El secuestro de acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares representa “un cepo al libre ejercicio del periodismo”, consideró Diego Quijano Durán, presidente de esta casa editorial dueña de La Prensa y Mi Diario.
Quijano anunció ayer que los abogados de la corporación presentaron una fianza por $1.13 millones y una petición para que se levante el secuestro ante el Juzgado Decimoquinto Civil, que el 22 de junio ordenó la acción como parte de la demanda por $5 millones que presentó Pérez Balladares contra Corprensa hace ocho años, por presuntos daños y perjuicios.
“No tenemos garantizado el resultado, pero confiamos en que el derecho prevalecerá, ya que la ley está de nuestro lado”, dijo Quijano, quien explicó que la fianza era “el único recurso que teníamos a nuestra disposición”.
El pasado sábado, Corprensa conoció del secuestro de todas sus cuentas bancarias por $1,130,000, así como las acciones de una subsidiaria dueña del terreno y el edificio donde se ubican las salas de redacción y la rotativa de La Prensa y Mi Diario. La acción detuvo en el acto la capacidad de la corporación para recibir y girar pagos.
“¿De qué manera puede el periódico continuar publicando si sus colaboradores no reciben un salario? ¿Qué medio de comunicación en estos momentos puede funcionar con el congelamiento de más de un millón de dólares en sus cuentas bancarias? La razón por la que los lectores de La Prensa y Mi Diario han continuado recibiendo información durante estos días ha sido gracias al compromiso y lealtad que los 240 asociados de esta empresa tienen a su misión”, dijo Quijano.
Desde julio de 2012 hasta octubre de 2019 –es decir, durante más de siete años–, el expediente estuvo inactivo en manos del juzgado, “virtualmente dormido”, a la espera de la admisión de pruebas y contrapruebas. El caso se encuentra aún en primera instancia, esperando que el juzgado fije una fecha para la práctica de pruebas.
“Preguntémonos por qué el caso se activa siete años después de estar cogiendo polvo en los anaqueles del juzgado tan solo unos meses después del cambio de gobierno. Preguntémonos por qué unos días antes de conocer de este secuestro, otro expresidente amenaza y advierte a este diario que él u otros pudieran estar presentando medidas como el secuestro administrativo”, señaló.
Quijano advirtió que la medida cautelar constituye un precedente contra todos los que se atrevan a criticar a quienes detenten el poder político, a indagar los posibles actos de corrupción y los actos irregulares o violaciones de derechos humanos. “Con tan solo presentar una demanda por difamación, sin haberse dictado una sentencia, todos sus bienes pueden ser secuestrados”, remarcó.
“El objetivo de esto es amenazar, intimidar, callar, censurar, amordazar a la ciudadanía. Hoy es La Prensa secuestrada, mañana es un activista ambiental, un periodista independiente, un ciudadano que escribió una columna de opinión”, dijo, y destacó que en el último reporte sobre Panamá, en marzo de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que “la legislación [local] permite que el reclamante pueda intentar el congelamiento de activos, lo que podría paralizar la operación continua e ininterrumpida de los medios.”
Corprensa enfrenta en estos momentos 12 demandas civiles y 22 querellas penales por las que, entre todas, los demandantes reclaman $84 millones. Todas las acciones son presentadas por expresidentes, exfuncionarios, excontratistas del Estado o figuras públicas, bajo el escrutinio de la población.
“¿Qué imagina la ciudadanía si de algunas de estas o en todas los reclamantes presentaran medidas cautelares de secuestro? Lo que estamos atravesando es un hostigamiento y un acoso judicial sin precedentes producto de un sistema judicial permisivo, que no tutela debidamente los derechos de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información”, enfatizó Quijano.
El presidente de Corprensa reconoció que el periodismo es imperfecto: “como cualquier actividad humana, cometemos errores”, pero desde su fundación –hace 40 años– “este periódico ha tenido como norte un periodismo crítico responsable, que publica sus erratas, independiente, que se basa en hechos comprobables y que no se deja intimidar por políticos ni poderes económicos”.
