicerrectoría Académica resolvió mantener las clases virtuales.
Unidades antimotines presenciaron los enfrentamientos entre los estudiantes que protestaban y los administrativos que se manifestaban en contra y a favor –respectivamente– de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
Tras estos hechos, la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi) envió una carta a la rectora Medianero de Bonagas para que se dicten clases presenciales a partir del 21 de marzo de 2022. La nota califica de “irresposables” los argumentos de la administración para mantener las clases virtuales en la Unachi.
