Múltiples voces cuestionaron el hecho de que el Ministerio Público imputara cargos a Mauricio Valenzuela por supuesta violencia de género, a raíz de que la diputada oficialista Zulay Rodríguez lo querelló después de que el periodista dejó al descubierto sus actuaciones con un cliente.
El proceso de la diputada contra Valenzuela surgió luego de que el 2 de enero de 2020, el medio digital Foco y el diario La Prensa publicaran una investigación en la que el mexicano José Luis Penagos la acusa de haberlo despojado de varios kilos de oro que le fueron decomisado por la Autoridad Nacional de Aduanas cuando en marzo de 2009 se encontraba en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
“Es evidente que la diputada actúa con la ventaja que le da su cargo para influir o ejercer presión sobre la administración de justicia. Y justamente por este motivo fue que se derogaron las leyes mordazas para evitar que los funcionarios actuaran con ventaja frente a los ciudadanos”, dijo en un comunicado Marcos Castillo, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas.
Mientras que Sabrina Bacal, expresidenta del Consejo Nacional de Periodismo, en su cuenta de Twitter, calificó de “inconcebible” el que se use la figura de “violencia de género” para poner obstáculos a los periodistas y comunicadores.
También reaccionó Edwin Cabrera, analista político y director del programa radial Panamá en directo. “El juez debe ser más honesto y decir que quiere aplicar censura a la labor desempeñada. Y ¿por qué el Ministerio Público le dio trámite a eso?”, comentó en Twitter.
En un comunicado, Foco dijo que este es “otro intento más de acallar a un medio de comunicación crítico y combativo que ha venido denunciando casos de irregularidades, corrupción y narcopolítica”.
“La violencia de género afecta a miles de mujeres en Panamá, como vimos recientemente en el caso de la vicealcaldesa Judy Meana. Es lamentable que se utilice esta figura para intentar acallar a periodistas y medios”, añade la nota.
