La Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá asesorar y ayudar a la Dirección General de Ingresos (DGI) en investigaciones por presunto blanqueo de capitales relacionado con evasión de impuestos, según lo concluyó el procurador de la Administración, Rigoberto González, tras ser consultado al respecto por autoridades de la UAF.
De acuerdo con González, dicho apoyo es posible a partir las reformas introducidas en el Código Penal a través de la Ley No. 70 del 31 de enero de 2019.
A partir de dichas modificaciones –explica González– se tipifica la defraudación fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales, por lo que la UAF puede brindar asistencia a la DGI en los procesos de verificación de la posible comisión de dicho delito, amparados en la Ley 23 de 2015, que regula las facultades de esa institución.
El procurador González cita la reforma al artículo 288G del Código Penal, en el que se tipifica el delito de defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional “cuando se afecte la correcta determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar una parte o todos los tributos correspondientes”, casos en los que “el responsable será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años, siempre que la cantidad evadida sea superior a los $300 mil”.
Como se dijo, la modificación a la norma permite que la DGI y la UAF trabajen de forma conjunta en la investigación de posibles actividades de blanqueo de capitales relacionadas con la defraudación fiscal.
La calificación de la defraudación fiscal como delito en Panamá fue una de las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la salida del país de las llamadas “listas negras” de países con deficiencias para combatir el lavado de dinero.
La conclusión de González responde una consulta efectuada por el director de la UAF, David Saied.
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