El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), a cargo de José Vicente Pachar, será el encargado de gestionar las pruebas de antígeno ante el Instituto Conmemorativo Gorgas de las 32 personas que fueron inoculadas con supuestas vacunas contra la Covid-19 en dos jornadas clandestinas.
El Imelcf está a la espera de que se le remita la documentación oficial para iniciar este proceso. Esta prueba busca establecer si estas personas recibieron una dosis de la vacuna de Pfizer u otra sustancia.
El pasado lunes, en conferencia de prensa, el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, se refirió al tema. “El Ministerio Público ya hizo contacto a través del Imelcf con el Instituto Gorgas, y le estamos pidiendo a los vacunados que se practiquen un examen con el Gorgas, para de manera científica determinar si fueron vacunados contra la Covid-19 o con alguna otra sustancia. Esto nos va a permitir determinar si estamos ante otras teorías del caso, si estamos ante un delito de peculado o ante un delito contra la salud pública”, explicó.
Complejo pasado
Y mientras medicina forense entra en escena, empiezan a surgir retazos del pasado de Matías Pérez Escudero, a quien se le imputaron cargos por estafa, falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión, y quien es el único detenido por el caso. Pérez Escudero ya fue procesado penalmente en el año 2014 por una estafa en perjuicio de la bloguera María Patricia Piky Zubieta.
Zubieta relató a este medio que en 2014 Pérez Escudero se le acercó proponiéndole la venta de un contenedor de ropa para caballeros de tallas grandes para el negocio que ella tenía en calle 74 San Francisco, y que por esta mercancía le hizo un adelanto de casi $ 6 mil. Sin embargo, nunca le entregó la ropa.
Contó que contactó a Pérez Escudero para reclamarle el dinero y advertirle que si no le devolvía el dinero, lo denunciaría penalmente. Entonces él la amenazó, por lo que ella solicitó una boleta de protección. Por este caso, Pérez Escudero fue investigado, detenido, condenado, y finalmente quedó en libertad.
Zubieta también contó de que en medio del proceso, Pérez Escudero dijo que “su socio”, “el licenciado Vallarino”, lo sacaría de la cárcel.
DATOS DE INTERÉS
Por ahora, no se investiga al Minsa ni se ha llamado a declarar a la ministra consejera Eyra Ruiz. La única que ha ido a declarar es Itzel de Hewitt, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización. Tampoco se ha establecido vínculo entre el caso y las sociedades Laboratorios Clínicos Especializados Vidatec, S.A. y Cordón de Vida.
En una entrevista en el programa Cuarto Poder, de Telemetro, Zubieta profundizo sobre este nexo: “me puse a investigar quién era el licenciado Vallarino y ellos mencionaron el nombre (...) y nosotros caímos en cuenta que es el ‘roba Rolex”.
Con ese apodo se le conoce al abogado Alfredo Vallarino, quien es abogado de un grupo de personas que se habrían vacunado de manera clandestina.
Vallarino se desligó del asunto ayer en Twitter. “Absolutamente falso. No he sido, ni socio, ni abogado, ni he tenido absolutamente ningún tipo de vínculo ni comercial ni profesional con ningún Matías. Quienes han expresado eso y 1000% seguro sin capacidad de sustentar semejante mentira dolosa serán inmediatamente querellados”, tuiteó.
ABSOLUTAMENTE FALSO
— Alfredo Vallarino A. (@vallarinopanama) June 15, 2021
No he sido, ni socio, ni abogado, ni he tenido absolutamente ningún tipo de vínculo ni comercial ni profesional con ningún MATIAS.
Quienes han expresado eso y 1000% seguro sin capacidad de sustentar semejante mentira dolosa serán INMEDIATAMENTE querellados.
Pérez Escudero solicitó tanto al Ministerio Público como al juez de garantías que acogió la imputación de cargos que lo enviaran a la cárcel El Renacer por motivos de seguridad, pero hasta ahora se desconoce a qué centro penitenciario fue enviado. Este medio solicitó esa información a la Dirección de Sistema Penitenciario, pero no hubo respuesta.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado cargos contra Denisse Vega, dueña del edificio donde se realizó la vacunación clandestina en Coco del Mar, el lunes 7 de junio. Tampoco contra Celine Gazal de Esses, que también tramitó otra jornada de vacunación a espaldas de las autoridades de salud en un edificio en Punta Pacífica el 1 de junio.
Ambas han colaborado con la investigación que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción, pero esto no las exime de una eventual responsabilidad penal, según han explicado en el Ministerio Público. Su estatus en el proceso es de indiciadas.
En la conferencia de prensa, Caraballo dijo que los números de lotes de las presuntas vacunas Pfizer impresos en las tarjetas de vacunación que recibieron los asistentes de las jornadas no coinciden con los de los lotes recibidos por el Ministerio de Salud (Minsa).
