El intervencionismo estatal ha vuelto. Los diputados creen que, aprobando este tipo de leyes, logran simpatías, y así empiezan los problemas. Imponen sus ideas sin base alguna que justifique su intromisión en el mercado. Quieren controlar el precio de estar en una escuela privada o los intereses bancarios o los salarios en algunas actividades económicas. Ignoran cosas elementales que, francamente, no sé si vale la pena explicarles.
Quizás, para que lo entiendan, habría que exponerles modelos de su entorno. Por ejemplo, si los ciudadanos pudiéramos regular el mercado de la coima, seguramente tendríamos políticos protestando -y violentamente- pues dirían que invirtieron tiempo y dinero en una campaña electoral -en la que no intervenimos nosotros, sino solo ellos y sus padrinos- y que nuestra intervención no les permitiría obtener las ganancias que esperan. Es lo mismo en la empresa privada: invierte y espera ganar dinero.
Ahora, supongamos que pasamos una ley para que la coima no sobrepase el valor del 1% de cualquier contrato o salario ficticio (botella). ¿Qué tendríamos? Pues la oposición de los políticos. Dirían que hay categorías: no puede ser la misma coima para un representante o alcalde, que para un diputado o presidente. Lo mismo ocurre con jueces y magistrados. (De ello podría hacer una detallada exposición un “distinguido” abogado local que odia ver su foto en diarios panameños, pero no así en los de España).
La razón de esta categorización es porque las inversiones en campaña fueron distintas. Unos arriesgaron más, otros menos. Así que si gastó poco, el riesgo es mínimo; si fue mucho, el beneficio debería ser mayor. Es lo mismo en la empresa privada, como un colegio.
Si, por otro lado, un funcionario hace trampa al otorgar un contrato, el riesgo de ir a la cárcel -teóricamente- sería alto y tendría que sufragar otros gastos, como coimear jueces y magistrados, y pagar a sus abogados. Eso es un gasto extra, por lo que el 1% de coima de un contrato no le alcanzaría. Pues algo parecido ocurre con los bancos. Prestan dinero y los intereses que cobran es para pagar a los ahorristas por depositar su dinero en ese banco, y a sus empleados, alquileres o costos de construcción de sus oficinas, software, publicidad, etc. Y claro, lograr una ganancia razonable. ¿Capisce?
En el tema de regular los salarios, fantaseemos. Imaginemos que los ciudadanos podemos establecer una escala salarial para los funcionarios basada en la productividad. Imáginese, usted señor político, bueno para nada, ¿en cuánto quedaría su salario? Creo que nos aborrecerían. Bueno, es lo mismo en la empresa privada. Muchas evalúan el trabajo mediante métricas de productividad o cuotas de venta. Si le imponen una escala distinta, es obvio que no les gustará, pues sería apadrinar métodos nada serios para medir el trabajo.
Dudo que entiendan la teoría, pero el abogado infotografiable sabe mucho de la práctica… Él les explicará. Pero, ¡cuidado! Pueden estar en cámara.
