El contenido de las actas de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá del 27 y 31 de mayo de este año confirman la percepción pública: en principio, la intención de los involucrados era proceder con la renovación de la concesión de la empresa Panama Ports Company (PPC) por otros 25 años, a partir del año 2022.
Esto es lo que revela el contenido de las actas obtenidas de la web https://amp.gob.pa/actas-de-junta-de-directiva-amp/, luego de un proceso de solicitud de información interpuesto por el excandidato presidencial Ricardo Lombana. La primera acta tiene una extensión de 45 páginas y la segunda de 21 páginas. La tercera acta también revelada tiene 29 páginas, pero merece su propio análisis por separado.
Datos de interés
La primera acta, correspondiente al 27 de mayo pasado, tiene 45 páginas, mientras que la segunda, del 31 del mismo mes, tiene 21 fojas. La primaera sesión de la junta directiva se llevó a efecto a través de la plataforma Zoom y durante la misma el ministro para Asuntos del Canal, Aristides Royo, pidió no participar en la deliberación por el vínculo laboral que mantuvo con la firma de abogados Morgan & Morgan, representante de PPC.
Se levanta el telón
El día 27 de mayo, a las 4:00 p.m., se inició la primera de las tres reuniones con la participación, vía videoconferencia por la plataforma Zoom, de los miembros de la junta directiva: Aristides Royo, ministro para Asuntos del Canal; Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas; Oscar Bazán, Julio de la Lastra, Juan Diego Reyna, José Alejandro Rojas Pardini, como directores; y Noriel Arauz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, actuando como presidente de la junta directiva. Además, la reunión contaba con un contingente de funcionarios de la Contraloría General de la República, que sería en gran medida el protagonista de la reunión en lo referente a su auditoría a PPC; y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La reunión tenía por objeto la deliberación de la junta directiva de la AMP sobre seis temas distintos a tratar, de los cuales, lo relativo a PPC, sería el último en el orden del día. En la página 24 de esta acta aparece la declaración del ministro Aristides Royo, de que no podía ser parte de la deliberación de PPC por el vínculo laboral que mantuvo con la firma de abogados Morgan & Morgan, representante de PPC.
El ministro Royo informó que, aunque se jubiló de la firma, no quería manchar la negociación, por lo cual se retiraba de la reunión.
La presentación central del tema de PPC le correspondió a los funcionarios de la Contraloría Alcides Segovia y Samuel Moreno, quienes explicaron los detalles de la “auditoría de cumplimiento” que se le había practicado y que cubría un periodo de 23 años y 5 meses de la concesión.
Presentaron en luces muy positivas el desarrollo de la concesión y los resultados de los hallazgos. Esta auditoría se fundamentó en una denuncia ciudadana del 24 de agosto de 2017 que cuestionaba el comportamiento de la empresa PPC.
Se hizo evidente que por más de dos años la Contraloría mantuvo en estado vegetativo esta denuncia y la solicitud de auditoría. Entre los aspectos más destacados está la participación de 25 personas de distintas instituciones en la preparación de este informe de auditoría de cumplimiento. Se estima que fueron 9 mil 904 horas de trabajo de este personal.
Según la información presentada por Segovia, en la página 29 del acta, la empresa “percibió ingresos acumulados” por 4 mil 345 millones 775 dólares. Una vez descontados los desembolsos realizados, por 3 mil 435 millones 784 dólares, les dejo una utilidad de 909 millones 991 dólares.
En el acta consta que solo Bazán mantuvo un ritmo de preguntas y aportes críticos sobre los datos y análisis presentados por la Contraloría. Por ejemplo, cuestionó el alto costo de los dragados de los puertos de Balboa y Cristóbal, cuya cifra presentada fue de 323 millones 59 dólares. Bazán enfatizó que los dragados del puerto de Balboa eran esencialmente una función de la Autoridad del Canal de Panamá y que el área que le correspondía dragar a PPC era más reducida. El represente de la Contraloría respondió que habían validado las cifras a través de una comparación de las facturas.
Por otro lado, la funcionaria del AMP Flor Pittí explicó en detalle que los dragados se verifican por vía de cartas náuticas y mediciones de batimetría del fondo del mar antes y después de los dragados. Según el acta, era claro que los miembros de la junta directiva se sentían presionados por la opinión pública y los duros cuestionamientos hacia la concesión.
La presentación de la Contraloría no fue suficiente para convencerlos, por lo que se decidió declarar sesión permanente y convocar una reunión presencial de los directivos para discutir el tema en detalle.
En el documento queda muy bien registrado el entusiasmo de la Contraloría por la renovación del contrato, cuando en la página 34 el funcionario Samuel Moreno expresa que en 1997 se inicia una “revolución portuaria” en Panamá. Igualmente, el sesgo político del asunto lo hace muy evidente el representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada Julio de la Lastra, quien dijo: “…han incluido información que no conocíamos pero desafortunadamente tampoco la conoce el personal del mismo partido político”. Más adelante de la Lastra expresó que “haríamos un flaco favor si se aprueba algo ahora en la AMP si no hacemos el debido análisis, porque posteriormente somos nosotros, de la junta directiva, los que vamos a tener que quedar subiendo y bajando escaleras”.
El administrador de la AMP, Noriel Arauz, quería continuar con el debate en los días inmediatamente siguientes, pero fue la solicitud del viceministro de Finanzas Almengor de que se pospusiera hasta que se efectuará la reunión presencial el 31 de mayo, la que ganó el respaldo de la junta directiva.
La reunión terminó a las 7:08 p.m. con la aceptación de la decisión de Aristides Royo y la decisión de solicitar la participación del Administrador del Canal, como su suplente.
La segunda acta
El 31 de mayo a la 1:15 p.m. empezó la segunda reunión de la directiva sobre este tema, con la participación presencial de Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas; Julio de la Lastra, Juan Diego Reyna, José Alejandro Rojas Pardini, como directores; Patricia Veláquez, como directora suplente; y Noriel Arauz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá actuando como presidente de la junta directiva.
Aquí, hace su aparición por primera vez el ministro consejero José Alejandro Rojas Pardini. Sin embargo, el gran protagonista de esta segunda acta es el viceministro de Finanzas Almengor, quien en la página cinco confiesa que fue empleado de la firma de abogados estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer, que actúa como los “abogados internacionales” de Panamá en temas financieros principalmente. Esta firma estaba encargada por el gobierno de Panamá de producir una opinión sobre el contrato de PPC.
El acta registra que Almengor contó que “hoy hablaba con el principal participante de esta opinión, que es Whitney Dever Walt (sic), socio de la firma que fue jefe mío allá en DC…”. Al viceministro no se le ocurrió invocar el mismo principio del ministro Aristides Royo y declararse impedido de vincularse con la firma de abogados con la que trabajó y que el Ministerio del cual él es un alto funcionario es cliente. A lo largo de su exposición, Almengor presentó el análisis interno que el MEF hizo del contrato con PPC. Es claro y contundente que lo que el MEF quiere es más dinero al menor costo político. Por otra parte, el ministro Rojas Pardini manifiesta con suma seguridad que este contrato tiene que ir a la Asamblea Nacional para su ratificación. Ese parece ser el entendido de todos los participantes.
Impresiona cómo el discurso de PPC es asumido como propio por los funcionarios presentes. Por ejemplo, el viceministro Almengor habla en la página seis de cómo el Estado tiene 10% de las acciones de PPC sin haber pagado el derecho a suscripción de esas acciones. Es decir, que el Estado, que es el dueño original de los puertos, según esta línea de análisis, debió poner dinero para PPC. Adicionalmente, en la página siete, Almengor dice no tener objeción “que la concesión sea renovada de manera automática”. Todo el análisis que presenta en esta reunión es a favor de la renovación, ya que nunca se consideró otra opción, ni siquiera se estudió la situación del mercado actual de servicios portuarios ni se menciona el efecto que PPC tuvo sobre los proyectos del puerto de Corozal y el mega puerto de Farfán.
En la página ocho, Almengor reconoce que al MEF le interesa más los ingresos recurrentes que los dividendos, por lo que favorece un aumento de la tarifa de movimiento de contenedores.
La preocupación de Rojas Pardini es aumentar los ingresos del Estado, como lo expresa en la página 18, en la cual habla del tema de Costa Norte, un arrendamiento de tierras que PPC ha estado haciendo de parte de la Isla Telfers a la empresa AES y al grupo Motta por el cual se pagan 10 millones de dólares al año. Rojas Pardini considera que PPC debería ceder este arrendamiento al Estado, dado que no tiene vinculación alguna con la operación portuaria.
El boceto de un acuerdo
Tanto Rojas Pardini como Almengor coinciden en tratar de evitar una adenda al contrato-ley 5 y, en su lugar, Rojas Pardini menciona las ventajas de un acuerdo privado de accionista en el que PPC se compromete a aumentar los pagos que recibe el Estado panameño. En la página 11, Almengor informa que ya el MEF recibió 130 millones de dólares de parte de PPC, incluyendo 83 millones de dólares por dividendos retenidos, otros 27 millones de dólares que están “aportando” al Estado y 20 millones de dólares más en conceptos de dividendos adelantados hasta 2024. Almengor resalta que la empresa ofrece otros 20 millones de dólares como donaciones para responsabilidad social para proyectos que el Estado les sugiera.
Al aceptar el pago de dividendos por adelantado hasta 2024, esto representó el consentimos de la renovación del contrato de PPC. Lo que estaba por negociar eran las formas de esquivar la Asamblea Nacional y de mantener tranquila a la empresa. El acta no dice a qué hora terminó la reunión.
Hay vacíos en la transcripción de las deliberaciones finales de este día, que son necesarias para entender el real alcance de lo que la junta directiva de la AMP estaba dispuesta a conseguir.
