Hace un año escribí sobre el proyecto de ley que impulsa el diputado Javier Sucre. Ahora, el proyecto se discute a todo vapor en la sede del Parlatino, es decir, fuera del recinto de la Asamblea Nacional (AN). Pero ese no es el punto –aunque llama la atención la velocidad de la discusión y el lugar donde se hace–; el punto es que lo que se pretende con ese proyecto es diversificar la base del despojo al Estado. 71 curules no son suficientes para saciar la voracidad de los políticos.
La descentralización es el nuevo y suculento botín. Sucre y sus colegas dicen que su proyecto busca aliviar la pobreza. Si se refiere a la “pobreza” de la que es víctima su colega Yanibel Ábrego, alias “qué hay pa’ mí”, su proyecto cobra sentido y justificación. La palabrería petulante de su proyecto de ley se reduce a una palabra: plata. O mejor dicho, mucha plata.
Así como algunos diputados se meten a dirigir los deportes que pueden exprimir para sacar el verde extracto que alimenta su vanidad y frivolidad, de la misma manera ahora buscan dotar de plata a alcaldías y corregimientos para hacerlos más atractivos. Los planes pueden ser diversos: cobrar comisiones –como las que pagan los notarios a los reales “dueños” de esas oficinas– o saquear directamente. Eso para empezar.
¿Cuánta plata hay en juego? Apuesto a que Sucre no ha hablado de ello en público. Su proyecto establece un importante aumento en la dotación de fondos para los gobiernos locales. Actualmente, la recaudación del Impuesto del Bien Inmueble se reparte en alcaldías y corregimientos para proyectos específicos. Entre 2016 y principio de 2019 se destinaron $764 millones para ese fin.
Pero esa cantidad es insuficiente para Sucre. Por eso, además de la recaudación del Impuesto del Bien Inmueble, quiere añadir el 6% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Si su proyecto hubiese sido ley en 2020 –cuando esos ingresos se calculaban en $9,021 millones– se habría tenido que destinar a los gobiernos locales $541 millones más de lo que ya recibían del Impuesto del Bien Inmueble.
Para 2021, esos ingresos se calculan en $7 mil millones, o sea que serían $420 millones más. Eso es mucho más de lo que recibe la AN en un año, con la ventaja de que no habría tanto trabajo para enmascarar el saqueo con prestanombres que cobran contratos que van al bolsillo del diputado maleante.
Si la AN aprueba el proyecto y el presidente Cortizo le da el sí, ser diputado no será tan chic como ser alcalde, cargo que, además, permite la reelección. ¿Dudas? Podemos preguntarle al diputado Jorge Herrera. ¿No sabe quién es? Eso es porque, habiendo sido elegido diputado en 2019, prefirió seguir de alcalde en Aguadulce, seguramente para sacar de sus penurias a cada aguadulceño pobre. Y yo le creo a Herrera tanto como al futuro premio nacional de Literatura Ricardo Miró, categoría cuento: el también diputado Javier Sucre.
