Panamá contará para finales de este año con un decreto ejecutivo, a través del cual se adoptarán políticas públicas de transparencia de datos abiertos de gobierno (DAG).
Esto será posible con la puesta en operación del primer plan de acción de datos abiertos 2017-2018, una iniciativa que nació de un proyecto implementado en el país, en 2015, por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (Undesa, por sus siglas en inglés).
El plan, que será liderado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en colaboración con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), tiene como objetivo establecer las bases y demostrar los beneficios de utilizar los datos abiertos (open data) para robustecer la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible en diversas áreas.
EL PLAN
La Prensa tuvo acceso al Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos de Gobierno, documento en el que se plantean, al menos, 10 compromisos que pretenden llevar a cabo la Antai y la AIG.
Entre los más relevantes figura aprobar el decreto ejecutivo que adoptará la política pública de transparencia de datos abiertos, que no existe en el país actualmente.
En relación con este punto, el director de Transparencia y Acceso a la Información de la Antai, Ricardo González, explicó que actualmente se está elaborando dicho decreto, con el fin de presentarlo en el mes de agosto del presente año al Órgano Ejecutivo. “Si este plan llega a ser aprobado, se prevé que se comience a implementar en los últimos meses de 2017”, adelantó.
El documento destaca que “un marco legal y entorno normativo propicio impactan en gran medida en el éxito a largo plazo y la sostenibilidad de un programa de datos abiertos de gobierno”.
Asegura que, en general, el marco legislativo de Panamá representa un ambiente “propicio” para la etapa inicial del programa de open data. “Los funcionarios públicos podrían necesitar directrices específicas y entrenamiento en cómo implementar la legislación en DAG, la regulación y las acciones pertinentes”, explica.
Hoy en día, de acuerdo con la Antai y la AIG, las instituciones públicas únicamente liberan en sus sitios web la información exigida por la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública.
Otro de los compromisos del plan es que estas instituciones publiquen información de carácter público de manera proactiva, exceptuando la información confidencial, y que además esté en formatos abiertos.
Recomienda que estos formatos sean CSV, XML, XLS. En estos casos, se pueden manipular los datos de cualquier forma sin limitación de características o de uso de algún tipo de software en particular para ello. Son fáciles de publicar.
La mayoría de la información contenida en las páginas de las instituciones del Estado está publicada en PDF y en imágenes, un formato que impide, la mayoría de las veces, copiar y reutilizar su contenido.
Asimismo, el plan buscará mejorar la oferta en el portal nacional de datos abiertos [datosabiertos.gob.pa].
Creado en el año 2015, en colaboración con expertos de la fundación Open Knowdlech de Gran Bretaña, dicho portal es el único inventario de una serie de conjuntos de datos abiertos puestos a disposición de la población por distintas instituciones públicas del país.
Hasta la fecha, se cuenta con 47 conjuntos de datos publicados.
Para la Antai, es “esencial” que las diferentes instituciones sepan cómo se utiliza dicho portal para la publicación y actualización de la información. “El plan también prevé capacitaciones continuas a estas entidades, no solo para que alimenten el portal, sino para que toda la información que descarguen en sus propias páginas web sea valiosa para la comunidad”, acotó.
Finalmente, otro de los compromisos pactados será la creación de un grupo, compuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil del país, que se encargue de velar por el cumplimiento de la política de datos abiertos.
Se espera que miembros de organizaciones como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Centro Nacional de Competitividad, el Colegio Nacional de Abogados, Fundación Generación sin Límite, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Transparencia Internacional-Capítulo de Panamá), el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec) y el Movimiento Independiente (Movin), integren dicho grupo.
Cabe destacar que este primer plan de datos forma parte de una serie de iniciativas que ha elaborado la actual administración, con el propósito de cumplir con la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
Se trata de una alianza conformada por al menos 65 países, a la que Panamá pertenece desde hace cinco años y que busca, entre otras cosas, mejorar los niveles de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, aprovechando las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad mediante la adopción de compromisos nacionales, como la lucha contra la corrupción y la apertura de datos como herramienta de transparencia.
Según González, este primer plan, que se comenzó a elaborar desde septiembre del año pasado, se encuentra actualmente en la fase de divulgación entre los actores de la sociedad civil que han participado en la iniciativa. “Adicional a esto, en el próximo mes de mayo, la Antai iniciará giras a distintas universidades para dar a conocer lo que se busca”, dijo.
Antonio Lam, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Antai, explicó a este medio que los resultados que esperan con la implementación de este plan será garantizar la participación ciudadana en el ejercicio de identificación y priorización de los datos gubernamentales; y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
LOS EXPERTOS OPINAN
Carlos Díaz, coordinador de datos abiertos de la AIG, indicó que open data es una filosofía que principalmente busca poner a disposición de la sociedad los datos –información– que genera la administración pública en formatos fáciles de manipular.
“Cualquier ciudadano o empresa puede analizar, reutilizar y redistribuir estos datos, generando nuevos servicios y permitiendo que la administración pública mejore en transparencia y fomente la generación de riqueza a través de la gestión inteligente de los recursos”, explicó.
Según Díaz, entre las ventajas más significativas del uso de los DAG resalta la creación de nuevos puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales.
Dijo que el alcance que ha tenido la implementación de datos abiertos en otros países es “ejemplar”.
Informó que se estima que el uso de la información gubernamental en Inglaterra –uno de los países más avanzados en esta materia– genera anualmente $1.9 billones. “A través de los datos abiertos, los desarrolladores webs crean todo tipo de aplicaciones para promocionar servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, añadió.
“Veamos cómo funciona esto en Panamá. Partamos de que es un país de servicios e imaginemos que soy un proveedor y busco comercializar jengibre [...] si se crea una aplicación que cruce la información que libera el Ministerio de Comercio e Industrias con la información de Aduanas y de zonas francas, rápidamente yo [como comerciante] podré saber en qué parte del país se produce este producto, el valor de llenar un contenedor y poder exportarlo”, precisó.
Por su parte, Ricardo Herrera, fundador de la organización Generación Sin Límite, expresó que hay que tener en cuenta que los datos abiertos están estrechamente ligados al principio de transparencia gubernamental, “ya que al exponer los datos en una plataforma web se le permite a la ciudadanía tener una clara visión de las acciones emprendidas por la clase política y de la forma como se están invirtiendo los recursos del Estado”.
“Esto tiene un efecto en ir cerrando las brechas enormes de desconfianza que existen entre los ciudadanos y sus gobiernos”, dijo.
Asimismo, Herrera agregó que espera que la clase política “tome en serio la necesidad de mantener a la ciudadanía informada y de crear una cultura de transparencia proactiva, una clase política responsable que tienda a empoderar a los ciudadanos, estimulando de manera real y contundente la participación ciudadana, entendiendo que sin datos abiertos y sin acceso a la información de las acciones del Gobierno se dificulta enormemente todo intento para lograr que los ciudadanos participen en la formulación de políticas públicas y podamos al fin caminar hacia un desarrollo humano, sostenible e incluyente y descentralizado”.
