Juristas recriminaron lo que consideraron como tácticas dilatorias usadas por el expresidente Ricardo Martinelli para evitar el juicio de los pinchazos, luego de que ayer presentara una incapacidad médica.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz –quien actuó como fiscal del caso cuando este se dirimía en el máximo tribunal– explicó que los jueces tienen herramientas para no permitir que una de las partes afecte el proceso.
Díaz sugirió al Tribunal de Juicio que lleva la causa “amarrarse las correas y aplicar la la ley”. Le propuso a las juezas revisar el artículo 63 del Código Penal, que habla sobre los deberes de los jueces.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el excontralor Alvin Weeden y el fiscal del caso, Ricaurte González, coincidieron en que lo de ayer es parte de las tácticas dilatorias con las que la defensa de Martinelli ha manejado el proceso.
Mientras, el Tribunal de Juicio ordenó verificar la autenticidad de los certificados médicos expedidos a favor del exmandatario y de su abogada, Alma Cortés, usados para no comparecer al acto.
Tribunal de Juicio ordenó revisar la salud de Martinelli
El Tribunal de Juicio que conoce el proceso seguido a Ricardo Martinelli por espionaje político ordenó verificar la autenticidad del certificado médico que usó ayer para no asistir al juicio, una medida que también aplica para su abogada, Alma Cortés, que tampoco acudió al acto.
Las juezas Iveth Francois, Jennifer Saavedra y Marisol Osorio giraron oficios al Ministerio de Salud (Minsa) para que corrobore si los certificados médicos son legítimos y si fueron expedidos conforme a padecimientos reales. Mientras que al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) le ordenaron que examine a Martinelli en el centro médico en el que se encuentra hospitalizado, para establecer si sus afecciones de salud le impiden comparecer al proceso y si su operación de columna fue electiva o de urgencia.
Apenas notaron la ausencia de Martinelli y de Cortés, las juezas pidieron a la oficina judicial que les informara cuáles eran las razones por las que no asistieron. En ese momento se le informó a los presentes que tanto la defensora como su cliente habían presentado certificados de incapacidad.
El certificado de Martinelli fue expedido el pasado 1 de junio por el neurocirujano Waltter Kravcio Guardia, de los Consultorios Médicos Punta Pacífica en Punta Pacífica. Es por 30 días.
Lesa aquí: Los vínculos del neurocirujano de Martinelli
El de Cortés, en cambio, fue expedido el pasado lunes 21 de junio por el médico Marlon Muñoz, del Centro Médico Especializado Plaza Cecilia, ubicado en Condado del Rey. La incapacidad es por dos días. Según el fiscal del caso, Ricaurte González, se trata de una clínica de odontología.
Este medio llamó a Cortés para que hablara de su ausencia y la de su cliente al juicio, y dijo: “Yo con ese diario no quiero ni los buenos días”.
Apenas se enteró de las certificaciones, el fiscal González se mostró sorprendido, pues asegura que nunca fue notificado de esta situación, a pesar de que la incapacidad de Martinelli es del 1 de junio. Tildó las incapacidades de “táctica dilatoria” y recordó que Cortés compareció la semana pasada a una audiencia de afectación de derechos y otra de habeas corpus como parte del caso, y nunca informó de la incapacidad médica de Martinelli.
Las juezas también dispusieron que el Imelcf determine si Martinelli puede seguir el juicio de manera virtual.
Además, el tribunal designó a Martinelli un defensor público, que se usará en caso de que Cortés no asista al juicio, reprogramado para el próximo 5 de julio.
En los últimos días, el expresidente cuestionó el cambio de jueces para el tribunal que atendería su juicio. Culpó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López y al vicepresidente José Gabriel Carrizo.
Reaccionan
Los querellantes y sus abogados coincidieron en que todo es parte de la estrategia dilatoria del proceso.
Carlos Herrera Delegado, quien representa a Mauro Zúñiga, dijo que dilatar el proceso hasta que prescriba la acción penal es la ruta de Martinelli.
Pidió a las juezas que apliquen una medida cautelar al expresidente por resistirse a comparecer al proceso, para que así se suspenda el efecto de prescripción de la acción penal.
A su vez, el exmagistrado de la Corte Harry Díaz, quien actuó como fiscal cuando la causa estaba en el máximo tribunal, explicó que los jueces tienen herramientas para no permitir que una de las partes afecte el proceso.
Recordó que el Código Penal, en su artículo 63, (deberes de los jueces), ordena corregir las acciones irregulares, entre ellas, “evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes, inconducentes, debiendo rechazarlas de plano”.
Según el exmagistrado, las juezas deben “amarrarse las correas y aplicar la ley”.
Opinó, asimismo, que un defensor público impedirá la presentación de más acciones dilatorias, como las incapacidades médicas para bloquear la justicia, ya que el procesado estará notificado y el tribunal podrá decidir si hace un juicio virtual o sin la presencia del imputado.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, advirtió que el riesgo de prescripción de este caso “es inminente”. Sugirió analizar lo que ha ocasionado que el proceso enfrente este riesgo, para subsanarlo.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que en todo proceso hay un principio de lealtad procesal y que las partes involucradas deben actuar de manera honesta y de buena fe, sobre la base del conocimiento exacto de los hechos. En consecuencia, este principio debe ser protegido por los jueces para evitar las dilataciones que ponen en riesgo la labor jurisdiccional.
Entretanto, el abogado y excontralor de la República Alvin Weeden afirmó que es evidente que el expresidente Martinelli ha presentado una serie de recursos con el propósito de dilatar el proceso, pero los jueces de la causa deben tomar acciones concretas para evitar este tipo de maniobras.
