Tribunal de Cuentas y DGI, enfrentados por sentencias

El Tribunal de Cuentas impulsa cambios a la Ley 67 de 2008, que creó esa jurisdicción, pues asegura que la Dirección General de Ingreso (DGI) no ejecuta las sentencias. La DGI lo rechaza.

Cigarruista: la DGI no ejecuta sentencias a favor del Estado

El presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, pidió a la Asamblea Nacional reformar la Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas, para que pase a ésta la ejecución de sentencias que están en manos de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Queremos ejecutar las sentencias. La Ley 67 de 2008 señala que la ejecución de la sentencia tiene que ser a través de la DGI, pero esta función no se está cumpliendo desde 2009 y queremos que mediante ley se nos asigne el cumplimiento de esta función para ser eficientes”, dijo al sustentar el presupuesto del Tribunal para 2022 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

Advirtió que si jurídicamente no se les asigna esta función, la jurisdicción de cuentas “seguirá siendo inoperante”. Explicó, por ejemplo, que desde 2009 tienen 374 fincas fuera del comercio ante la DGI, 428 cuentas bancarias, 367 carros listos para liquidación y para que sean elevados a embargo o remate, pero a esta fecha la DGI no ha ejecutado nada. “Nosotros, que somos los que hacemos el proceso, ni siquiera sabemos dónde están esas fincas, esos automóviles, ese dinero. La ley dice que se nos tiene que rendir informe y eso no se hace”.

El artículo 84 de la Ley 67 dice que después de dos meses de ejecutoriada la resolución de cargos, o su acto confirmatorio, el Tribunal de Cuentas remitirá copia de esta, al igual que de las medidas cautelares dictadas, a la DGI para que proceda a hacerla efectiva mediante los trámites del proceso por cobro coactivo.

En julio pasado, este medio supo que los magistrados del Tribunal de Cuentas acudieron a la Asamblea para presentar ante el pleno un anteproyecto de ley que busca modificar dicha norma, pero hubo un debate respecto a si el Tribunal tiene o no iniciativa legislativa y por ende, según confirmó Cigarruista, la sustentación se suspendió y ahora esperan que el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, les informe si pueden o no presentar el documento.

DGI se defiende

Ante la solicitud del Tribunal de reformar la Ley 67, el director de la DGI, Publio De Gracia, dijo que el trabajo se está haciendo. “Desde la DGI, no coincidimos en la propuesta presentada en la Asamblea”, indicó.

Explicó que hay que seguir una serie de procedimientos antes de recuperar el dinero, por lo que desde que llegó a la entidad procedió a realizar un levantamiento de información, tras lo cual identificó cerca de 800 expedientes.

“El 97% de los expedientes corresponde a resoluciones proferidas antes de 2018, mientras que el 99.7% de las condenas es de periodos entre 1992 y 2018. Las sumas liquidadas garantizadas con medidas cautelares equivalen al 0.1% del total de las condenas”, precisó, y detalló que como resultado de las gestiones cobraron, entre 2019 y abril de 2021, $389 mil 786.47 y notificaron a 430 personas asociadas con procesos con más de 20 años de haber sido recibidos.

Insistió en que se han reabierto todos los casos, que se ha intensificado la notificación y que se procedió a establecer un juzgado exclusivo para conocer los casos del Tribunal de Cuentas.

De Gracia dijo que en mayo pasado se reunió con Cigarruista y con la fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, abordaron el problema de la ejecución de sentencias y la DGI identificó que para mejorar este asunto “el proceso debe tener más uso de tecnología, mayor iniciativa y eficiencia del tribunal para el envío oportuno de las sentencias y de parte de la DGI un equipo especial con recursos para lograr su ejecución”.

Añadió que el titular del MEF, Héctor Alexander, conoce el diagnóstico y ha enviado apoyo para trabajar en un proceso digital para la notificación y colaboración entre instituciones.