No se sabe dónde está, pero sigue siendo noticia. El Tribunal de Cuentas llamó a juicio al exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez y al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli por la pérdida de una máquina que se compró en 2010 para supuestamente espiar comunicaciones de ciudadanos desde el Consejo de Seguridad Nacional.
Se trata del equipo que el Ejecutivo compró a la empresa israelí MLM Protection, a un costo de $13.4 millones, con fondos del PAN y cuyo paradero se desconoce.
El tribunal, conformado por los magistrados Rainier Del Rosario Franco (presidente), Alberto Cigarruista Cortéz (vicepresidente) y Álvaro Visuetti Zeballos (vocal), anunció la decisión a través de un oficio emitido ayer, jueves 21 de noviembre. La Fiscalía de Cuentas ya fue notificada de la decisión.
El tribunal tiene la competencia de juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades.
La auditoría
El caso se inició en la Contraloría General de la República, que le siguió la pista al proceso de adquisición, recepción, pago y custodia del equipo. Mediante una auditoría, del 4 de mayo de 2015, se establecieron supuestas responsabilidades de Pérez y Tamburrelli.
A Pérez lo vinculó con la “recepción a conformidad del equipo, el servicio de instalación, el entrenamiento y la custodia”.
Determinó que en el documento identificado como “carta de recibo” y “carta de recepción final” [de la pinchadora] se observó una firma ilegible y debajo de esta su nombre.
Sin embargo, Gustavo Pereira, abogado de Pérez, dijo a La Prensa que a su cliente se le vincula con esa investigación con base en un documento “tachado de falso”, que “no reúne las formalidades legales para su validez”.
“Obviamente, él no tiene ninguna responsabilidad en dicha investigación patrimonial ni penal”, añadió.
Por la investigación que por estos hechos efectuó el Ministerio Público (MP), Pérez estuvo en prisión desde el 22 de enero de 2015 hasta el 13 de febrero de este año, acusado de la presunta comisión del delito de peculado.
Pérez, además, fue condenado a 50 meses de prisión por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, sentencia que alcanzó al también exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz. Además, pagó 64 meses de prisión por el delito de posesión ilegal de armas.
En tanto, los auditores de la Contraloría advirtieron que Tamburrelli no habría aplicado controles en el proceso administrativo de trámite, adjudicación, recepción, pago y custodia del equipo tecnológico.
Tamburrelli también es mencionado en otros casos judiciales. Uno de ellos es el que tiene que ver con supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados para escuelas.
Se intentó obtener la versión de Tamburrelli, pero no fue posible localizarlo.
Fueron tres
La tecnología adquirida a la israelí MLM Protection tenía capacidad para operar en tres áreas: vigilancia informática, sistema de posicionamiento e infiltración a redes telefónicas y captación e interpretación de voz.
En el contrato, la compañía israelí se comprometió al suministro, instalación, entrenamiento y mantenimiento del sistema, que podía infiltrarse en la central de datos de las redes telefónicas, hacía análisis sicológicos de los tonos de voz y, además, poseía un módulo de infección del programa Microsoft Word.
Aquella no fue la única tecnología para espiar adquirida por el Estado en el periodo 2009-2014, época en que gobernó Ricardo Martinelli.
Por ejemplo, en enero de 2011, se habría comprado la segunda máquina pinchadora a la también israelí NSO Group, el famoso sistema Pegasus. De acuerdo con las autoridades judiciales, se pagó cerca de $8 millones por el aparato, que tenía un esquema de espionaje de largo alcance. Era capaz de filtrar a la persona objeto del espionaje y a sus contactos e individuos con los que tenía algún tipo de conversación.
Se podía tener control de la cámara del dispositivo, tomar fotos y filmar. Toda la data contenida en el celular, incluyendo WhatsApp y correos electrónicos, podían ser copiados por la red de espionaje. Este aparato también está perdido.
Recientemente, WhatsApp demandó a NSO Group, precisamente, por el espionaje de Pegasus.
El Gobierno de Panamá, además, pagó $750 mil durante tres años a la empresa italiana Hacking Team por la adquisición de material informático para realizar espionaje en las telecomunicaciones.
Los ‘Varelaleaks’
La sentencia del Tribunal de Cuentas surge en momentos en que en el país se debate sobre la vulnerabilidad de las comunicaciones personales, a raíz de la filtración de chats de WhatsApp del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
Por supuestamente espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas, el expresidente Martinelli fue investigado primero por la Corte Suprema de Justicia, y después por el Ministerio Público, pero un tribunal inferior lo declaró “no culpable” el 9 de agosto pasado.
