La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Javier Caraballo, tramita la denuncia contra el contralor general de la República, Gerardo Solís.
La denuncia fue presentada el 21 de enero por el abogado Abdiel González en medio del escándalo por el derroche de fondos públicos a través de la figura de gastos de movilización, partida que manejan alcaldías y juntas comunales del país.
En la acción legal se afirma que el contralor omitió sus funciones de fiscalización y retardó “ilegalmente, actos propios de su cargo”.
Fuentes del Ministerio Público informaron que Caraballo designó en este caso a la fiscal adjunta Joelys Ríos.
El abogado denunciante señala que Solís presuntamente incurrió en la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos.
Destaca que entre las funciones de un contralor está la de “fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos”, a fin de que se hagan con corrección.
El pasado 25 de enero, cuatro días después de la denuncia en su contra, Solís, quien lleva dos años en el cargo, anunció que desde el 20 de enero, día en que se reunió con concejales y alcaldes para abordar el tema de los gastos de movilización, había ordenado suspender el pago de estos gastos. Aquel día dijo que revisaría los emolumentos de las autoridades locales, como gastos de representación y de movilización, dietas y demás.
González, el denunciante, dice que en realidad no se sabe cuál había sido el papel de la Contraloría en la fiscalización de estos fondos desde el año 2020 a la fecha. Agrega que lo que procede ahora es que Caraballo pida a la Corte Suprema de Justicia que suspenda al contralor de su cargo.
Además, dice que el procurador de la Administración, Rigoberto González, ante quien también denunció a Solís, debe pedir un informe de conducta al contralor. El procurador González, de hecho, ya llevaba una investigación sobre este tema y no ha logrado que el contralor atienda sus preguntas.
El 13 de enero, Abdiel González también denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, y a los ocho ediles del distrito, por el presunto delito de peculado en el uso de los dineros para gastos de movilización consignados en los presupuestos de los años 2020, 2021 y 2022.
Los ocho ediles son Gustavo Flores, Isaac Figueroa, Elba Echeona Coco, José Concepción Ibarra, Ronald González, Luz Denia Oliver, Antonio Atencio y Elsa Tuñón.
En el Ministerio Publico informaron que se están enviando solicitudes de información al Tribunal Electoral, para verificar si el alcalde y los concejales tienen fuero penal electoral.
