El pasado jueves 28 de enero, la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional graduó a 137 subtenientes. Con buen comportamiento y una hoja disciplinaria decente, en 25 años serán comisionados, con derecho a una jubilación especial, además de prerrogativas particulares del cargo, como chofer, escoltas y protección a su familia.
La Policía Nacional se destaca por su planilla de 19 mil 888 funcionarios, de los cuales 227 son comisionados y subcomisionados. En cambio, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) tiene 4 mil 348 funcionarios, incluyendo 53 comisionados y subcomisionados; mientras que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) cuenta con 4 mil 126 miembros, 55 de ellos comisionados y subcomisionados.
Entre las tres entidades hay 335 comisionados y subcomisionados, por lo que su fusión en un mando único implicaría la concentración de semejante cantidad de oficiales superiores.
La integración de los cuerpos de seguridad juramentados es un proceso que ha venido en marcha desde la reforma constitucional de 2004, que permitió que un uniformado fuera la cabeza de la Fuerza Pública. En esa misma reforma se debilitó al Ministerio Público al apartarlo de su naturaleza cuasi judicial y dejarlo a la deriva constitucional.
El nacimiento de una tradición
En noviembre de 1904, el gobierno del presidente Manuel Amador Guerrero suprimió el ejército del recién nacido país y envió al retiro permanente al general Esteban Huertas.
En 1908 se creó un pequeño cuerpo de policía, que periódicamente entraba en combate con la soldadesca estadounidense acantonada en la Zona del Canal, lo que causó que en 1916 el gobierno de Estados Unidos insistiera en su desarme.
Para 1931, la inestabilidad de la policía hizo necesaria refundarla con una generación de oficiales formados en academias militares.
Uno de estos oficiales, José Antonio Remón Cantera, alcanzó el grado de coronel en 16 años, a pesar de que había sido expulsado de la entidad.
Como presidente de la República, gracias al respaldo de la Policía Nacional, Remón empujó la Ley 44 de 1953 para convertir a la institución en la Guardia Nacional. Trece meses después fue asesinado y hasta la fecha no hay claridad sobre su magnicidio.
Con la Guardia Nacional se copiaba el modelo de las dictaduras de Somoza en Nicaragua y Trujillo en República Dominicana.
El 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional daría su primer golpe de Estado.
Hasta esa fecha, la Guardia Nacional había sido el fiel de la balanza en los conflictos políticos del país, mientras mantenía un creciente espacio de control sobre la sociedad panameña, independientemente del dominio civil.
En agosto de 1983, el general Rubén Darío Paredes renunció a la Guardia Nacional para lanzarse al ruedo político en busca de una candidatura presidencial, como lo hizo José Antonio Remón Cantera. En septiembre, al mes siguiente de su retiro, la Guardia Nacional se convirtió en Fuerzas de Defensa de Panamá por medio de la Ley 20 de 1983, lo que hizo que el general Manuel Antonio Noriega fuera el último comandante de la Guardia Nacional y el único de las Fuerzas de Defensa.
Un modelo institucional
En su artículo 1, la Ley 20 de 1983 adscribía ocho organismos a las Fuerzas de Defensa, que incluía a la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Panameña, la Marina Nacional, la Fuerza de Defensa del Canal de Panamá, la Fuerza de Policía, la Dirección Nacional de Tránsito, el Departamento Nacional de Investigaciones y el Departamento de Migración. Además, la Ley preveía la inclusión de otros organismos análogos que se crearan y le fueran adscritos posteriormente.
Este modelo se desarmó después del 20 de diciembre de 1989 con la creación de la Fuerza Pública, el Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional. La seguridad presidencial y de otras personalidades fue encargada al Servicio de Protección Institucional. La investigación criminal fue objeto de una Policía Técnica Judicial, mientras que las Direcciones de Migración y del Tránsito fueron ubicadas en el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Para la “defensa de la democracia”, se estableció un amorfo Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Así era el esquema durante el gobierno del presidente Guillermo Endara (1989-1994).
En los siguientes gobiernos “civiles”, este esquema fue mutando: La ley 18 de 1997 restableció la denominación de Policía Nacional, mientras que la Policía Técnica Judicial pasó del Ministerio Público a la Corte Suprema y, finalmente, al basurero de la historia con la Ley 69 de 2007, que la despedazó y la convirtió en la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. A la vez, la Ley 8 de 2008, le quitó a la Policía Nacional la Dirección Nacional de Fronteras y la convirtió en el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
El paso de ganso hacia la militarización iniciado en el gobierno de Martín Torrijos 2004-2009 siguió con su sucesor, Ricardo Martinelli 2009-2014, cuando se creó el Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Ley 15 de 2010, quedando bajo su mando siete de los ocho componentes que estableció la Ley 20 de 1983, como parte de las Fuerzas de Defensa de Panamá.
En ese mismo gobierno, por medio de la Ley 93 de 2013, se unieron el Servicio Marítimo Nacional y el Servicio Aéreo Nacional en un nuevo ente: el Senan.
El gobierno de Martinelli derogó la normativa que controlaba al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Además, con un parágrafo incluido en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley de la Policía Nacional, se aumentó el número de años de servicio necesarios para la jubilación de un miembro de esa institución, de 25 años a 30 años, para aquellos miembros que hubiesen ingresado en 1985.
Esta acción, sin una reforma del proceso de ascensos, produjo la explosión de comisionados y subcomisionados.
Un mando conjunto
El artículo 310 de la Constitución Política establece el principio fundamental de la organización de la seguridad pública en Panamá, de la siguiente forma: “La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley organizará los servicios de policías necesarios, con mandos y escalafón separados. Ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República. El Presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente Título; y éstos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil; por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales”.
A pesar de lo anterior, está claro que el Senafront y el Senan funcionan como entidades castrenses, con una doctrina y organización del servicio muy distintas a las de un cuerpo civil.
A pesar de que no existe un mando único de todos los cuerpos de seguridad, el presidente Juan Carlos Varela 2014-2019 constituyó formalmente la fuerza de tarea conjunta (FTC), siendo la más conocida la FTC Águila en 2017, dedicada a resolver el problema de inseguridad, principalmente en Colón. La FTC Águila tenía componentes de todos los cuerpos de seguridad, incluyendo el Servicio de Protección Institucional.
En 2019, se le cambió el nombre a FTC Alfa, con funciones similares.
El anuncio del asesor presidencial Severino Mejía recogido en diversos medios periodísticos, de que el Ministerio de Seguridad Pública prepara un proyecto de ley que serviría de norma única para todos los cuerpos armados bajo el propio Ministerio, es simplemente el paso lógico de una tendencia alimentada por los últimos tres gobiernos.
Más allá de un débil intento por parte de la administración Endara de liderar una transformación civil de la seguridad pública, no ha existido en las tres décadas siguientes el compromiso de fortalecer la institucionalidad civil dentro de la seguridad pública.
Desde un principio se permitió, con la creación de las direcciones de responsabilidad profesional en cada entidad, que uniformado investigara a uniformado, y que con las juntas disciplinarias conformadas por uniformados se le aplicaran sanciones militares a policías supuestamente civiles.
Los ascensos y promociones en estos cuerpos son el resultado de los años de permanencia en el servicio y a veces de la influencia política. No son producto del mérito, el reconocimiento o el desarrollo académico. Así, clases enteras de oficiales que compartieron estudios en la academia policial o en escuelas extranjeras pasan de rango simultáneamente para evitar conflictos o incrementar las divisiones dentro de la organización.
Para la Policía Nacional en particular es una tragedia que se permitiera el ingreso a graduados de academias militares, así como que se envíe a policías a estudiar cursos de perfeccionamiento en escuelas castrenses.
Cuando el comisionado Juan Manuel Pino Forero se convirtió en ministro de Seguridad Pública, fue la primera vez que un uniformado se sentó en el gabinete desde 1989. En Estados Unidos, país que respalda muchos de estos cambios, está prohibido que militares en servicio formen parte del gabinete. Incluso, un exmilitar debe esperar hasta siete años para asumir una posición como Secretario de Defensa.
En Panamá, estamos rifándonos la imperfecta democracia al jugar con el fuego y dejar la Constitución y la historia en el olvido.
