La pugna entre el contralor Gerardo Solís y el procurador de la Administración, Rigoberto González, en medio de una investigación administrativa sobre la fiscalización de los fondos de movilización y otros beneficios que ostentan alcaldes y representantes de corregimiento del país, tiene un nuevo capítulo.
El contralor envió una desafiante nota al procurador de la Administración, en la que le dice: “resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre yo a usted, información respecto de normas del ordenamiento jurídico, cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas. Por lo que más bien pareciera que usted debe investigar por qué no tiene en la Procuraduría esa información, como es su obligación legal”.
González le solicitó a Solís que le proporcionara los números de los acuerdos municipales que la Contraloría ha revisado para constatar que los gastos de movilización han sido fijados conforme a lo que dispone la ley de descentralización. Además, le consultó sobre “si ha podido constatar” si, en efecto, los montos a los que se refiere una denuncia del abogado Ernesto Cedeño, han sido fijados mediante la Ley 66 de 2015 (sobre la descentralización de la gestión pública), que reformó la Ley 37 de 2009 y sus modificaciones, y los respectivos acuerdos municipales.
Pero, en la carta, Solís también manifestó que cuando se trata de gastos de movilización de las alcaldías y juntas comunales, a la Contraloría solo le corresponde aplicar el control previo sobre la ejecución presupuestaria asignada a los municipios y juntas comunales, como lo establece el artículo 51 de la Ley 66 de 2015. Añadió que a su entidad le corresponde “exclusivamente” revisar que los gastos en que incurran las autoridades locales “sean los que se encuentran contemplados en el presupuesto”.
Todo empezó así
La Procuraduría de la Administración inició la investigación a raíz de una denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño, en la que pide examinar la conducta de los funcionarios de la Contraloría y de los gobiernos locales, en torno al manejo de estos fondos.
Mientras, en el Ministerio Público ya hay una denuncia por posible peculado en el Municipio de Arraiján.
Según datos de la propia Contraloría, la partida de movilización para los alcaldes y representantes del país cuesta $1 millón 26 mil al mes ó $12.3 millones al año. Algunos alcaldes ganan más que el presidente de la República y que los magistrados de la Corte. El de Panamá, José Luis Fábrega, por ejemplo, gana $10 mil 250 al mes. En gastos de movilización recibe $5 mil, al igual que los 26 concejales del distrito capital.
No obstante, el proceso ha estado envuelto en una especie de vaivén jurídico: en diciembre pasado, el procurador envió la denuncia a la Corte Suprema de Justicia, a raíz de que el contralor Solís alegó que González no tiene competencia para investigarlo. Sacó a relucir la nueva Ley 258 de 26 de noviembre de 2021, que le da a la Corte la potestad de investigar las faltas administrativas de altos funcionarios, entre ellos, el contralor. Incluso, Solís le dijo a González que si insistía en la investigación, incurriría en “un acto justiciable”.
Pero, el pasado 4 de enero, la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, devolvió a González la denuncia presentada por Cedeño. López argumentó que los artículos 86 y 87 del Código Judicial, sobre las atribuciones de los magistrados de la Corte, no establecen que tienen que investigar la conducta oficial de los funcionarios. Por esta razón, González reasumió la pesquisa.
El pasado martes, en medio del escándalo por los altos ingresos que recibe un grupo de alcaldes y representantes de corregimiento, el contralor anunció que había ordenado una revisión de los salarios, gastos de movilización y de representación, y dietas de estas autoridades. Sin embargo, advirtió que las decisiones político administrativas adoptadas por cada Concejo con relación a su presupuesto, son responsabilidad exclusiva de los alcaldes y representantes de corregimiento.
Codo a codo con los protagonistas del escándalo
Pero ayer mismo, el propio Solís, quien ha dicho que dentro de su función de fiscalización se incluye una “cultura de la corrección”, informó que sostuvo una reunión con los protagonistas del escándalo en la sede de la Contraloría.
A través de un comunicado, que adjunta fotografías del encuentro, la Contraloría informó que participaron en la reunión el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, Rolando Alex Lee; el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Eliécer Cortez; el presidente del Concejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya; el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, y el director nacional de la Autoridad de Descentralización, Francisco Vigil.
Según la nota, Solís le habría requerido a estos funcionarios el sustento constitucional y legal de cada uno de sus acuerdos, la justificación e información documental que sustente el uso de estos recursos.
