El caso Odebrecht tomó un nuevo impulso esta semana con la decisión del Ministerio Público (MP) de indagar a figuras cercanas al expresidente Juan Carlos Varela, incluyendo la detención del exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas.
Fuentes del MP informaron que la prórroga de 5 meses y ocho días que otorgó el Primer Tribunal Superior al Ministerio Público para concluir las pesquisas, iniciadas 18 de enero de 2017, empezó a correr desde el pasado 29 de enero. Es decir, vencería en agosto próximo, a menos que un tribunal decida lo contrario.
El pasado lunes compareció ante el despacho de la fiscal Zuleyka Moore, el exembajador de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, quien a través de varias sociedades, habría recibido $10 millones de Odebrecth que habrían llegado al Partido Panameñista. Fuentes judiciales dijeron que aportó información relevante que podría derivar en un acuerdo de pena o colaboración eficaz.
En contraste, Rosas, a quien se le investiga por los fondos que habría recibido de Odebrecht su firma de abogados, fracasó en su intento de frenar la indagatoria con el argumento de que Moore no podía actuar hasta que se resolvieran recursos legales contra la prórroga. Cuando acudió al MP el pasado jueves y se acogió al derecho de no declarar contra sí mismo, Moore ordenó su detención.
Al mismo tiempo, en Uruguay fue arrestada una contadora requerida por estas pesquisas que involucran a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos de Ricardo Martinelli.
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Fiscalía, abierta a un nuevo acuerdo de pena
La Fiscalía Especial Anticorrupción mantiene las puertas abiertas para pactar acuerdos de pena o de colaboración eficaz dentro de las pesquisas relacionadas a la trama del pago de coimas a exfuncionarios y particulares por parte de Odebrecht en Panamá.
Uno de los imputados con los que se pudiera llegar a uno de estos acuerdos es el exembajador de Panamá en Corea del Sur y miembro del Partido Panameñista, Jaime Lasso, informaron fuentes ligadas al proceso.
Oficialmente del Ministerio Público no han confirmado esta información. Pero advierten que “nunca se cierra esa posibilidad”.
Esto, a raíz de que Lasso ha respondido a la fiscalía sobre el tema de, al menos, 10 millones de dólares de Odebrecth que habrían ido a parar al Partido Panameñista, a través de varias sociedades. La versión de Lasso, según las fuentes, es que los fondos habrían ido a parar a manos de proveedores, medios de comunicación, publicitarias y servicios asociados a las campañas del partido.
Lasso ha asistido a rendir su declaración indagatoria el jueves 13 y lunes 17 de febrero pasado. La fiscal Zuleyka Moore pidió detalles de su patrimonio y sobre los vínculos de André Rabello, exsuperintendente de Odebrecht en Panamá con altos personajes del Partido Panameñista, colectivo político que llevó a Juan Carlos Varela a la Presidencia de la República para el periodo 2014-2019.
Rabello, como se recordará, es uno de los que llegó a acuerdos con el Ministerio Público (ver infografía).
Lasso también ha reconocido ante la fiscalía que para el segundo semestre de 2009 promovió una reunión entre Rabello y el entonces diputado panameñista José Luis Popi Varela, hermano del exmandatario Juan Carlos Varela.
Fuentes de la investigación señalan que Popi Varela se habría puesto a disposición de la constructora para ayudarla en los proyectos que ejecutaba en Panamá.
Para ese tiempo, Juan Carlos Varela formaba parte del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) en calidad de vicepresidente de la República y canciller.
Por esos días, Odebrecht obtuvo el contrato para la renovación urbana de Curundú, obra que empezó costando $94.3 millones y terminó en $107.5 millones.
Otra figura del colectivo político Panameñista que tuvo que comparecer ante la fiscalía fue el exdiputado Jorge Alberto Rosas.
Lo hizo el jueves 20 de febrero después de ausentarse dos veces, alegando que la fiscal Moore no podía avanzar diligencias hasta tanto no se resolvieran recursos promovidos por algunos de los imputados que atacaban la prórroga de 5 meses y 8 días concedida el pasado 6 de enero por el Primer Tribunal Superior de Justicia
Pero para la Fiscalía ya el plazo empezó a correr desde el pasado 29 de enero y, por tanto, está facultada para proseguir. De hecho, cuando Rosas fue a la indagatoria y se acogió al artículo 25 de la Constitución, que permite a toda persona no declarar contra sí mismo en un asunto criminal, fue detenido. Desde la noche del jueves 20 de febrero permaneció en una celda de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, en Ancón, hasta ayer, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer.
La relación de Rosas con el caso Odebrecht fue investigada inicialmente por la Corte Suprema en 2017, ya que este era diputado.
Para ese año, Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, accionista mayoritario y coadministradora, respectivamente, de la firma Rosas & Rosas, señalaron a Rosas –también socio del bufete– como la persona que manejaba la relación profesional dentro de l a firma con Odebrecht.
Dicha firma de abogados recibió 10 pagos durante casi 5 meses –entre el 5 de julio de 2010 y el 23 de noviembre del mismo año– por un monto de, al menos, 2.1 millones de dólares, de la cuenta que la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A. mantenía en Credicorp Bank, dinero este que procedía de la llamada Caja 2 de Odebrecht, normalmente utilizada por la empresa brasileña para canalizar el pago de coimas en el extranjero.
Por otro lado, la Fiscalía Especial Anticorrupción tramita un pedido de extradición para Maya Cikurel Spiller, detenida en Uruguay el pasado miércoles 19 de febrero.
Cikurel Spiller, quien, es la pareja del designado ministro de Educación y Cultura de Uruguay, está vinculada al caso Odebrecht Suiza, que involucra directamente a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Odebrecht Suiza es una de las líneas de investigación dentro del caso de Odebrecht, que inició en 2017 y ya tiene cerca de mil tomos.
En Panamá, Spiller tiene cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. En junio de 2019, La Prensa publicó que su nombre figuraba entre las nueve personas que tenían pendiente comparecer ante la fiscalía por este caso. Se le vincula con la sociedad Arcadex Corp., a través de la cual la constructora habría pagado sobornos a los hijos del expresidente Martinelli. Arcadex Corp. fue creada en Uruguay, pero está radicada en Belice.
Este proceso, calificado ahora como complejo y de delincuencia organizada, ha implicado 122 asistencias internacionales a distintas jurisdicciones como Brasil, Andorra, Principado de Mónaco, Estados Unidos, Suiza, Islas Vírgenes, España, Ecuador, Uruguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Reino Unido.
