El orfebre y empresario mexicano José Luis Penagos tiene una agria disputa con la que fue su abogada desde 2013: la hoy diputada Zulay Rodríguez, a quien acusa de haberle despojado de 66 kilos brutos de oro –según documentos oficiales– de su propiedad, decomisados por la Dirección de Aduanas cuando estaba en tránsito a Colombia, en marzo de 2009.

Zulay Rodríguez lo aceptó como cliente en tres procesos, luego de que Aduanas le quitó el oro a él y a un colega suyo, el venezolano José Felipe Mendoza. Entre los dos, tenían 65.3 kilos netos de oro –valorados en $1.4 millones– con trazas de metanfetaminas, por lo que estuvieron detenidos cerca de un año en Panamá.

Tras un proceso judicial, Rodríguez logró la devolución de los 65.3 kilos de oro, de los cuales reclamó en honorarios profesionales por sus servicios como abogada 42 kilos, es decir, casi el 65% de lo decomisado.

El Banco Nacional de Panamá, según consta en actas, devolvió la totalidad del oro decomisado, aunque se habrían perdido unos tres kilos entre su decomiso y su devolución.

“Yo cobro caro”, dijo Rodríguez a La Prensa. Según ella, puede cobrar el dinero que estime conveniente si el cliente no le abona, como ocurrió en este caso, afirmó.

Y citó el artículo 11 del Código de Ética del Colegio Nacional de Abogados. “El abogado debe evitar controversias con sus clientes por el pago de honorarios […] sin embargo, podrá recurrir a la demanda judicial contra el cliente para hacer efectivo su crédito, cuando ello fuere necesario”. Y eso fue lo que hicieron Zulay Rodríguez y Rafael Araúz, el segundo abogado contratado por Penagos y Mendoza para que los representara en los pleitos en su contra, quien reclamó el pago de $990 mil en honorarios profesionales.

La madre de este último abogado, Luz de Araúz, aparece actualmente en las planillas de la diputada en la Asamblea Nacional en calidad de personal transitorio, contratada por un monto poco mayor de $17 mil.

El oro de Zulay: historia de un pleito con sus propios clientes

Cuando oficios como los de “orfebre” y actor de telenovelas se juntan en una sola persona que se llama a sí misma empresario, el resultado puede ser catastrófico. Eso le ocurrió al mexicano José Luis Penagos. Su historia con Panamá data del 9 de marzo de 2009, cuando fue detenido en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Tocumen en posesión de 35 kilos de oro que la Dirección de Aduanas decomisó alegando que no habían sido declarados.

Penagos viajaba acompañado de un colega orfebre, el venezolano José Felipe Mendoza, a quien Aduanas también le decomisó, al menos, otros 31 kilos de oro. Ambos tenían, en total, poco más de 66 kilos netos de oro (65.3 kilos netos), aunque de mano en mano, durante los próximos meses, se perderían unos 3 kilos de oro.

Ante lo sucedido y en su defensa, Penagos alegó que no tenía por qué declarar el oro, pues su destino final no era Panamá, sino Colombia. Pero la cosa se complicó cuando, después de revisarlo, las autoridades hallaron restos de metanfetaminas en el oro. Penagos terminó en el pabellón 6 de La Joya, con varios procesos abiertos en su contra. El mexicano fue confinado 15 días en una “cloaca nefasta”, junto con otras 100 personas. Luego pasó nueve meses en ese lugar que para el orfebre no era ninguna joya.

Penagos fue huésped del sistema penitenciario hasta su deportación, el 28 de diciembre de 2009. El mexicano fue acusado de lavado de dinero, porque, como se dijo, su oro contenía restos de drogas. Las autoridades suponían que el oro escondía el dinero de la venta de la droga, pero la teoría no pudo ser probada en el tribunal, ya que un juez lo benefició con un fallo de sobreseimiento provisional. Gracias al fallo, Penagos voló a México –sin posibilidad de volver a Panamá, pues se le impuso medida de impedimento de entrada al país– tras ser deportado.

Pero del oro, nada. Penagos no pudo llevarse ni un gramo de los 65 kilos netos de oro decomisados –valorados por entonces, según documentos oficiales, en $1.4 millones– que, según dijo, le pertenecen. Pero el mexicano no renunció al metal. Así que, desde México, a través de orfebres locales que pasaron por una situación similar, se puso en contacto con la abogada Zulay Rodríguez –hoy diputada– hecho este que, en boca de él y de su abogada, le salió caro.

Cuestión de poder

Un año antes de convertirse en diputada –en 2013– Penagos y Mendoza le dieron un amplio poder legal a Zulay Rodríguez y a un abogado llamado Rafael Araúz, que incluía unas 30 acciones legales de todo tipo que ambos abogados podían hacer en sus nombres y representación. Este es el as bajo la manga que, según Rodríguez, la ampara de cualquier acción legal que su hoy antiguo cliente pueda emprender en su contra, pues la cosa –como se verá– se complicó poco después de que la abogada recibiera los poderes.

Tal poder era tan amplio que la apoderada podía, incluso, nombrar a otros apoderados en nombre de su cliente, cosa que hizo. Y, además de poder representarlos en todo tipo de pleitos, Rodríguez y Araúz podían –en nombre de Penagos y Mendoza– disponer del dominio de bienes, enajenar, desistir, revocar, endosar bienes en Aduanas, allanarse, recibir bienes “y realizar todas las gestiones legales que estime convenientes y necesarias para mi bien, sin restricción alguna”. Y no dudaron en ejercer esas acciones.

Acuerdos privados

Los contratos de honorarios de Zulay Rodríguez y Rafael Araúz no constan en ningún lado. La razón es porque fueron verbales, indicó Penagos, quien aduce que pactó con Rodríguez el pago por sus servicios en 20% del valor del oro que se recuperara. Rodríguez afirma que ella pactó 25%. Pero, como se verá, ni fueron $280 mil ni $350 mil, respectivamente.

Pocas semanas después de recibir el poder de sus clientes, Araúz y Rodríguez celebraron “acuerdos privados” –fechados el 19 de junio y el 1 de julio de 2013– en representación de sus respectivos clientes. Este medio puso frente a Rodríguez ambos acuerdos, con su firma y la de Araúz, pero ella no reconoció tales documentos y prometió que si le habían falsificado su firma, habría demandas.

Honorarios

Pero esos “acuerdos privados” fueron la base para entablar procesos judiciales para el cobro de sus respectivos honorarios. Página tras página del expediente, la diputada fue recordando todo.

En el primer documento, Rodríguez reclamó a sus clientes $690 mil en concepto de servicios profesionales por asumir su defensa ante las direcciones de Aduanas y Migración y ante el Órgano Judicial. Tal cantidad de dinero suponía el 49.3% del valor total neto del oro decomisado y casi el doble de lo que Rodríguez había pactado en honorarios.

Este acuerdo no está firmado ni por Penagos ni por Mendoza, ya que, como se dijo, Rafael Araúz –su apoderado legal– podía hacerlo en nombre de los dos, gracias al amplio poder que le confirieron semanas antes.

En el segundo acuerdo, es Araúz el que reclama a sus clientes –representados ahora por su apoderada Zulay Rodríguez– la suma de $990 mil, también por defenderlos por los mismos casos. Para entonces –es decir, para mediados de 2013– Penagos ya había sido deportado a México por Migración (2009) y el Órgano Judicial había decretado su sobreseimiento provisional (2009).

Los $990 mil que reclamaba el abogado Araúz a sus clientes suponían el pago del 70.7% del valor del oro neto decomisado. Es decir, Araúz y Zulay Rodríguez pretendían cobrar una suma que superaba el valor total del oro decomisado, ya que ambas “deudas” suponían un 20% –o $280 mil– más que el valor total del oro.

Obligatoriedad

En ambos acuerdos, los abogados –representando a sus clientes– acordaron que estos últimos se “obligaban” a pagarles la suma exigida, más intereses, “a partir de la firma del presente acuerdo”. En otras palabras, los abogados acordaron el pago inmediato del 100% de sus honorarios más un 20% del valor del oro. Y, en caso de incumplimiento, los clientes les daban derecho a sus abogados “para dar por terminado el plazo de la obligación y exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda”.

Finalmente, los abogados acordaron que los deudores –o sea, sus clientes– “aceptan y reconocen no tener reclamación alguna para con el acreedor”. Es decir, que Penagos y Mendoza no podían reclamarles absolutamente nada a ellos, aunque ellos no fueran los firmantes de los acuerdos, sino sus abogados.

Insultos

Pero esos acuerdos eran desconocidos por Penagos, alega. “Zulay Rodríguez Lu, […] y Rafael Araúz […] nunca se comunicaron conmigo, jamás me hablaron, jamás me dijeron”, salvo una única vez, cuando tramitaban el poder legal que recibieron Rodríguez y Araúz, afirmó.

Penagos dice que confió en Rodríguez, pero “estos señores […] empiezan a hacer toda una componenda siniestra de robo, porque se tiene que llamar así, es un robo…”.

La diputada afirma que su cliente mexicano es “un malapaga y un sinvergüenza”, pues tuvo que demandarlo para que le pagara sus honorarios, pues nunca le abonó un centavo por sus servicios, prestados entre 2012 y 2018. Elaborar y firmar los acuerdos privados –añadió Rodríguez– era su forma de garantizarse el pago de honorarios de parte de sus clientes, algo que es una práctica normal entre abogados, acotó.

Victoria judicial

Así pues, el 3 de septiembre de 2013 –dos meses después de firmados los “acuerdos privados”, Zulay Rodríguez y Rafael Araúz se presentaron a los tribunales para exigir el pago de la deuda que sus clientes habían acordado pagarles.

El 25 de septiembre y el 31 de octubre de ese mismo año, tras haber presentado las demandas gemelas –salvo por el monto de las supuestas deudas– los tribunales ordenaron el pago a Rodríguez y a Araúz: $690 mil, más unos $100 mil en costas, para un total de $790 mil; y $990 mil más 25 mil de costas, para un total de $1 millón, respectivamente.

No obstante la victoria, el oro aún estaba en litigio en Aduanas, por lo que Rodríguez y Araúz solicitaron a los tribunales embargar los bienes de sus clientes y así asegurarse el pago de sus honorarios. En el caso de Rodríguez, pidió que se tuviera a su esposo –Álvaro Testa– como perito depositario. El juzgado accedió a su petición.

La ‘renuncia’

El 29 de noviembre de 2017, Rodríguez, en calidad de demandante de sus clientes, y el abogado Pedro Fonseca, actuando como apoderado de Penagos y Mendoza –nombrado, a su vez, por el abogado Rafael Araúz– acudieron a los tribunales a fin de obtener su aprobación en una transacción: Rodríguez anunció la “renuncia” a la suma de $790 mil en concepto de honorarios en el proceso de cobro a sus clientes.

También anunció que habían acordado que Rodríguez recibiría 42 kilos de oro –el equivalente al valor del 64.6% del oro neto decomisado, en pago por sus servicios profesionales. Y acordaron levantar los embargos decretados sobre los bienes de sus clientes, acción esta que era necesaria para poder recibir el oro.

Ambas partes señalaron que “es nuestra voluntad de que no se produzcan costas por la inexistencia de daño, perjuicio o mala fe en el presente proceso [y] los demandados [Penagos y Mendoza] aceptan no tener reclamación legal alguna con la demandante [Rodríguez] y renuncian a toda pretensión con motivo o consecuencia de la demanda objeto de la transacción”. No obstante, el valor de los 42 kilos de oro acordados en “dación de pago” por sus servicios está por encima de los $790 mil que el tribunal ordenó pagarle a la diputada. El abogado Fonseca accedió a los términos de la transacción en representación de sus clientes.

Rodríguez, mientras tanto, había obtenido sendas victorias en los tribunales para lograr la devolución del oro, que, como ya se dijo, se destinaría al pago de honorarios profesionales. El 4 de julio de 2017, el Primer Tribunal Superior revocó la orden de Aduanas del decomiso del oro, por lo que ordenó su devolución.

El oro cambia de manos

El oro estaba bajo custodia en la bóveda del Banco Nacional de Panamá. Pero el 21 de septiembre de 2018, dejó de estarlo. Ese día, según el acta de entrega, 62.54 kilos de oro fueron recibidos por los abogados Rafael Araúz, Zulay Rodríguez, y su esposo, Álvaro Testa. Rodríguez, finalmente, cobró sus honorarios, por los cuales, dijo pagó sus impuestos, mientras que Araúz abandonó el caso y se lo dejó a Rodríguez, contó la propia diputada.

Rodríguez dijo que si Penagos quiere, puede querellarla penal y civilmente, aunque ella también lo haría. ¿En dónde los demandaría?, preguntó La Prensa, ya que Penagos no puede ingresar a Panamá. Ella respondió –tras meditarlo unos segundos– que lo haría en Panamá.

¿Por qué, si no le abonaron nada y muy poco habían hecho, no abandonaron el caso?, preguntó La Prensa. “Porque siempre se piensa que se va a ganar y si no pagan, los demandamos”, respondió la diputada. Rodríguez fue insistente en que Penagos no le abonó un centavo, pese a sus advertencias de demanda. “Al final, Penagos me dijo que hiciera lo que quisiera y lo hice: demandé”.

Ahora, la animosidad prevalece entre la abogada y su antiguo cliente. Rodríguez afirma que su antiguo cliente Penagos “es un tramposo y un maleante”, mientras que Penagos tacha a Rodríguez de ser “ladrona, una embaucadora y una mentirosa…”.