Un nutrido grupo de personas protestó la tarde de ayer frente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en Bella Vista, para deplorar los presuntos abusos cometidos contra menores en albergues bajo la tutela de esa entidad, como lo advierte un informe de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
“Nuestros niños no se venden; nuestros niños se defienden”, fue una de las consignas de los asistentes que, entre otros aspectos, reclamaron respuestas por las denuncias de abusos. Actualmente, hay unos mil 200 menores en esos albergues.
Ayer, la directora de la entidad, Mayra Silvera, recorrió seis centros en el área metropolitana. Luego, en un comunicado publicado en la tarde, la Senniaf afirmó que solo 1 de los 50 albergues que hay en el país es administrado por esa institución. Los demás son gestionados por oenegés, precisó.
Pero la Senniaf tiene la responsabilidad de fiscalizar su funcionamiento, según el Decreto Ejecutivo 404 de 2020. Además, el 80% de los albergues recibe subsidio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Los manifestantes dirigieron consignas a la dirección de la Senniaf, al Mides y a la Presidencia. Piden acciones concretas.
Ocho albergues han sido cerrados desde 2019
Ocho albergues para menores de edad ha cerrado la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) desde julio de 2019, confirmó ayer la directora de la entidad, Mayra Silvera.
La funcionaria dio a conocer esta información después de que la junta directiva de la propia Senniaf solicitara el “cierre inmediato” de aquellos albergues que hayan incurrido en “faltas muy graves”.
La junta directiva, que se declaró en sesión permanente la semana pasada tras conocerse el informe de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional que confirmó presuntos abusos en albergues, acordó compeler (obligar) al Comité Nacional de Supervisión y Monitoreo a efectuar una “supervisión urgente” en dichos centros y proceder a cerrar, como se dijo, los que hubiesen incurrido en “faltas muy graves”.
La mañana de ayer, Silvera visitó Aldeas Infantiles SOS, en Camino de Cruces, y a su salida de ese centro dijo que se trata de “un modelo a seguir” y que estaban “muy complacidos con la visita”.
Según el equipo de prensa de la Senniaf, ayer también visitaron otros cinco albergues en el área metropolitana de la capital.
El equipo de comunicación de la Senniaf también informó que los menores que eran acogidos en los ocho albergues que han sido cerrados desde 2019 “fueron reubicados”, aunque no precisó cuántos niños ni a dónde fueron llevados.
De acuerdo con Silvera, actualmente hay en el país unos mil 200 niños acogidos en 50 albergues y, de estos, solo uno está completamente bajo la tutela del Estado. Los otros 49 son administrados por oenegés y, de ellos, 40 reciben subsidios estatales a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Normativa legal
Respecto a estos 49 albergues, la Senniaf sostuvo en un comunicado emitido la tarde de ayer que “cada una de estas organizaciones privadas toma sus propias decisiones en cuanto a la población que va a recibir y atender”.
Sin embargo, el Decreto Ejecutivo 404 de octubre de 2020 le adjudica responsabilidades concretas sobre el control de dichos centros.
Por ejemplo, establece que la Senniaf tiene la obligación de supervisar las condiciones de los albergues, sus instalaciones y el recurso humano. También debe llevar un registro de los centros autorizados y de los niños, niñas y adolescentes acogidos allí, el cual debe actualizarse mensualmente.
Asimismo, es responsable de “aprobar el reglamento interno de funcionamiento y atención que describa el modelo de atención integral de cada albergue”.
La Senniaf es desde el punto de vista institucional una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y fue creada mediante la Ley 14 del 23 de enero de 2009. Antes, el cuidado de niños, niñas y adolescentes estaba centralizado en la gestión del Mides.
El Decreto Ejecutivo 404 también establece los tipos de faltas en los que pueden incurrir los albergues.
En total, son 13 las causales de “faltas muy graves” detalladas en el documento.
Por ejemplo, las medidas de disciplina o de protección que “supongan el aislamiento” de los niños y niñas.
También se califica como “muy grave” el “maltrato, trato negligente, trato denigrante o cualquier forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes atendidos”.
Mayra Silvera fue ratificada como directora de la Senniaf el pasado 1 de febrero, tras ser asignada para reemplazar Sara Rodríguez.
Antes, según su hoja de vida, fungió como asesora del despacho superior de la entidad entre octubre de 2016 hasta diciembre de 2017.
