Pese a que el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos González, defendió el millonario alquiler de vehículos que gestiona el Ministerio de la Presidencia, argumentando que el Gobierno ahorrará más y que los carros, incluso, se han usado en el plan de trazabilidad contra el coronavirus, resurge el debate sobre el uso que se le da a estos bienes y la manera cómo se asignan.
Solo el pasado 15 de agosto, día de cuarentena total, un carro estatal fue detectado transportando personal a la vivienda de Pedro Ortiz, en Dorado Lakes, donde se realizaba una fiesta. En ese momento, Ortiz era asesor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. El Ministerio Público le abrió una investigación por posible peculado de uso, mientras que la Contraloría retuvo el vehículo y le impuso una sanción.
Casos como ese se repiten una y otra vez en la administración pública y por estos días vuelven al escenario a raíz de que la Presidencia pretende gastar $10.3 millones en el alquiler de 251 carros que usarán funcionarios de esa cartera, en momentos de crisis económica por la pandemia.
“Que usen sus propios vehículos como hacemos varios”, escribió ayer en Twitter el diputado independiente Edison Broce, tras advertir que “no se justifica que hayan vehículos para tantos funcionarios, incluyendo directores, secretarios”.
Mientras, el exdirector de la Dirección de Carrera Administrativa David Montenegro recordó que el mal uso de los bienes del Estado no solo es una falta administrativa, que en muchos casos llega hasta la destitución del puesto, sino que también es un deber de los funcionarios usar prudentemente los bienes públicos, más en estos tiempos de crisis. “Es momento de que el Gobierno se amarre los pantalones y ponga el ejemplo. Debe cumplir con el supuesto plan de austeridad para salir de esta grave crisis de salud y económica”, manifestó.
Actualmente, no hay una norma que diga cómo se deben asignar estos bienes. En la práctica, cada jefe de entidad tiene la potestad de asignarlos a discreción y por lo general quedan en manos de las personas de confianza del funcionario de más rango.
El manual para la administración y control de los bienes patrimoniales de la Contraloría General de la República dice que cada institución tiene la “responsabilidad” de definir las disposiciones particulares sobre el uso y manejo de los bienes patrimoniales en su reglamento interno.
También establece que está prohibido “disponer y hacer uso para beneficio personal o favorecer a particulares de los bienes con que la misma cuenta”.
Sin embargo, esta disposición no se tiene en cuenta todas las veces.
