El presidente Laurentino Cortizo anunció ayer la suspensión de cinco funcionarios, como parte de las medidas inmediatas tras la masacre registrada el pasado miércoles en La Joyita –la más cruenta en la historia de Panamá–, que ha dejado 15 muertos y 13 heridos.
Los suspendidos son el director y subdirector del Sistema Penitenciario, Walter Hernández y Luis Gordón, respectivamente; el encargado de la seguridad perimetral del centro, comisionado José Melamed; el jefe de seguridad de La Joyita, subcomisionado Ismael Argüelles; y el cabo Rigoberto Pérez, encargado de la custodia del pabellón 14, donde ocurrió el hecho.
También anunció un nuevo sistema para seleccionar los custodios civiles de las cárceles, y adelantó que en dos semanas debe recibir un informe sobre los hechos.
Asimismo, dijo que analizan traspasar la Dirección del Sistema Penitenciario al Ministerio de Seguridad.
Tildó de inaceptable lo sucedido y dijo que se asignará un equipo especial para vigilar a los jefes de pandillas.
Masacre de La Joyita se dio por rivalidad entre pandilleros
La alerta se generó a las 2:45 p.m. cuando múltiples detonaciones se escucharon en el pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, ubicada en Panamá Este. De inmediato, el hecho provocó el pánico en el resto de los internos del penal, quienes desde sus ventanas observaban a otros reos armados con fusiles AK- 47, que disparaban contra otros.
Algunos lograron captar en teléfonos celulares, introducidos ilegalmente al penal, las imágenes de varios de sus compañeros corriendo arma en mano por los pasillos del pabellón, mientras disparaban contra otros internos. Unos gritaban “jueguen vivo que la gente de Bagdad se dividió y están soltando bala”. Otros parecían no salir de su asombro y prefirieron esconderse para librarse de una bala perdida.
La refriega se extendió por uno 30 minutos, en los que solo se escuchaban las detonaciones de las armas y los gritos de los internos que corrían desesperadamente para refugiarse del tiroteo. La disputa entre los pandilleros dejó hasta ahora 15 muertos y 13 heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave en el Hospital Santo Tomás.
Quedó marcado así el 17 de diciembre de 2019 como un día trágico de la historia del sistema penitenciario, que supera, incluso, a la llamada masacre de Coiba, ocurrida el 28 de enero de 1998 en la antigua isla penal: cuatro internos fueron asesinados por miembros de una pandilla rival.
Se desplegaron 60 policías del Grupo de Apoyo al Servicio (GAS) de la zona de Pacora, 18 agentes del Grupo de Reacción Rápida (GAR) y otro del grupo de reacción Alfa. Los miembros de la policía rociaron gas pimienta y gases lacrimógenos para reducir a los internos que se encontraban en el área.
La mayoría de las víctimas mortales fueron encontradas dentro del pabellón 14; otros cuerpos se encontraban agrupados en un solo lugar y otros estaban en el pasillo.
En el piso y sin municiones, la policía ubicó algunas de las armas usadas en la matanza. Otras estaban dentro de las celdas.
Cuatro ambulancias del sistema de emergencia 911 llegaron al penal para trasladaron a los heridos al Hospital Lourdes Tzanetatos, en Tocumen, y al Santo Tomás, en el centro de la capital.
Vicente Pachar, médico forense
“En mis 28 años de servicios, este ha sido el incidente que más víctimas ha dejado dentro de un centro penitenciario”.
Necropsia revela alto grado de violencia
El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Vicente Pachar, informó que en las necropsias efectuadas ayer a varias de las víctimas se reveló que estos no solo presentaban heridas con arma de fuego, si no que además fueron atacadas con objetos punzocortantes. Añadió que fueron agredidos con objetos contundentes en diversas partes del cuerpo.
Pachar relató que el incidente rebasó la capacidad de la morgue judicial y que se debió conformar un equipo multidisciplinario para hacer las autopsias, los análisis de criminalística, identificar a los cuerpos y atender a sus familiares.
Manifestó que se trata de casos muy complejos por la diversidad de heridas en los cuerpos. A su juicio, se trató de un incidente tumultuario “muy confuso”, que requerirá de profundos análisis por parte del equipo de forenses para establecer las causas de muerte en cada caso.
Detalló que los constantes hechos de violencia que se registran mantienen en crisis la capacidad de la morgue judicial para hacer frente al volumen de casos que llegan.
En sus 28 años de servicio como médico forense, el de La Joyita es el incidente que, hasta ahora, ha dejado el mayor número de muertos.
Situaciones similares se han registrado en El Salvador, Brasil y Venezuela, en donde el hacinamiento en los centros penitenciarios es el detonante de la violencia.
Pachar reconoció que la violencia está rebasando la capacidad de la morgue judicial para contener los cuerpos que diariamente llegan allí.
Contó que el mes de diciembre ha sido “muy duro” para el Imelcf por la gran cantidad de muertes violentas que han atendido. En la lista de casos figuran el de mujeres que han sido mutiladas.
Ministerio Público inicia investigaciones
En tanto, el Ministerio Público inició las investigaciones del caso y comisionó a un equipo de 30 funcionarios para hacer la recolección de pruebas, entrevistar a los sobrevivientes, y revisar los videos de seguridad del penal.
La Fiscalía de Homicidio y Femicidio, a cargo de David Mendoza, concluyó el trabajo de levantamiento de evidencias a las 5:00 a.m. de ayer, miércoles. Recolectaron casquillos de balas de diversos calibres, ubicaron armas puzocortantes y obtuvieron materiales de las celdas en las que fueron ubicadas las víctimas.
La fiscalía también tomó declaraciones a los familiares de algunas de las víctimas y solicitó un informe del estado de sus procesos judiciales.
Suspenden directivos de Sistema Penitenciario
El presidente Laurentino Cortizo calificó como “inaceptables” los hechos ocurridos en La Joyita, y anunció la suspensión del cargo de Walter Hernández y Luis Gordón, director y subdirector del Sistema Penitenciario, respectivamente; del comisionado José Melamed, encargado de la seguridad perimetral del Centro Penitenciario La Joya; del subcomisionado Ismael Argüelles, jefe de seguridad de La Joyita, y del cabo Rigoberto Pérez, encargado del pabellón 14, donde se registró la masacre.
Cortizo también anunció una investigación de todos los funcionarios (custodios, policías y personal administrativo) de ese centro penal.
A la vez concedió un plazo de dos semanas para que los ministerios de Gobierno y de Seguridad rindan un informe público de los hechos registrados en el penal, así como el establecimiento de un nuevo procedimiento para el reclutamiento de los custodios que trabajen en los centros penales.
Al mismo tiempo, dejó claro que futuras destituciones dependerán del contenido del referido informe, pero que la situación dentro de las cárceles debe cambiar.
El mandatario se mostró partidario de la creación de una policía penitenciaria con escalafones, en la que los funcionarios puedan escalar conforme a sus capacidades y desempeño.
También abogó por el establecimiento de mecanismos para la resocialización de los internos. Reconoció que hay que buscar alguna alternativa al tiempo libre del que gozan los privados de libertad.
Como medida preventiva, todos los internos que se encontraban en el pabellón 14 y que pertenecen a una misma pandilla, fueron trasladado al centro penal La Nueva Joya.
