La Red Ciudadana Urbana de Panamá reclamó, tanto a la Alcaldía de Panamá como al Consejo Municipal de Panamá, los dos espacios que le corresponden a las organizaciones comunitarias en la junta de planificación municipal.
La junta de planificación es una instancia de carácter consultivo y de participación ciudadana que fiscaliza los planes de ordenamiento territorial y los cambios de zonificación en el distrito de Panamá.
En ese contexto, el pasado 31 de agosto la Red Ciudadana envío una nota al presidente del Consejo Municipal de Panamá –con copia al alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega– en la que le manifiesta su oposición a las designaciones de representantes de organizaciones comunitarias en la junta de planificación para el período 2020-2024, que aparecen en la Resolución 36A del 4 de agosto de 2020.
En dicha resolución se designa a Juan Porcell y Carlos Fernández, como principales, y a Rodrigo Candanedo y Juan Yinh, respectivamente, como sus suplentes.
El cuestionamiento de la Red Ciudadana radica en que Fernández y Yinh no representan a organizaciones comunitarias. Según la organización ciudadana, Fernández representa a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y Yinh, a la Alianza Intergremial, que conforman varias organizaciones vinculadas a la industria de la construcción.
“Así, las entidades postulantes de Fernández y Yinh no son organizaciones comunitarias de la sociedad civil, tal como lo exige la Ley 14 de 2015, sino que son gremios empresariales”, dice la nota la Red Ciudadana.
La normativa y lucha
En su escrito, la organización que aglutina a representantes de varias comunidades le recuerda a los asesores legales del Municipio y a los del Consejo Municipal que la designación para ocupar uno de los dos espacios que corresponden a las organizaciones comunitarias en la junta de planificación es “violatoria” del artículo 1 de la Ley 14 de abril de 2015.
El citado artículo indica que en la junta de planificación habrá “dos representantes de la sociedad civil designados por el pleno del Consejo Municipal con base a ternas presentadas por las organizaciones comunitarias”.
Otro aspecto que recuerdan tanto a Fábrega como al presidente del Concejo, Senén Mosquera, los miembros de la Red Ciudadana es que estos espacios representativos fueron ganados por las redes y organizaciones comunitarias ante el pleno de la Asamblea Nacional, cuando se discutió y aprobó la Ley 14, en el año 2015.
Incluso, señalan que esa disposición legal asegura la representación y afirmación de la voluntad de los residentes de las comunidades cada vez que la junta de planificación convoque consultas ciudadanas y decida sobre proyectos de construcción.
Una de las luchas de comunidades como San Francisco y Bella Vista en los últimos años ha sido los cambios de zonificación que consideran muchas veces “inconsultos”, y proyectos de construcción que no cumplen las normas urbanas.
Para la Red Ciudadana, el que personas ligadas al sector empresarial y la construcción sean los voceros de las comunidades en la junta de planificación se convierte en un claro conflicto de intereses, ya que no pueden ser juez y parte.
“La Red Ciudadana Urbana de Panamá exige que el Consejo Municipal y la Alcaldía de Panamá rectifiquen dicha situación mediante la designación de representantes en base solamente a ternas presentadas por organizaciones comunitarias”, concluye el escrito.
La aprobación
Este tema fue discutido y aprobado la semana pasada en el Consejo Municipal. Aquella vez solamente el representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez, cuestionó y se opuso a la resolución, ya que consideraba que debía ser un tema abordado a mayor profundidad por ese gobierno local.
“Ojalá estas ternas hubiesen sido llevadas a la comisión de vivienda del Consejo Municipal para ser analizadas y luego tratarlas en el pleno por los representantes de corregimiento, porque los gremios de la construcción no son una comunidad”, subrayó Domínguez.
El edil solicitó que no se juramente a los nuevos miembros de la junta de planificación, hasta tanto se corrija esta anomalía, tomando en cuenta que pronto se va a discutir el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Panamá.
“Dejo mi inquietud. Espero que se recapacite para no incumplir con ninguna ley”, puntualizó Domínguez.
Tomás Engler, vicepresidente de la Red Ciudadana, dijo que no se cuestiona el profesionalismo de las dos personas designadas, pero sí están en contra del carácter de las organizaciones que ambos representan.
“Esperamos que las autoridades locales escuchen a las comunidades”, acotó.
Juan Porcell, representante de la Red Ciudadana en la junta de planificación, sostuvo que estos dos espacios alcanzados por las organizaciones comunitarias fueron producto de una lucha en la Asamblea, durante el año 2015.
“Estos son espacios ganados por las comunidades desde hace varios años”, resaltó el arquitecto.
Otra misiva
La Asociación de Derecho Ambiental, que preside Donaldo Sousa, envió una nota a la Alcaldía y al Consejo Municipal para que se anule el nombramiento de Fernández y Yinh, alegando que representan al sector empresarial y no a organizaciones comunitarias.
Sousa advirtió a ambos gobiernos locales que si no cumplen con la Constitución y la Ley 14 de 2015 se verán obligados a interponer recursos en la Corte Suprema de Justicia contra estas dos designaciones.
Se trató de obtener la posición del presidente del Consejo Municipal, Senén Mosquera, pero no atendió las llamadas de este medio.
La junta de planificación está integrada por representantes de la sociedad civil, la Alcaldía de Panamá, el Consejo Municipal, entre otras organizaciones.
La junta tiene como responsabilidad procurar el ordenamiento territorial del distrito tomando en cuenta no solo los intereses de los promotores de nuevas construcciones, sino también el derecho a espacios públicos de los ciudadanos, la necesidad de áreas verdes y las densidades permitidas por área, entre otros temas.
