Su resumen del resultado del diálogo del Seguro Social.
Se deja sin solución el principal problema por el cual fue convocado, que es la crisis de las pensiones. Se nos cae la casa encima y decidimos cambiar un foco.
¿Estamos igual o peor que cuando empezó el diálogo?
Peor. Se ha perdido tiempo, que no tenemos, y todavía no hay acuerdos.
Los tres problemas más graves que no se han acordado, fuera de ese.
El injustificable desabastecimiento de medicamentos, la prestación deficiente de los servicios y la reforma administrativa, que es clave, porque puedes arreglar lo que quieras, pero si dejas eso en manos de la misma gente, volveremos a fracasar.
Para el IVM, están esperando a la OIT como si fuera el mesías... ¿Lo será?
Nadie puede serlo. Independientemente de que venga la OIT, el gobierno tiene que empoderarse, agarrar las riendas y tomar las decisiones que tiene que tomar para salvar el Seguro.
¿Qué decisiones tiene que tomar?
Valorar lo que hizo la junta técnica actuarial, que para eso está. Esas recomendaciones nunca se tomaron como punto de partida... Puedo intuir que porque el gobierno dijo que no quería modificar las paramétricas y la junta sí plantea eso.
¿Qué podíamos esperar del diálogo, si de antemano se anunció que no tocarían las medidas?
Fue una jugada política para crear un escenario del bueno y del malo, esperando que la mesa pidiera los cambios en las medidas. Y como no pasó, ahora llaman a la OIT. Nadie quiere coger el golpe.
Si la OIT lo recomienda, ¿sí lo harán?
Sería lamentable que lo rechacen, sobre todo cuando el Estado ha incurrido en un costo de $178 mil para traerlo.
¿Cuánto nos ha costado ese diálogo?
Desconozco. Deberían rendir cuentas de eso. Ha habido gastos de alimentación, de personal, de infraestructura y de insumos. Así que gratis no ha sido.
¿No existe manera de resolver el problema sin afectar los parámetros?
Aun incorporando paramétricas, todos los escenarios caen en insolvencia. El que más da llega hasta 2047.
Las personas se preocupan por la edad de jubilación. ¿Y la tasa de reemplazo?
Es un criterio clave, porque la junta técnica actuarial, al preservar la edad, propone una tasa de reemplazo de 40%. O sea, que las personas recibirían un cheque con el 40% del salario base para el cálculo. Si el salario es mil dólares, recibes 400.
Hoy, con ese salario, te tocan $600.
Sí, 60%.
Salvo los policías, que se jubilan con el 100% de su salario base. ¿Eso es justo?
No. La labor es loable, pero uno se arropa hasta donde le llegue la manta.
Si el Estado pusiera la plata, también la pondrían los no asegurados. ¿Eso sería justo?
No. Por eso siempre me opuse al diálogo tripartita y excluyente: las pensiones usan fondos de todos los panameños para financiarse por medio de un fideicomiso.
En 2023 se espera un déficit de $2 mil 100 millones en el IVM. ¿Quién paga?
Es parte de las respuestas que tiene que traer el debate y que se espera que surjan con el informe de la OIT. Entre las primeras opciones estaría que el gobierno asuma la carga. Eso es insostenible y pudiera traernos consecuencias muy graves.
Y ningún gobierno ha cumplido con el mínimo de reserva requerido por ley.
Es uno de los grandes incumplimientos a la Ley 51. Hay un tema técnico, sí, pero si hubiese habido voluntad revisan el tema.
¿Qué pasa si el sistema IVM quiebra?
Crearía un cataclismo económico. Podría rebajarse la calificación de riesgo del país y además quedar miles de pensionados sin los medios básicos para subsistir.
¿El gobierno quería resolver el tema del IVM o esto es un parapeto para quedar bien ante la opinión pública?
Si fue un parapeto, de todas formas no quedaron bien ante la opinión pública.
Ellos dirán que convocaron a la mesa...
Necesitamos soluciones, no excusas.
¿Por qué el presidente no se ha metido a solucionar este problema?
Él debería explicar eso. Puedo intuir que hay un alto costo político, porque habría que tomar medidas impopulares.
En casi 11 meses de trabajo se llegó a cerca de 20 acuerdos, ninguno sustancial. Los más cuestionables.
Temas de informática, procedimientos administrativos y evaluaciones del personal. Todos intrascendentes.
Una de las propuestas, aunque al final rechazada, fue aumentar la dieta de los directivos del Seguro. Un diálogo nacional... ¿para sangrar al Estado?
Desafortunado. Y eran dos en la misma línea. Una la iba a subir de $100 a $150 y la otra a $500. La opinión pública hizo su trabajo y al final no fueron aprobadas.
¿Cuántos de los sentados en esa mesa están por el interés del país?
Hay muchos buscando conquistas particulares, no el bienestar de la institución. Es uno de los mayores retos del diálogo.
¿El diálogo tiene el nivel técnico que se necesita?
No. Hizo falta una asesoría técnica independiente. El personal que dispusieron fue el de la Caja, y por más buena fe que tengan, ellos son parte de esto.
¿Qué impide el consenso en esa mesa?
La metodología, que exigió 81% de consenso para acuerdos. Es exagerado. En la Asamblea, las decisiones más trascendentales se toman con dos tercios.
La metodología definió incluir en un informe todas las propuestas, con o sin consenso. ¿Eso no es un peligro en manos de los diputados?
Eso, otra vez, pone en manos de otros la decisión que debió tomar el diálogo. Y esa medida se tomó por falta de acuerdos. Lo correcto era enviar solo los acuerdos.
¿Pero usted sabe el peligro que eso tiene en manos de la Asamblea?
Sí. Yo siempre recordé que no llegar a acuerdos nos iba a someter al riesgo de dejar las decisiones en manos de la Asamblea. Puede pasar lo que sea ahí.
Para enviar todo, con o sin consenso, ¿no era mejor recibir las propuestas vía digital y de paso, ahorrarnos plata?
Definitivamente, la decisión de enviar todo distorsiona el objetivo de haber convocado una mesa de diálogo.
¿Cómo describiría la mediación de Joaquín García Vilar?
Paciente. Al final siento que el principal obstáculo no fue él, sino los intereses, la metodología y las posiciones invariables. Hay quienes llegaron a la mesa con la postura de “es lo mío o no es nada”.
¿Quién falta en esa mesa?
El MEF. Estaban convocados y su asistencia fue nula. Eso es impresentable, porque no podemos tomar ninguna decisión financiera sin que ellos den criterio.
¿Quiénes más tienen puesto y no van?
Los jóvenes y los informales.
Justo los más afectados… y los que se quejan de que no tienen espacios. ¿El país ha dimensionado el tamaño del problema que tenemos encima?
No. Veo un trato muy ligero por parte de las autoridades y también de la sociedad.
¿Por qué, si el problema se ha explicado tanto y tan claramente?
No nos educan para pensar a largo plazo, no hay cultura de ahorro y hay una pobre educación financiera. Por eso el problema se siente distante. Pero está cerca y es más crítico de lo que se piensa.
¿Qué barrera de contención social quedaría si la gente no pudiera recibir su jubilación?
Sería un escenario caótico y pudiera derivar en un estallido social. Quisiera pensar que antes se entenderá que esto es urgente e impostergable. Hay medidas sugeridas que dan un aire a la crisis, mientras podemos valorar medidas más profundas. Independientemente de que se haya llamado a un diálogo, la ley obliga a la directiva a estabilizar a este paciente, salvarle la vida y entonces sentarse a debatir. No lo han hecho.
¿Qué tan grande es este problema comparado con la economía nacional?
Es enorme. Supera el tamaño del PIB.
Pisotearon la figura del diálogo como herramienta de participación ciudadana. ¿Eso no hará que futuros diálogos carezcan de credibilidad?
Pudiera comprometerlos, sí.
¿Lau obedece a Cortizo o a la directiva?
Me parece que al presidente.
Y la directiva, ¿para quién trabaja?
Para los grupos que ellos representan.
Siempre se dice que la directiva está secuestrada por los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia ahora que Aida de Maduro es la presidenta?
Yo no he sentido gran diferencia.
Si no se hace nada, ¿hasta qué año alcanza la plata?
Con el impacto de la pandemia, 2023.
Ellos alegan que no hay cifras claras hace 10 años por fallas tecnológicas no resueltas. ¿Excusa válida?
Independientemente, el departamento actuarial y la junta técnica actuarial coinciden en que la situación es muy crítica. Hay que dejar de buscar excusas superfluas para negar esa crisis evidente.
Muchos expertos coinciden en la necesidad de dividir la Caja en dos: salud y pensiones. ¿Qué dice usted?
Es una medida que hay que valorar. La salud pública es una obligación del Estado. Continuar recargándola en el Seguro distorsiona en parte su función.
La tendencia es moverse de beneficios definidos a cuentas individuales, como en Holanda, donde manejan todos las mismas cifras y hubo un acuerdo nacional. ¿Ve eso pasar aquí?
Tristemente, no. Yo pienso que la solución se encuentra en un punto medio entre los sistemas de reparto, sistemas de ahorro y sistemas complementarios.
¿Qué otros programas van por el mismo camino que el de IVM?
El de Enfermedad y Maternidad está “mírame y no me toques”.
El plan de comprar bonos del gobierno con los fondos mixtos. ¿Por qué amarrarnos solo a los del gobierno?
No deberíamos amarrarnos solo a esos. Se podría valorar invertir en otros instrumentos de mayor rentabilidad.
Consolidar el sistema mixto con el de beneficios definidos. ¿Aconsejable?
No. La junta técnica actuarial ha dicho que eso cuadruplicaría el déficit por año.
¿Cómo se explica que Costa Rica tenga un administrativo por cada 5.7 funcionarios de salud y aquí haya 1 administrativo por cada 1.2 de salud… y sin buenos resultados?
Difícil de explicar. Pero claramente la planilla no se maneja eficientemente.
Usted es joven ¿Qué siente cuando ve lo que le descuentan del cheque?
Pienso que mi dinero podría estar mejor invertido en otro lado.
PERFIL
Representante de la bancada independiente de diputados en el diálogo nacional por la Caja de Seguro Social. Abogado, especialista en docencia superior y magíster en derecho procesal. Asesor legal de la Asamblea.