En un cable secreto de la Embajada de Estados Unidos del 22 de agosto de 2009, divulgado por WikiLeaks, se describe la personalidad del entonces recién llegado presidente de la República de Panamá Ricardo Martinelli, así: “Su inclinación por la intimidación y el chantaje puede haberlo llevado al estrellato de los supermercados, pero difícilmente lo hacen un estadista”.
El contenido de ese cable se refería a las reiteradas solicitudes del mandatario panameño para usar el sistema de interceptación de comunicaciones denominado El Matador, que operaba en Panamá la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la Casa Blanca se negó a ampliar el uso del sistema a fines distintos del combate al narcotráfico.
Doce años después, las declaraciones de la periodista y presentadora de noticias de TVN Castalia Pascual en el programa Mesa de Periodistas el día de ayer, martes 12 de octubre, conmovieron a la opinión pública y parecen confirmar el perfil psicológico del cable diplomático sobre el exmandatario.
“...qué información mía usó Martinelli para arrodillarme. Porque me arrodilló y me quedé sola con mi familia vulnerada, con un familiar preso, sacado de un sistema de atención para adictos por órdenes de Martinelli, que sabía de esa intimidad, después de 18 meses de tratamiento, lo sacó de la cárcel, de una granja, y lo puso en la peor celda de La Joya. Y eso yo me lo tuve que callar”, contó Pascual
La periodista señaló que con el paso del tiempo el exmandatario le pidió perdón, pero ya ella se había separado de TVN por esa situación. “Yo tuve que suplicar a Martinelli que regresara a ese familiar [al centro de rehabilitación]...”, contó.
Lo expuesto por Pascual demuestra la arbitrariedad y el autoritarismo imperantes en Panamá, durante el periodo del cuestionado mandato.
Lo sufrido por la periodista y su familia, al igual que por otros comunicadores sociales, activistas, sindicalistas, líderes gremiales, magistrados y funcionarios de la embajada de Estados Unidos, así como por políticos de todo signo, constituyen la lista de víctimas de los pinchazos, que marcaron una era de la política panameña fundamentada en un ejercicio grotesco del poder.
La agresión a José Luis Varela
El disparador de la actual ronda de controversias fue el hecho suscitado el lunes pasado en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en la Plaza Ágora. Lo sucedido es descrito por el exdiputado José Luis Varela en la denuncia presentada a la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público, en la que dice: “...el día de hoy, 11 de octubre de 2021, al salir de la Sala de Audiencia, siendo aproximadamente las once y media de la mañana (11:30 a.m.), encontrándome aún dentro de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, iba saliendo solo con documentos en la mano y en el pasillo estaba el señor Ricardo Martinelli, con una de sus abogadas, Jessica Canto, y sorpresivamente empezó a gritarme, se me lanzó encima para agredirme, situación que pudo ser controlada por los seguridad que estaban presente [sic], después de separarnos yo solicité salir por la puerta principal y saliendo nuevamente cuando estaba dando declaraciones a los medios de comunicación, el señor Martinelli y su abogada Jessica Canto empezaron a gritarme improperios tales como ‘narcotraficante’, y nuevamente el señor Martinelli trató de agredirme…”.
Lo descrito por Varela constituye una agresión a un testigo del Ministerio Público en el caso de los pinchazos. Antes, Balbina Herrera –querellante en el proceso–, fue agredida con una botella plástica al terminar una de las audiencias cuando el proceso se dirimía en la Corte Suprema de Justicia, por una turba de simpatizantes de Martinelli que estaba en los predios de la Corte en ese momento.
El rastro de amenazas o el miedo a los participantes en el proceso también se extendió al testigo protegido, que solicitó a las juezas extremar las medidas de protección para él y su familia.
Clima de intimidación
Uno de los grandes ejemplos del ejercicio arbitrario y abusivo del poder durante el mandato del expresidente Ricardo Martinelli fue la represión desencadenada luego de la aprobación de la llamada ley chorizo, el 12 de agosto de 2010.
Dicha norma modificaba varios códigos y bajo el tamiz de una ley de aviación se escondía un profundo impulso a la minería y el debilitamiento de los sindicatos.
Uno de los líderes de la aprobación de esta norma en la Asamblea Nacional fue su entonces presidente, el diputado José Luis Popi Varela. Ahora, los tiempos han cambiado y Varela y Martinelli están en distintos bandos.
La derogatoria de la ley chorizo fue obtenida por la sangre derramada de, al menos, una decena de indígenas y la pérdida de la vista parcial o total de otro medio centenar. Aunque esa escala de intimidación y violencia no se ha repetido, existe una práctica constante de intimidaciones y amenazas a personas que hayan cuestionado al exmandatario y que incluyen el ejercicio de múltiples acciones judiciales contra el diario La Prensa, periodistas de medios impresos, activistas sociales como Annette Planels y Mariela Ledezma, e incluso actuó por vía civil contra la exprocuradora general de la Nación Kenia Porcell.
Coincidencialmente, la amenaza de filtraciones contra adversarios y críticos se mantiene. Allí están los llamados Varela Leaks, que exponen las vulnerabilidades de quienes se han enfrentado al más grande poder político existente en Panamá.
Por este tema, el expresidente Juan Carlos Varela ha culpado directamente a Martinelli. “Mas allá del debate del contenido de las conversaciones, lo que queda claro es la intervención directa de las comunicaciones de un presidente y la manipulación de la información por parte de una organización liderada por el expresidente Martinelli, usando el equipo que se compró en su momento por parte de ellos, con fondos de la corrupción, llamado Pegasus”, dijo Varela, en una entrevista con Telemetro Reporta.
La nación panameña enfrenta un momento histórico en su sistema judicial, cuando una multiplicidad de casos penales contra delitos de alto perfil avanzan a pasos de caracol en los distintos estrados de los endebles tribunales panameños.
Con el paso de los años, muchas de las causas criminales por los supuestos abusos cometidos entre 2009 y 2014 se cayeron en los entresijos del Órgano Judicial. Algunas por prescripción, otras por una rara combinación de rebotes judiciales que paralizaban los casos con recursos dilatorios, pero, peor aún, porque los jueces los abanicaban con un sospechoso gusto.
En su declaración en Mesa de Periodistas, Castalia Pascual concluyó que los andares de la justicia no van a terminar bien: “... aquí no va a pasar nada. Pero, el ciudadano panameño tiene que entender la gravedad de esto. Que nunca nadie vuelva a abusar del poder que aquí se ejerció”.
