El subdirector del Registro Público, Agustín Lara Díaz, fue asesinado a tiros por dos hombres que se desplazaban en moto, mientras el también activista del gobernante Partido Revolucionario Democrático participaba en una campaña de inscripciones de su partido en Los Andes, San Miguelito.
Ante el crimen, el Ejecutivo hizo un llamado a la paz y ofreció su colaboración con las investigaciones.
Asesinan a funcionario y activista político; criminalidad no se detiene
Lara Díaz fue asesinado al mediodía de este 14 de noviembre por dos hombres. El funcionario, de 50 años y socio de la firma de abogados Pineda, Lara, Sánchez y Asociados, se encontraba en una jornada de inscripciones de su partido en Los Andes No. 2, San Miguelito. Según los informes preliminares, dos personas llegaron en una moto al recinto deportivo donde se efectuaba esta actividad.
Uno de ellos se dirigió a donde estaba Lara Díaz y efectúo varias detonaciones. Los malhechores huyeron rápidamente. Gravemente herido, fue llevado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció.
Se desconoce el móvil del homicidio. “Estamos estableciendo las líneas de investigación”, dijo John Dornheim Castillo, director general de la Policía Nacional, al llegar al lugar. Funcionarios de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de San Miguelito también acudieron para iniciar las investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal.
Este caso se suma a los más de 400 homicidios que reporta el Ministerio Público en lo que va de 2021.
La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en Panamá instó a sus ciudadanos a tener una mayor “precaución debido al crimen”, ante un incremento de los homicidios. Lo hizo luego de que el 30 de octubre, en río Chico, de Natá, Coclé, un empresario estadounidense y su piloto fueran encontrados asesinados.
Esa misma semana, cinco personas fueron asesinadas en la discoteca Espacio Panamá, cerca de San Felipe, lo que, según las autoridades, tuvo relación con un ajuste de cuentas de drogas entre pandillas de San Pedro, Juan Díaz, y de Cerro Cocobolo, San Miguelito.
Sobre esta ola de crímenes, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, aseguró que Panamá “no es inseguro” y que los casos reportados responden “a ajustes de cuentas entre bandas delictivas”.
¿Crimen organizado en la política?
“Basta de ser tolerantes ante la infiltración del crimen organizado en la política”, tuiteó el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, tras enterarse del crimen de su copartidario.
Lamentamos y condenamos el asesinato de Agustín Lara en San Miguelito el día de hoy. Nuestras condolencias a su familia.
— Pedro Miguel Gonzalez (@PedroMiguelPRD) November 14, 2021
Basta de ser tolerantes ante la infiltración del crimen organizado en la política.
Recordó que durante los tres últimos gobiernos se ha hablado “sobre este nefasto fenómeno”. Agregó que es “hora de actuar ya con un plan estratégico sin contemplaciones y con luces largas”.
En octubre de 2016, el entonces presidente, Juan Carlos Varela, aseguró tener información de que políticos estaban involucrados con grupos delincuenciales o de narcotráfico. “Pasaremos la información a las autoridades de esos partidos para que, de una forma u otra, estén al tanto de las situaciones que tienen internamente”, dijo.
Recientes reportes del Ministerio de Seguridad dan cuenta de que, en lo que va de 2021, decenas de funcionarios han sido detenidos en operaciones contra redes de trasiego de drogas y blanqueo de capitales.
Laboraban en instituciones, como la Policía, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronoval, el Servicio de Protección Institucional, el Aeropuerto de Tocumen, la Asamblea Nacional e, incluso, en el Ministerio Público.
Lara fue candidato
Agustín Lara Díaz fue candidato a diputado por el circuito 8-6 en las pasadas elecciones generales. Según datos de la Contraloría, entre 2014 y 2019, Lara recibió pagos por $122 mil como funcionario de la Asamblea Nacional. Fue nombrado subdirector del Registro Público en julio de 2019.
De hecho, el Índice Global de Crimen Organizado 2021, publicado recientemente, expone las debilidades del Estado panameño para enfrentar las redes del crimen organizado. Según el documento, a nivel global, funcionarios de los estados con influencia sobre autoridades nacionales son ahora los principales actores del crimen organizado, y no los jefes de carteles o mafias.
El Índice explora cómo la infiltración del crimen organizado en la política es cada vez más común.
