Tribunal anula sentencia que favoreció a Ricardo Martinelli

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial anuló la sentencia de “no culpable”, emitida el 9 de agosto de 2019 a favor del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado por la interceptación no autorizada de las comunicaciones, en los dos últimos años de su mandato.

Dos de los magistrados, Donaji Arosemena y Yiles Pittí, acogieron un recurso de nulidad impulsado por el Ministerio Público, en el que se pedía un nuevo juicio para Martinelli. El otro magistrado, Diego Fernández, salvó su voto. No obstante, los tres estuvieron de acuerdo en rechazar un recurso similar presentado por las víctimas querellantes Rosendo Rivera, Juan Carlos Navarro y Rubén Polanco.

Ahora se requerirá un nuevo juicio, con nuevos jueces, para establecer responsabilidades por la presunta comisión de dos delitos: inviolabilidad del secreto (interceptación de comunicaciones sin autorización judicial) y violación al derecho a la intimidad (seguimiento y persecución ilegal). Se excluye otros dos delitos incluidos en la acusación original: peculado de uso y peculado por malversación.

La lectura de la sentencia se dio pasadas las 5:00 p.m. de este viernes, dos horas después de iniciar la audiencia virtual, celebrada en las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá, ubicadas en Plaza Ágora.

Se desconoce cuándo se realizará el nuevo juicio, salvo que en el mismo no actuarán los tres jueces del proceso anterior.

Lo que habían pedido los querellantes y el Ministerio Público

Los magistrados Arosemena, Pittí y Fernández habían escuchado los argumentos de las partes en una audiencia celebrada el pasado 15 de octubre. Allí, el fiscal Ricaurte González alegó que en el juicio a Martinelli, los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara no valoraron en debida forma las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) ni los querellantes particulares.

En aquella ocasión, tanto González como David Cuevas, querellante en representación de la víctimas Rosendo Rivera, Rubén Polanco y Juan Carlos Navarro, señalaron que el tribunal de juicio desestimó la declaración del testigo protegido 8430145 (Ismael Pittí), quien sustentó que en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) operaba una oficina a la que solo tenían acceso ciertos oficiales, en la que se hacían trabajos de escuchas telefónicas y seguimiento a dirigentes políticos, obreros, dirigentes gremiales y periodistas. Además, que estos reportes se entregaban en la Presidencia de la República, directamente a Martinelli.

El fiscal González alegó que el testigo protegido dio al tribunal de juicio detalles de cómo, cuándo y dónde los funcionarios del Consejo de Seguridad Ronny Rodríguez y William Pittí utilizaron tecnología israelí para realizar las interceptaciones telefónicas.

González también sustentó que esto quedó acreditado, ya que en el expediente existe una certificación del Hotel Miramar que probaba que colaboradores de la empresa NSO Group, Ltd proveedora de parte de la tecnología usada para las interceptaciones, se hospedaron allí.

Lo que alegaron los magistrados

De hecho, los magistrados que estuvieron a favor de anular la sentencia señalaron que el tribunal de juicio no valoró en debida forma el testimonio dado por el testigo protegido, pese a que éste dio detalles pormenorizados de la operación en el edificio 150 del CSN, donde un grupo de agentes realizaba escuchas telefónicas y daba seguimiento a una larga lista de personas (hasta 150).

Los magistrados Arosemena y Pittí consideraron que los testimonios de Ismael Pittí y Júbilo Grael (otro agente del CSN) muestran la existencia de las actividades ilegales que se desarrollaban en el edificio 150.

También detallan que el tribunal de juicio erró al considerar al testigo protegido como sospechoso y no valorar la relación de hechos que hizo este.

A la vez, el fallo destaca que en la fase de interrogatorio al testigo protegido, se permitió a los abogados defensores hacer alegaciones que no correspondían en ese momento.

Agrega que los testimonios de Grael y Javier Quirós, este último también miembro del CSN, corroboraron la versión de la existencia de un grupo dedicado a realizar seguimientos e interceptaciones y que su jefe, Ronny Rodríguez, entonces subdirector del CSN, les dijo en varias ocasiones que dichas tareas eran órdenes del “boss”, como se referían al entonces presidente Martinelli.

El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad presentado por el Consorcio de Abogados de Panamá en representación de las víctimas querellantes Rivera, Polanco y Navarro, por considerar que no fueron claros al sustentar sus objeciones en cuanto al fallo del tribunal de juicio.

Tras la decisión, uno de los abogados querellantes, Carlos Herrera Morán, dijo que recibía la noticia con beneplácito y que ahora se preparan para que se nombren jueces imparciales.

Consideró se trata de una pequeña gota de justicia.

En iguales términos se refirió Balbina Herrera, una de las víctimas de los pinchazos, quien se mostró esperanzada en que ahora sí se pueda lograr justicia, como ya se hizo en el caso de los exdirectores del CSN, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, condenados a cinco años de prisión, por estos mismos hechos..

Martinelli celebraba antes de conocer la noticia

Tres horas antes del inicio de la audiencia de ayer, Martinelli, junto a su vocero Luis Eduardo Camacho, estaba en una cafetería en el centro comercial Multiplaza. En su cuenta de Twitter, donde suele comentar su día a día, no había publicado nada respecto al fallo del Tribunal de Apelaciones, al cierre de esta edición.

Esta semana, Martinelli no se mostró preocupado por lo que podría suceder en la audiencia de ayer. Incluso, circuló en redes sociales un video en el que se le aprecia bailando y cantando en la inauguración de la sede de su partido político en formación Realizando Metas (RM). Durante todo el proceso judicial en su contra, Martinelli alegó diversos quebrantos de salud. La última vez que un fiscal intentó indagarlo (en esa ocasión, por los sobornos de Odebrecht), mostró un certificado que lo incapacitaba por 60 días.

Por el caso Odebrecht, Martinelli es requerido en indagatoria, así como sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos detenidos en Guatemala desde el 6 de julio pasado, en espera de ser extraditados a Estados Unidos, donde una corte de Nueva York los requiere por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar dinero.

En Estados Unidos, los hijos del expresidente son acusados por haber recibido $28 millones de Odebrecht. Los pagos -como consta en la acusación sellada por orden de un juez de Brooklyn- habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora. No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un alto cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.

Con el partido en formación, que lleva sus iniciales, Martinelli pretende llegar al poder en las elecciones de 2024.