Fiscales, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, una exprocudora general de la Nación, periodistas, personal de la sociedad civil, y adversarios políticos, entre otros, han sido objeto de querellas y denuncias del expresidente Ricardo Martinelli.
La práctica ahora también alcanza a dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), y a los “funcionarios que resulten responsables”, a quienes querelló, por supuesto abuso de autoridad, e infracciones de los deberes de los servidores públicos, entre otros delitos. Esto a raíz de que lo examinaron cuando era procesado por el caso de los pinchazos, caso en el que fue declarado “no culpable” el 9 de agosto de 2019.
En la acción legal también se advierte que de ser hallados culpables, deberán hacerse responsables civilmente y pagarle $1 millón por los daños que le hubiesen ocasionado.
MP, en espera de evaluaciones de los forenses
La Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht se encuentra a la espera del informe de evaluación psiquiátrica forense practicado a Martinelli el pasado 21 de julio. Mientras que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que lo procesa por el caso New Business, también aguarda por otro examen del Imelcf.
El Imelcf conoció de la querella hace un par de meses. En la entidad también detallaron que la acción es “claramente intimidatoria” y amenaza la independencia y objetividad de la institución.
Recientemente, personal del Imelcf realizó exámenes físicos y psiquiátricos luego de que presentara incapacidades médicas ante el Ministerio Público para no declarar en los casos New Business y Odebrecht. En el primero de estos casos, fue imputado por la supuesta comisión de blanqueo de capitales, y tiene impedimento de salida del país, y el deber de notificarse una vez al mes ante el Ministerio Público.
Este medio consultó sobre el resultado de las evaluaciones del Imelcf, pero se informó que no darían detalles del tema.
Martinelli le exige $1 millón a dos forenses
Dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) ingresan a la lista de personal ligado a la administración de justicia que ha sido querellado por Ricardo Martinelli a través de sus abogados.
La acción legal fue interpuesta en la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Pública por las abogadas Jessica Canto y Shirley Castañeda, quienes forman parte de la batería de abogados del expresidente.
La medida también alcanza a otros “funcionarios que resulten responsables”.
Las abogadas exigen que se les procese por la supuesta comisión de los delitos contra la vida y la integridad personal en grado de tentativa, abuso de autoridad, e infracción de los deberes de los servidores públicos, y contra la fe pública. En la querella describen que los médicos peritos del Imelcf realizaron evaluaciones forenses a Martinelli durante la fase del juicio del caso de los pinchazos, proceso en el que un Tribunal de Juicio lo declaró “no culpable” de los cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos de los que había sido acusado por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada. En el recurso, no sólo solicitaron una investigación contra los galenos y los funcionarios, sino que también piden una acción restaurativa, es decir, una reparación civil por los supuestos daños. Exigen un millón de dólares. “Fijamos esa cuantía por el daño [causado] a su salud mental y en general, comercial, empresarial, bancaria, social, familiar, y política (....)”, describen en la querella.
“Tenemos que acotar que a la fecha le han sido cerradas cuentas bancarias, de ahorros, corrientes, plazos fijos, líneas de créditos, que si llegase a suceder algo no podría tratar de reparar todo ese daño del cual ha sido víctima producto de una persecución desmedida contra su persona”, alegaron.
El Imelcf conoció de la demanda hace un par de meses, informaron fuentes de la institución que solicitaron el anonimato.
El pasado 21 de julio, Martinelli acudió al Imelcf para una evaluación psiquiátrica por galenos de ese centro médico, por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lo investiga por el caso Odebrecht. Esto, luego de que presentara una incapacidad psiquiátrica de dos meses, expedida por el psiquiatra Algis Torres, quien fungió como director de Salud de San Miguelito, durante su mandato. Martinelli también se niega a declarar por el caso New Business, proceso que está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Se aferra al principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, en el Ministerio Público consta una nota de la Cancillería que cita un oficio de la embajada de Estados Unidos, en el que se advierte que ese principio ya no está vigente.
La práctica
El equipo legal de Martinelli también se querelló contra la exprocuradora Kenia Porcell, a quien se le ejecutó un secuestro de sus bienes, el pasado 9 de julio. Porcell frenó esa acción al consignar una fianza de $150 mil. También ha querellado a la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, pieza clave del caso Odebrecht, proceso por el que Martinelli fue imputado por la supuesta comisión de blanqueo de capitales y en el que se niega a declarar.
El asedio judicial también alcanza a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, y Jerónimo Mejía, quienes actuaron como fiscal, y juez de garantías del caso de los pinchazos.
