Si se concreta el traspaso del Ministerio Público (MP) de manos de Kenia Porcell en enero de 2020, Panamá habrá tenido ocho Procuradores de la Nación en 30 años, es decir, un promedio de un procurador cada 3 años y 9 meses. Esto, para un cargo que por Constitución tiene una duración de 10 años. Esa es una confirmación de la inestabilidad del cargo y, por ende, de la justicia panameña.
La salida de Porcell complica enormemente la frágil lucha contra la corrupción y las redes del crimen organizado. El MP no tiene el equivalente de una carrera judicial, lo que causa que fiscales y personeros enfrenten mucha incertidumbre en sus cargos.La renuncia de la Procuradora debe conllevar a un proceso rápido de selección de un reemplazo por parte del Ejecutivo.
El artículo 224 de la Constitución, inherente a las designaciones del Procurador General de la Nación y del Procurador de la Administración, excluye a estos dos altos cargos de tener un suplente permanente. Son los únicos funcionarios de mando y jurisdicción en el Estado panameño que no tienen suplente permanente.
Esto no siempre fue así y la regla se cambió para favorecer la politización de la justicia, después del caso CEMIS, que involucró a miembros del Órgano Legislativo del periodo 1999-2004.Una vez, el Consejo de Gabinete selecciona al nuevo Procurador, este debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, en igual procedimiento que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El nuevo Procurador terminará el resto del periodo de la procuradora Kenia Porcell, es decir, si todo sale bien, concluirá su labor el 31 de diciembre de 2024.Respecto a los datos divulgados por las filtraciones de los “Varelaleaks”, existen dos líneas de investigación.
Por una parte, todas las personas cuyas comunicaciones fueron presuntamente interceptadas son víctimas de este delito. Al tratarse de altos funcionarios del Estado, la investigación debe ser oficiosa para determinar quiénes realizaron las presuntas interceptaciones, tanto como autores materiales como autores intelectuales de las mismas.
Nadie previene que estas conductas continúen contra el actual equipo de gobierno.La otra línea de investigación oficiosa que debe seguirse es respecto al contenido de los “Varelaleaks”. Se explicó con anterioridad que esa información no puede utilizarse como prueba, porque fue obtenida presuntamente de forma ilegal. Sin embargo, el contenido de las comunicaciones puede servir de indicio de la comisión de posibles conductas delictivas.
Corresponde a los investigadores (Ministerio Público) buscar los medios de prueba con documentos, declaraciones, peritajes o auditorías forenses para validar si, efectivamente, estamos ante la presencia de hechos punibles.Ninguna de estas pesquisas puede ser desarrollada por la procuradora Porcell, debido a que ella es una presunta víctima de las interceptaciones de las comunicaciones.
El cambio de Procurador le ofrece al presidente Laurentino Cortizo una oportunidad única en nuestra historia reciente. El mandatario designará a seis magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia e igualmente a nueve magistrados suplentes. Como si esta huella en la administración de justicia fuera poco, ahora le corresponde designar a un nuevo Procurador o Procuradora. Si el presidente Cortizo está interesado en fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y continuar la lucha contra la corrupción de los gobiernos pasados, requiere considerar seriamente como posible reemplazo de la Procuradora Porcell a un profesional con amplia experiencia en materia investigativa y con un dominio del derecho procesal penal, y que no mantenga conflictos de intereses políticos o económicos.
Existen buenos candidatos o candidatas dentro del actual Ministerio Público para darle continuidad y estabilidad a la organización.Quizás, lo más importante que puede hacer el presidente Cortizo, además de una selección de calidad para el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, sería invitar a las Naciones Unidas para conformar una comisión internacional de investigación para erradicar la impunidad en Panamá. Esta comisión podría seguir los pasos de la que funcionó en Guatemala y que sirvió para restaurar la institucionalidad y el estado de derecho en dicho país, desmantelando las redes de corrupción política organizadas.
