Ciudadanos de diferentes sectores del país rechazan la posible sanción por parte del presidente Laurentino Nito Cortizo a los proyectos de ley que crean nuevos corregimientos.
El descontento se da, luego de que los diputados aprobaran la semana pasada dos proyectos de ley sobre esta materia, uno que crea 10 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, feudo político del diputado perredista Benicio Robinson; y otro que establece seis nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé, impulsado por el diputado de Cambio Democrático Leopoldo Archibold.
Los ciudadanos descontentos consideran que antes de avalar estas nuevas divisiones territoriales, el Gobierno debe mejorar la descentralización y la distribución de los recursos. De no ser así, estas nuevas áreas estarían condenadas a la pobreza y marginación que padecen la mayoría de los 679 corregimientos que existen en Panamá, según afirman.
Políticas públicas
Por ejemplo, el excontralor José Chen Barría opinó que la creación de nuevos corregimientos engrosaría la planilla estatal, pues una junta comunal tiene, al menos, 15 personas: representante, suplente, corregidor, presidente de junta comunal, chofer, secretaria y personal de apoyo, entre otros.
Planteó que 10 nuevos corregimientos costarían al Estado cerca de $1.3 millones anuales. “Se entiende que la población haya crecido, pero [en los últimos años] se han creado más de 185 nuevos, que además forman forma parte de una estrategia política que permite tener acceso al dinero de la descentralización y fortalece la estructura política de algunas personas a través de los nombramientos en la juntas comunales”, dijo.
Otra opinión similar es la de Richard Morales, economista y especialista en políticas públicas, quien manifestó que el presidente Cortizo debe vetar los proyectos de ley que crean estos nuevos corregimientos.
A su juicio, las juntas comunales no tienen ninguna prerrogativa sobre los bienes y servicios públicos que requieren las comunidades. Por eso, dijo que antes de crear nuevos corregimientos debe darse la descentralización de los servicios públicos, la educación, salud, agua, seguridad. “Si los gobiernos locales no tienen poder sobre los servicios públicos fundamentales, con control ciudadano sobre el uso de los recursos, crear nuevas subdivisiones administrativas es inútil y solo sirve como estrategia para apoderarse de los fondos de la descentralización, extendiendo las redes clientelares de poder en el territorio”, indicó.
Quien también cree que se debe vetar los proyectos de Robinson y Archibold, así como cualquier otro que la Asamblea apruebe en este sentido, es Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, quien señaló que en el país hay una desigualdad territorial y se desconoce si la creación de estos de corregimientos va a solucionar este problema que golpea a las comunidades. “Es imprescindible que el Presidente revise cuidadosamente si existe un estudio que respalde y justifique estos proyectos de ley; de lo contrario, es su responsabilidad vetar la ley y cumplir con su compromiso de salvaguardar los mejores intereses de la nación”, dijo.
Para Ricardo Lombana, excandidato presidencial y líder del partido en formación Otro Camino, hay muchas razones por las que se deben vetar las iniciativas. Por ejemplo, porque Cortizo debe demostrar al país que el Presidente es él y no Robinson y porque no hay nada que indique que creando corregimientos se saque a la gente de la pobreza.
Enfatizó que sería un aumento de gasto público sin ningún retorno social o de desarrollo para la población. “No sólo hay muchas razones para vetarlo, sino que no he escuchado ninguna razón por la que se necesite”, dijo.
Mientras, el abogado Ernesto Cedeño consideró que no son convenientes en este momento, debido a la erogación que ello implica en tiempos de pandemia. “Pareciera que son ideas para favorecer a políticos en su sed de perpetuarse en algunos puestos”, acotó.
Protestas
Las quejas también vienen de ciudadanos que forman parte de algunas áreas que se quieren segregar para convertirse en corregimientos. Es el caso de los residentes de Cauchero, Bocas del Toro, quienes han protestado ya en dos ocasiones y pedido al presidente Cortizo no sancionar los proyectos de ley, pues se oponen a la iniciativa de Robinson. Precisamente, ayer la Presidencia de la República envió al área una comisión para que dialogue con los moradores.
Desde la Asamblea, el apoyo a estos proyecto es rotundo. Ayer, el diputado perredista Leandro Ávila se limitó a decir que durante la discusión de los proyectos pidió que se le preguntara a los ciudadanos de Panamá Oeste si a raíz de que esta se convirtió en provincia su vida cambió con mejor transporte, educación, salud. “Usted puede partir el país políticamente en dos mil corregimientos, pero si no hay soluciones básicas, no hemos hecho nada (...) hay cosas que hay que revisar y tienen que ver con temas de políticas públicas”, planteó.
La decisión de vetar o sancionar los proyectos está ahora en manos del Ejecutivo.
