Durante la pandemia de la Covid-19, los conductores de taxi mostraron su músculo. Tras protestas en las calles, las autoridades cedieron a sus exigencias: restringir la circulación del transporte selectivo en días alternados, es decir, los que tenían placas terminadas en número par, circularían un día, y al siguiente, el de número impar, y así hasta agosto pasado.
En sus protestas, que paralizaron parcialmente el país, su mayor queja era que había demasiados cupos para unidades de transporte, cupos que otorga gratuitamente el Gobierno, aunque, en torno a estas concesiones hay enormes y viejos negociados.
La desazón de los transportistas hace obligante preguntarse si, efectivamente, hay demasiados cupos otorgados, y, si es así, ¿están concentrados? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se entregan?
La Prensa solicitó a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) información sobre el lugar, tipo de cupo y concesionarios, a través de la Ley de Transparencia. Tras meses de espera, la institución la entregó.
Una petición similar a la ATTT hizo el diputado independiente Gabriel Silva. Tras un habeas data decidido a su favor, la Corte Suprema de Justicia obligó a la ATTT a entregar lo pedido, aunque, según Silva, la información estaba incompleta. Silva entregó a La Prensa lo que recibió de la ATTT.
Con la data entregada a La Prensa –un archivo en PDF de mil 161 páginas, y la de Silva, de 2 mil 827 páginas, información presentada de manera distinta, La Prensa tamizó ambas listas y luego unió datos para investigar y verificar doblemente, utilizando tablas dinámicas de Excel. Es importante señalar que la información de la ATTT presenta inconsistencias, imprecisiones y le falta información, como dijo Silva.
La data digital de la entidad hasta 2019 (la más reciente) muestra 82 mil 401 cupos en total (incluyendo hasta los del Metrobus). La ATTT, además, entregó –en papel el año pasado– hojas de cálculo con los permisos de operación en esta administración para Bocas del Toro y Veraguas, que fue sumado en este análisis.
Las discrepancias son evidentes. En entrevista en julio pasado con La Prensa, voceros de la ATTT informaron que hay 75 mil 794 cupos de transporte activos, repartidos entre selectivo, buses, colegiales, rutas internas, servicio de turismo y de lujo, aglutinadas en unas mil 200 empresas. Pero la información entregada por la ATTT refleja 6 mil 607 cupos más.
Los llamados “palancas” pertenecen a estas mil 200 empresas. La Ley 34 de 1999 –que regula el transporte público– exige que los transportistas se organicen a través de sindicatos, cooperativas o sociedades anónimas, supervisadas por la ATTT. Sin embargo, los “palancas” no tienen relación con los dueños de las concesiones. Es decir, no velan por sus derechos, explicó en julio pasado el entonces director de la ATTT, Miguel Martínez, quien renunció al cargo en septiembre pasado.
El archivo revela nombres de personas naturales y jurídicas que concentran los cupos y se confirma lo que muchos transportistas y usuarios repiten: que, como en muchos otros casos, hay una buena parte de políticos que concentra poder recibiendo cupos de todo tipo. Igual que sucede con libretas de billetes de lotería, nombramientos de personal en cargos públicos, pagos de subsidios y ayudas económicas.
“Puede haber políticos con cupos, médicos con cupos, abogados con cupos. Todas las personas pueden adquirirlos, porque la ley no te lo prohíbe. Pero nosotros no vamos a dar cupos políticos, no lo vamos hacer. Vamos a exigir todos los requisitos que establece la Ley… Aquí, los políticos no tienen influencia”, decía a este medio el hoy exdirector de la ATTT, abordado cuando ejercía el cargo.
Aunque Martínez afirmó no haber entregado cupos y menos bajo criterios políticos, son políticos de todos los partidos y su círculo cercano los que concentran los cupos, tanto del transporte colectivo como del selectivo, el grueso entregado durante el pasado quinquenio.
Durante tres meses, La Prensa cruzó los nombres de los diputados con la base de datos de cupos de la ATTT; segmentó la información por provincia para investigar las organizaciones que mantienen la mayor cantidad de cupos; verificó y corrigió los nombres de empresas y organizaciones concesionarias (mal escritas o incompletas en la data); se revisaron más de 100 sociedades y fundaciones en el Registro Público, así como las relaciones comerciales y parenterales de sus directivos y personas naturales con un número plural de cupos.
El resultado evidenció que hay algunas organizaciones –con directivos que se repiten– que acumulan juntas cientos y hasta miles de cupos. A su vez, hay cupos en manos de fundaciones privadas, compañías de leasing, inmobiliarias y financieras.
Por ejemplo, hay 21 cupos a nombre de inmobiliarias que operan en las provincias de Panamá y Chiriquí. También hay cupos a nombre de 10 fundaciones que dan servicio de transporte selectivo y colectivo. Incluso, la empresa Montana International Group, cuya actividad principal es la explotación mineral, cuenta con 19 cupos (taxi y buses en rutas en Coclé). Su agente residente, es decir su abogado, es Justo Castañeda, hermano de la subsecretaria general de la Asamblea Nacional y exdiputada de Cambio Democrático Dana Castañeda.
Justo Castañeda confirmó que él y su familia son transportistas; que no tramitó los cupos de Montana, pero sí otros, por la necesidad de los usuarios, “y sin influencia de nada”.
Estos hechos son criticados por los transportistas, pero Martínez dijo que la Ley no lo prohíbe. “Los certificados se les otorga a las prestatarias y estas las asignan a los que van a operar”, añadió.
“La mafia, al estilo de Al Capone, tiene secuestrado el sistema del transporte. El presidente de la Comisión de Presupuesto y de Transporte [de la Asamblea Nacional] Benicio Robinson, directivo de la Cámara Nacional de Transporte [Canatra], es el que protege y controla todo el sistema mafioso del transporte”, afirmó Juan Salas, conductor de taxis, que desde 1987 trabajó en este sector como ayudante de bus –junto a su padre– y quien espera recibirse de abogado en dos años, porque dice que estudia “para defender a los transportistas”.
Salas añadió que Miguel Martínez, el anterior director de la ATTT, fue suplente del exdiputado y actual secretario de la Asamblea, Quibián Panay (PRD).
La Prensa intentó entrevistar a Robinson de forma directa, se lo solicitó a través de su relacionista, pero no respondió las llamadas ni mensajes. El nombre del diputado aparece como fiscal de la Canatra, según el Registro Público.
“Hay una mafia entre los diputados, políticos y organizaciones prestatarias –añadió– que usan los políticos para lograr sus objetivos”.
Estos cupos se concentran en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y de ellos se derivan negocios millonarios.
Un conductor de taxi o “palanca” puede trabajar unas 18 horas diarias –desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.–, para llevarse $10 diarios a su casa, dijo Salas. La razón del poco ingreso del conductor es que debe compensar el pago a la concesionaria por el certificado de operación que las personas jurídicas y naturales obtienen gratuitamente de la ATTT. El precio de un cupo de taxi puede oscilar entre los $1,000 y $1,800 en la capital.
Pero el valor va en ascenso en provincias. Por ejemplo, a $70 mil, en Los Santos y Herrera; en Panamá Oeste, entre $10 mil y $30 mil; en Veraguas, $60 mil. Y si se trata de un cupo de bus, el precio supera el medio millón de dólares, comentó Salas.
Otro transportista, que pidió anonimato por ser dueño de una concesionaria, indicó que en Herrera consiguió un cupo a $30 mil, y en Panamá Oeste cuestan entre $8 mil y $13 mil; y en Veraguas, $30 mil.
En tanto, en una querella presentada ante el Ministerio Público, el exdirector de la ATTT supuestamente habría vendido un cupo para una ruta interna de transporte colectivo Panamá-La Chorrera en $13 mil.
Además, los conductores de taxi deben pagar por “derecho de zarpe”: $3 diarios o $1,095 anuales. Y por día, tienen que abonar $43 por el vehículo que les venden las concesionarias.
“Eso es extorsión por todas lados. $20 también son para la prestataria, que da la carta para que le den la placa o el llamado cupo”, dijo Salas.
“Las transferencias de certificados de operación se permiten. Se dan gratis, con un papeleo de $10. Entendamos que estamos en un sistema capitalista, y cuando sale al mercado, tienen un valor. Igual sucede con las radiodifusoras, se permiten las cesiones…”, explicó Martínez, y destacó que su prioridad era velar por el buen servicio a los usuarios.
Pero múltiples transportistas describen el sistema como una “mafia”, una percepción que coincide con la otra cara del servicio. Franklin Carles, director nacional de los usuarios del transporte ante la junta directiva de la ATTT, también lo califica del mismo modo. Todas estas situaciones desencadenan en la mala atención y tarifas abusivas, opinó Carles.
La mafia pudiera existir en la entrega de los cupos, dijo Carles. “Cuando uno usa el término mafia es porque uno, como usuario, reclama y reclama, y es como si estuviera peleando con un muro de concreto armado de 100 metros de espesor, por una parte, y entre el usuario y el transportista, y la ATTT, que debe ser el árbitro, [pero que] tira para el lado de los transportistas”, se quejó Carles.
Martínez reconoció que hay una sobreoferta de cupos debido a que buena parte de estos se otorgaron durante el auge económico 2010-2011 –dijo–, cuando el producto interno bruto (PIB) alcanzó los dos dígitos (11.3%). Pero aseguró que, aunque el mercado tiende a equilibrarse solo, no pueden cancelar cupos para evitar la sobreoferta.
Fuentes de la ATTT y transportistas coinciden en que en la administración pasada se emitieron demasiados cupos. De 53 mil 855 cupos de taxi en todo el país, en el quinquenio pasado se entregaron 37 mil 762, refleja el análisis por fecha de “expedición” de cupo, según la base de datos de la ATTT.
Entre las organizaciones que más cupos concentran figuran Radio Taxi El Dorado, con 556 cupos, sociedad que tiene como secretario a Franz Wever Zaldivar, exdiputado PRD y exsecretario de la Asamblea Nacional, quien dijo a La Prensa que no recordaba la cantidad de cupos. Dijo que los repartió la ATTT a las concesionarias y aclaró que hay otras “de venezolanos” que tienen el grueso y que, definitivamente, no figuran entre los directivos, sino a través de nacionales.
La transformación y el análisis de los datos se efectuó con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística(Clip), Rigoberto Carvajal ingeniero de datos y con el apoyo de la periodista Paulette Desormeuax.
