Mañana se cumplen once meses desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en Panamá y el manejo de la pandemia por parte del Órgano Ejecutivo sigue generando reacciones adversas. El más reciente decreto ejecutivo faculta al Ministerio de Salud a dictar disposiciones sanitarias, de toque de queda y de reapertura de actividades económicas directamente.
“El manejo de la política económica ha estado en manos del Ministerio de Salud”, dijo el economista Guillermo Chapman al programa ‘Radar’, de TVN. Miembros de la comunidad jurídica están de acuerdo y cuestionan la legalidad del incremento de facultades a un funcionario no electo. Además, tildan de “alarmante” la falta de contrapeso por instituciones que deben cumplir esa función.
El abogado Ernesto Cedeño, quien ya ha presentado numerosas denuncias de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra Decretos Ejecutivos emitidos en pandemia, hará lo propio con el decreto No. 71.
Los ‘superpoderes’ del ministro Luis F. Sucre
El artículo 8 del más reciente decreto ejecutivo que establece nuevas medidas sanitarias a partir de hoy, 8 de febrero, encendió las alarmas de varios sectores de la comunidad jurídica que señalan que le da excesivos poderes a un funcionario en particular.
“Se faculta al Ministerio de Salud, para que, a través de resolución motivada, establezca las medidas de restricción de movilidad de las personas, toque de queda, cuarentena total, de reapertura de actividades y cualquier otra medida necesaria...”. Esto, plasmado en el Decreto Ejecutivo No. 71, el cual cierra con la firma del presidente de la república, Laurentino Cortizo, ha generado reacciones y cuestionamientos.
No se menciona a nadie más del Gabinete, ni siquiera al ministro de Economía Finanzas o el de Comercio e Industrias, dada la importancia que, según el propio Ejecutivo, tiene la reactivación económica.
Para el abogado Carlos Ernesto González, lo decretado mediante este artículo es alarmante. “Las garantías fundamentales de las personas no pueden estar sujetas a la voluntad de un funcionario”, manifestó. Recalcó que es aún más grave en el caso del Ministro de Salud, pues se trata de un funcionario no electo.
El abogado Ernesto Cedeño está de acuerdo y asegura que continuará “retando al sistema” mediante la presentación de demandas de inconstitucionalidad e ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El decreto en cuestión se fundamenta en decretos ejecutivos pasados. Puntualmente, el decreto No. 62 del 13 de enero, el No. 65 del 28 de enero y el No. 66 del 28 de enero. Estos, acotó Cedeño, ya fueron demandados por él y las demandas están a la espera de admisión por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema (CSJ).
Cedeño considera que lo que planteado mediante este artículo es “delicado”. A su juicio, ningún funcionario, “por muy bueno que sea”, debería contar con tantas facultades.
Para González, estos abusos a las garantías de las personas se dan por falta de contrapeso por parte de las instituciones que deben cumplir ese rol. Cuestiona, por ejemplo, que la CSJ ni la Defensoría del Pueblo se manifiesten sobre este tipo de decisiones. “Ni la Asamblea Nacional (AN), que tiene un mandato constitucional de cuestionar al Ejecutivo, lo está haciendo”, manifestó.
La AN citó el pasado 11 de enero al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, y al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Los titulares de estas entidades tienen agendado asistir a la Asamblea hoy a la 1:00 p.m. para responder a un cuestionario de 21 preguntas.
La Asamblea pidió a estos representantes del Ejecutivo su presencia para responder sobre la estrategia sanitaria, la trazabilidad, el plan económico y el plan de vacunas, entre otros.
El tema de las facultades otorgadas al ministro Sucre generó también reacciones en Twitter. El abogado Jaime Raúl Molina publicó el día que se emitió el decreto: “Antes de la pandemia teníamos pantomima de separación de poderes y estado de derecho. Ahora ya ni pantomima tenemos”.
Cedeño considera que “independientemente de que tengamos una pandemia el derecho está y se tiene que honrar y cumplir”. Mantiene que el Órgano Ejecutivo no puede delegar funciones de esta forma. Tiene previsto presentar ante la CSJ una demanda contra dos artículos del Decreto Ejecutivo No. 71.
