Guatemala notificó al panameño Luis Enrique Martinelli Linares sobre la extradición solicitada por Estados Unidos, donde es acusado por diferentes cargos relacionados con blanqueo de capitales.
En una audiencia celebrada ayer en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, el Ministerio Público de ese país listó los cargos que se le endilgan a Martinelli Linares (en total, cinco) y las sanciones que podría enfrentar, según la acusación que reposa en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Esta audiencia es parte del trámite de extradición, pero ayer acabó sin que el panel de tres jueces (uno de ellos, en modalidad virtual) comunicara si avanza o no con el proceso de entrega del acusado a Estados Unidos.
La razón: una recusación presentada el pasado viernes contra el Tribunal Quinto. De momento, todo queda en suspenso hasta que se decida dicha recusación, la segunda que presenta la defensa contra el referido tribunal. En enero pasado, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala rechazó una recusación similar y respaldó las actuaciones llevadas a cabo hasta ese entonces.
Como parte del caudal de pruebas presentadas en la audiencia de ayer, el Ministerio Público detalló los cargos y desplegó una declaración jurada (affidavit) con fecha del 27 de junio de 2020, firmada por el agente especial del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos, Michael Lewandowski, que precisa que en la evidencia obtenida contra Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares (también capturado en Guatemala y solicitado en extradición), hay declaración de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de sociedades y correos electrónicos, entre otros.
Lewandowski declaró que el FBI se reunió varias veces y en persona con los dos acusados. Se desconoce cuándo se llevaron a cabo esas reuniones y quién más participó en ellas.
Igualmente, se facilitó la orden de aprehensión –también con fecha del 27 de junio de 2020– emitida contra Luis Enrique, firmada por el juez federal Robert Levy, de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
El Ministerio Público también aportó documentación de Gisela Vargas, de la oficina de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que señala que Luis Enrique no se encuentra registrado como agente diplomático. Además, se adjuntó una carta del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que indica que el panameño no ha sido juramentado para ningún cargo dentro de dicho organismo regional.
El Ministerio Público cerró su intervención señalando que la solicitud cumple con los requisitos contemplados en el tratado de extradición pactado entre Estados Unidos y Guatemala; que ninguno de los cargos tiene naturaleza política; que las conductas se encuentran tipificadas en ambos países; que la presunta comisión de estos delitos no ha prescrito; que Luis Enrique no es requerido en los tribunales locales, y que, en todo momento, el acusado ha sido asistido por sus abogados particulares.
En la audiencia también se expuso a los jueces del Tribunal Quinto que Luis Enrique ingresó a Guatemala el 30 de junio de 2020, siete días antes de su captura (el 6 de julio) en el aeropuerto La Aurora de la capital guatemalteca, cuando intentaba abordar un avión privado a Panamá, junto a su hermano. Desde entonces, ambos están detenidos en la prisión militar Mariscal Zavala.
El Ministerio Público llevó 27 fotografías de los objetos personales incautados a Luis Enrique en La Aurora. Uno de los fiscales presentes en la audiencia informó que sus abogados pueden solicitar la devolución de los objetos, a través de un memorial.
Este lunes se conoció que César Calderón, abogado del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se sumó a la defensa.
Calderón solicitó al Tribunal Quinto que ordene que el Ministerio de Relaciones Exteriores exija una “urgente ampliación y aclaración” a Estados Unidos, antes de continuar con el proceso de extradición.
Insistió que el Estado guatemalteco debe garantizar “el derecho a la defensa y el debido proceso” de Martinelli Linares, quien –insistió– tiene inmunidad como diputado suplente del Parlacen.
Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal son solicitados en extradición para que respondan por una acusación presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, por tres cargos: uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos más por supuestamente ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique enfrenta dos cargos más por el supuesto uso de dinero obtenido a través del lavado de activos.
La solicitud de extradición de Ricardo Alberto, en tanto, es dirimida en otro tribunal: el Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
(Con información de Rony Ríos, de El Periódico de Guatemala).
