Ulloa y fiscales evalúan principio de especialidad

El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, se reunió ayer con los fiscales superiores Anticorrupción, contra la Delincuencia Organizada y de Asuntos Internacionales, para “analizar la situación relacionada con la vigencia del principio de especialidad”, contemplado en el tratado de extradición Panamá-Estados Unidos de 1904, y aplicado en el proceso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli.

La reunión se produjo días después de que se conociera una nota que Thomas Heinemann, consejero de la Oficina de Asuntos Extranjeros del Departamento de Estado estadounidense, envió al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2019, en la que expresó que el exmandatario ya no es objeto del principio de especialidad en materia de extradición, dado que se le ha permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre pasado.

“No consideramos que el principio de especialidad continúa aplicándose bajo estas circunstancias”, manifestó Heinemann en la carta dirigida a la entonces procuradora Kenia Porcell, a quien Ulloa reemplazó el 2 de enero pasado.

Lo anterior significa que Martinelli podría ser investigado, procesado y juzgado en Panamá en aquellos casos que no están ligados a la causa por la que fue extraditado por Estados Unidos en junio de 2018: la de los pinchazos.

A través de una nota de prensa, la Procuraduría informó que en la reunión “se hizo una revisión y análisis del contenido de diversos documentos, entre ellos, la carta remitida por el Sub-Asesor Legal de Inteligencia y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América [...] a la exprocuradora [Kenia Porcell], en el contexto de una comunicación informal, con relación a la situación de la persona extraditada”.

De acuerdo con el comunicado, también se evaluaron el “canje de notas que se surtió el 4 de abril de 2019 entre la Cancillería panameña y el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cual guarda relación con la vigencia y aplicación del referido principio, y la ley 75 de 14 de junio de 1904, que aprueba una Convención de Extradición entre Estados Unidos de América y Panamá, específicamente en su artículo VIII (...) con el propósito de que tengan una mejor orientación sobre las acciones legales viables en el marco del debido proceso”.

Aunque el comunicado de la Procuraduría no lo precisa, en el “canje de notas que se surtió el 4 abril de 2019”, Heinemann y la entonces directora de asuntos legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gina López Candanedo, acordaron que el mecanismo por el cual ambos países expresaban su consentimiento para las excepciones al principio de especialidad, sería por vía del Ministerio Público de Panamá al Departamento de Estado de Estados Unidos, y viceversa.

Sobre la nota de Heinemann a Porcell, Ulloa ha expresado a este medio que considera que “más que una autorización, es una opinión de lo que, a criterio del Departamento de Estado, podría hacer Panamá, sin necesidad de autorización”.

Entre los casos que podrían reactivarse contra el exmandatario, se encuentra el proceso denominado New Business, en el que se investiga la compra del Grupo Epasa, presuntamente con fondos públicos. El año pasado, el Ministerio Público (MP) envió a Estados Unidos una petición de excepción a la regla de especialidad para que se evaluara si se concedía aval para investigar a Martinelli.

Además, en octubre de 2019, el MP hizo una petición de audiencia de control ante un juez de garantías para que le autorizara a investigar al expresidente por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros, y por una supuesta extorsión al exalcalde Bosco Vallarino.

El 9 de agosto de 2019, un panel de tres jueces declaró a Martinelli “no culpable” de los delitos de espionaje político y peculado, caso conocido como los pinchazos, por el que fue extraditado por Estados Unidos el 11 de junio de 2018, tras haber estado preso en una cárcel en Miami por un año.