La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la Contraloría General de la República contra una resolución con la que la Procuraduría de la Administración inició una investigación sobre posibles irregularidades en un contrato que dio la Contraloría a la empresa Venqis S.A. por la suma de $49 mil 487 para imagen y relaciones públicas.
El fallo, bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López, precisa que el procurador Rigoberto González no violó ninguna norma constitucional al solicitar información a la entidad que dirige Gerardo Solís, sobre el referido contrato, ya que actuó a raíz de la denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño.
Además, detalla que la solicitud de información sobre los pormenores del contrato por parte del procurador González cae dentro de sus atribuciones como Procurador de la Administración, por lo que deberá cumplir con permitir el acceso a los datos solicitados.
El amparo presentado por la abogada Kathia Rojas, en representación del contralor Solís, alegaba que la resolución No PA/DS-253-2020 del 9 de septiembre del 2020 expedida por el procurador González, en la que se acogió la denuncia presentada por Cedeño, violaba los artículos 18 y 32 de la Constitución.
Según Rojas, el procurador González no es autoridad competente para juzgar al contralor Solís, por lo que estaría vulnerando el artículo 32 de la Constitución, ya que la figura del contralor sólo puede ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia.
El fallo plantea que en este caso González actuó de forma correcta, ya que en ningún momento ha intentado asumir funciones que le corresponden a la Corte, pues en este caso se trata de una investigación incipiente contra la Contraloría General de la República, y no directamente contra Solís.
A la vez aclara que una vez realizada la investigación preliminar, el procurador González, estaría en la posición de determinar si se cometió o no una irregularidad y determinar si se debe seguir un proceso disciplinario o remitir a una autoridad competente por tratarse de un posible delito penal.
Mientras que los magistrados de la Corte Cecilio Cedalise y Ángela Russo emitieron votos razonados en este caso.
