A pesar de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió al contralor, Gerardo Solís, sobre posibles irregularidades en la contratación de la sociedad SmartBrix Centroamérica por $6.9 millones, para la construcción del hospital modular –a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP)–, el custodio de las finanzas refrendó el contrato.
El pasado 31 de agosto, González remitió una nota a Solís en la que le indicó que, al analizar la documentación entregada por el titular del MOP, Rafael Sabonge, detectó “posibles inconsistencias en el procedimiento especial” de emergencia para contratar a SmartBrix.
Las inconsistencias procedían de los informes del MOP. Por ejemplo, la Procuraduría cuestionó que el 19 de marzo de 2020, la empresa inició los trabajos, pero el Consejo de Gabinete autorizó a Sabonge a contratar la ejecución de la obra después, mediante resolución del 31 de marzo pasado.
En cuanto a las cotizaciones de las otras dos empresas –sin experiencia propia en construcción con módulos– invitadas “de manera personal y telefónicamente” por Sabonge para que entregaran cotizaciones, “no mantienen un mismo patrón de documentación que sustente su oferta, aunado a que no hay constancia del medio de difusión masivo para que la entidad [el MOP] diera a conocer su interés de contratar” este servicio.
La omisión de Sabonge “podría trasgredir” la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas, debido a que “limitó el grupo de posibles proponentes y que el público en general se entere del procedimiento, siendo una conducta posiblemente contraria a lo preceptuado” en la ley.
González indicó que, de haberse dado a conocer el interés de contratar la obra, se habrían hecho consultas preliminares de mercado para conocer costos y generar competencia.
“La falta de reglas objetivas, justas, claras y completas” no permitieron los ofrecimientos de más empresas, a fin de “asegurar una escogencia objetiva del contratista”, señala el documento.
El procurador solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas que inicie una investigación a Sabonge y funcionarios del MOP para detectar las presuntas irregularidades administrativas. Una vez concluida, debe remitirla a González para determinar posibles sanciones.
La copia de la investigación de la Procuraduría de la Administración fue remitida al presidente Laurentino Cortizo y al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, para que las remita a la fiscalía que adelanta una investigación de oficio o “inicie una investigación sobre las conductas aquí descritas que pudieren configurar una acción delictiva”.
El Ministerio Público confirmó que Ulloa remitirá el informe a la fiscalía que investiga el caso.
¿Nuevos?
Sin presentar facturas de compra ni de importación de módulos nuevos, SmartBrix afirmó a González que “certificamos que todos los componentes utilizados para armar el proyecto pasaron por nuestros procesos de manufactura y control de calidad, tanto local como internacional, para ser integrados en estructuras de primer uso”.
A su turno, Sabonge indicó que la Dirección de Mantenimiento del MOP supervisó e inspeccionó la obra y emitió un acta de recibido conforme. El documento está en trámite de fiscalización en la Contraloría.
Ambos argumentos fueron aceptados por González, desestimando que los módulos fueran de segundo uso.
Un informe de la Autoridad de Aduanas confirmó que SmartBrix hizo cuatro importaciones de módulos en 2019, ninguna en 2020. Importó 229 módulos, de los cuales, 160 eran procedentes de Costa Rica y eran usados.
Donación
De acuerdo con González, la entonces ministra de Salud, Rosario Turner, indicó que “no era necesario” adecuar el Centro Convenciones Amador, porque los registros de casos de coronavirus “eran estables” en marzo pasado. Sin embargo, el MOP aportó, como justificación para construir el hospital, un informe del Ministerio de Salud sobre la “necesidad” de más camas ante el aumento de los casos.
Sobre una donación de la empresa china CCA, el informe indica que se habría informado que “sí conlleva costos adicionales para el Estado, pero con un posible ajuste en dichos costos por donaciones que nuestra empresa estaba solicitando a algunos de nuestros subcontratistas y proveedores”.
La propuesta de CCA decía claramente que se encargaría de adecuar, pero que las camas y los equipos debían ser aportados por el Estado. González “descartó” que CCA tuviera intención de donar.