La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) no cuenta con un registro que especifique de “manera corroborable” y “en tiempo real, la identidad de los menores que se encuentran en albergues”. Así lo dejó plasmado la ahora exdirectora de la institución, Mayra Inés Silvera, en una carta enviada a la junta directiva de la Senniaf el pasado lunes.
Su renuncia se generó el 3 de marzo, en medio del escándalo por falta de controles en albergues, y denuncias de abuso y maltrato a niños, niñas y adolescentes.
Agenor Rudas, representante de la Red de Niñez y Adolescencia en la junta directiva de la Senniaf, aseguró que en cuanto a los registros de los menores albergados, se busca digitalizar la información para “tener una base de datos completa”. Agregó que actualmente los datos se manejan de forma manual.
Ayer, la Presidencia informó que habrá una convocatoria para escoger al próximo director o directora.
Senniaf: un callejón sin salida, habrá concurso para el cargo
Dos audiencias, una visita a un albergue, más protestas, otra carta reveladora y el silencio de las autoridades. Así se podría resumir la cadena de hechos de ayer viernes en torno al escándalo por los abusos cometidos en albergues custodiados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, (Senniaf).
Las audiencias
En la mañana se desarrollaron dos audiencias en la sede del Primer Distrito Judicial. La primera fue para legalizar la detención e imputar cargos a una mujer por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.
Esta persona, cuyo nombre no ha sido revelado, fue aprehendida el pasado jueves en La Chorrera. En una nota de prensa, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que la imputada administraba un albergue ubicado en Tocumen, donde se detectaron irregularidades en el manejo de más de $90 mil del subsidio de la Senniaf.
En el MP dijeron a este medio que se trata de Funchipa, y que el monto de la lesión podría elevarse, ya que la cifra dada a conocer ayer ($90 mil) corresponde a una auditoría de 2019, y aun faltan las investigaciones correspondientes a los años anteriores y la de 2020. Por año, este albergue recibe $1.2 millones.
En la segunda audiencia se decretó la detención provisional de otra mujer investigada por presunto maltrato a un menor. La mujer fue aprehendida el pasado jueves en Arraiján. El MP investiga al menos ocho casos por irregularidades y abusos en albergues del país.
Diputados de la Asamblea Nacional, Alina González y Tito Rodríguez visitan El Hogar San José de Malambo en Arraiján. Se reúnen con la directora del hogar Sor Lourdes Reiss. Video: Elysée Fernández. #LaPrensaSecuestrada sigue informando. pic.twitter.com/XDjSQmcj0k
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 5, 2021
Diputados en Malambo
Mientras las audiencias estaban en marcha, un grupo de diputados visitaba el Hogar San José de Malambo, ubicado en Panamá Oeste. Los diputados Tito Rodríguez -segundo vicepresidente de la Asamblea-, Alina González y Corina Cano se reunieron con Lourdes Reiss, directora del hogar. Rodríguez narró que en la Asamblea estarían “muy pendientes del asunto”. Fue precisamente una subcomisión legislativa de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de ese órgano, la que dio a conocer el pasado 9 de febrero el informe que reveló los abusos físicos, psicológicos y sexuales en albergues subsidiados con fondos públicos. Sin embargo, buena parte de esa información ya era de conocimiento público, debido a investigaciones periodísticas.
La religiosa Reiss agradeció la visita de los diputados, así como “la consideración y el aprecio”. “Gracias a Dios hemos procurado brindarle a los niños lo mejor que ellos se merecen. Este año, el Hogar Malambo está cumpliendo 131 años de fundado, 26 años de estar en Arraiján”, dijo.
Otra carta
Tanto la detención provisional de las dos mujeres, como la visita de los diputados a Malambo, se dio un día después de la escandalosa “renuncia” de Mayra Inés Silvera a la dirección de la Senniaf. Silvera, en una entrevista con Radio Panamá, reveló que el pasado 3 de marzo, en la Presidencia de la República, le hicieron firmar una carta de renuncia ya redactada, aunque ella intentó dejar el puesto una semana antes (el 25 de febrero), pero no se lo permitieron, pues le dijeron que la iban a apoyar.
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Silvera también hizo publica una carta que le mandó a María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Senniaf. Es un documento de dos páginas con 13 puntos, con fecha del pasado 1 de marzo. Allí, Silvera reveló que su antecesora Sara Rodríguez no le entregó una auditoría de su gestión, ni documentación ni informe sobre alguna situación de la entidad, por lo que ella solicitó auditorías a la Contraloría. También dijo que encontró subsidios a albergues sin el debido sustento ni refrendo de la Contraloría.
“Encontré que se creó una partida para subsidios”, se lee en uno de los puntos de la nota de Silvera a la ministra Castillo. En otro expuso que “existen debilidades e inconsistencias en el seguimiento de los casos en coordinación con los juzgados de niñez y el Ministerio Público”. Y en el punto 12, escribió: “a la fecha, no he encontrado ningún registro en donde se especifique de manera corroborable y en tiempo real la identidad de los menores de edad que se encuentren en albergados”.
Convocatoria
Al final de la tarde de ayer, la Presidencia rompió el silencio. En un comunicado dio a conocer que la junta directiva de la entidad aprobó el reglamento del concurso para escoger al nuevo director o directora, acogiendo una propuesta del presidente Laurentino Cortizo: saldrá de una lista de cinco personas que tengan los requisitos para el puesto.
La convocatoria para los interesados será desde el próximo lunes 8 de marzo hasta el 12 de marzo. Deberán llevar una serie de documentos al Ministerio de Desarrollo Social, donde cada aspirante será atendido por orden de llegada. El boletín de prensa cita palabras de Cortizo: “confiamos en que este proceso de selección nos conduzca a encaminar al Senniaf a la reestructuración y fortalecimiento institucional (...) para la protección de las garantías de niños, niñas, y adolescentes”.
(Con información de Juan Manuel Díaz y Ohigginis Arcia Jaramillo)
