Cuando decidí abordar los dos temas de esta columna (Panama Ports Company-PPC y la modificación de la ley de incentivos al turismo) me pregunté qué los conecta. Desde un estricto punto de vista técnico, pareciera que nada los une. Pero si dejamos los prismáticos y miramos el horizonte, veremos que hay denominadores comunes.
Por ejemplo, las actas de la directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en las que se decide renovar la concesión de PPC revelan la notable negligencia y mediocridad de quienes nos representaron. No hubo tal negociación, hubo imposición, impulsada ya sea desde inexistentes o auténticas amenazas directas o indirectas de la empresa o por el simple miedo de los facilitadores, pues, hechas las sumas, posibilitaron a PPC –una vez más– darnos un puntapié que pasarán décadas antes de que nos deje de doler.
El presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, dejó claro la ausencia de negociación: “Teniendo en cuenta que se dieron tres adendas que modificaron el contrato original, era de suma relevancia que, como país, fuéramos enfáticos en renegociar ciertos términos del contrato...” De haberla habido, se habrían logrado “tarifas superiores a la de los 24 años anteriores, sobre todo en lo relacionado a arrendamiento de tierras y trasiego de petróleo. Además, se debió acordar la eliminación de las demandas de la empresa al Estado panameño, demandas que han frenado la posibilidad de realizar nuevos puertos en el Pacífico…” De estas ideas nacen negociaciones, no del miedo a una demanda.
La junta directiva de la AMP empeñó parte de nuestro futuro por pesetas. Y eso no es negociar, es entregarse, cabizbajo y de rodillas. Y como ellos, no se salva nadie, ni el Ejecutivo, que fue el que –a escondidas– negoció con PPC, indican las actas en cuestión. Ese servilismo del Ejecutivo es también reprochable en el tema de la modificación de la ley de incentivos para el fomento del turismo.
Tal cambio –que significa que el Estado dejará de percibir millones de dólares en impuestos al reconocer a los inversores de proyectos turísticos el 100% de su inversión– fue avalado por el presidente de la República y su ministro de Comercio. Ignorar tal depredación no es cosa de ciegos ni de ignorantes. Es de cómplices.
Raúl Pineda, el diputado PRD que presentó el adefesio para legalizar el fraude, ni siquiera es su autor. Se lo mandaron y, sin leerlo, lo firmó. La prueba está contenida en la propia exposición de motivos del proyecto, que al final dice: “Por las razones expuestas, el Diputado XXXX presenta a consideración de la Honorable Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley…” Si lo hubiese leído, seguramente habría sustituido las equis por su nombre o, al menos, habría firmado con una “X”.
El cinismo quedó sellado al cerrar la exposición: “…invitamos a los Honorables Diputados a evaluar este proyecto con desprendimiento y preservando los intereses de la mayoría”. Cinismo, mediocridad, vasallaje, mentiras y complicidad son los eslabones que unen estos dos temas.
