Tuve un amigo que jugaba muy bien al billar. Cuando vislumbraba una jugada que no podía hacer, chocaba el taco con la minga para ponerla en una posición que le dificultaría hacer un buen tiro a su adversario. Vi que su estrategia dio buenos resultados siempre. Y eso funciona también para la política. Si se aprueba una ley para beneficiar al Gobierno, se debe considerar que también le será útil al próximo.
Ejemplo práctico. Cuando Martinelli gobernó el país, consiguió que la Asamblea derogara el 18 de marzo de 2010 la ley que regía el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. El que firmó la derogación de esta ley fue el entonces presidente de la Asamblea, José Luis Popi Varela, quien, irónicamente, se convirtió en víctima de pinchazos ilegales.
Al día siguiente de la derogación, entró en vigor un decreto ejecutivo, firmado por Martinelli y su ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu. El decreto solo reconocía cómo únicos integrantes del Consejo de Seguridad Nacional a ellos dos: Martinelli y Papadimitriu. Una regulación hecha a su medida. El sucesor de Martinelli, Juan Carlos Varela, supo, apenas llegó al poder, del espionaje a las comunicaciones, incluidos los pinchazos al teléfono de su hermano y muchos más.
Varela pudo derogar el decreto y enviar a la Asamblea un proyecto de ley para profesionalizar esta actividad y prohibir de una vez por todas los abusos, pero no lo hizo. Tampoco lo ha hecho el actual presidente, Nito Cortizo, por lo que asumo que ambos han estado o están cómodos con lo que está vigente, a más de 10 años de derogada la ley del Consejo de Seguridad Pública.
Me pregunto si estarán tan cómodos después de mayo de 2024. Suba quien suba, –incluido el santo inocente de los pinchazos– contará con el poder para pinchar como le dé la gana, porque aquí nadie sabe jugar al billar político. En vez de garantizar el derecho a la privacidad de todos, con leyes más estrictas sobre el uso de tecnología por parte del Estado para espiar las comunicaciones, nadie se preocupa por lo que está vigente.
¿Alguien puede responderme qué hará el creador de ese decreto si sube al poder? ¿Alguien cree que un organismo de seguridad tan sensitivo para los derechos de los ciudadanos debe estar regido por un decreto en vez de una ley? Aquí nadie puede ver más allá de sus narices –supongo que por mentirosos–, porque si pudieran hacerlo se darían cuenta de que, si bien ahora gobiernan para sí, olvidan que lo que es bueno para ellos también lo es para sus adversarios. O sea que quizá tomen de su propio chocolate.
Si cada gobierno empeora con cada elección, lo que herede el siguiente será usado en su contra y con peores consecuencias. Si mi amigo jugara billar político, este sería un mejor país, pues gobernar para unos pocos es socavar la institucionalidad y por eso estamos donde estamos: casi tocando fondo.
