Presa política desde el 13 de junio de 2021, la abogada y defensora de derechos humanos Ana Margarita Vijil se encuentra en aislamiento e imposibilitada de recibir visitas de familiares o allegados en el centro carcelario Evaristo Vásquez, en Nicaragua, afirman sus familiares.
En las últimas horas, sus allegados realizaron una denuncia sobre agresiones que recibió Vijil en su celda, por un jefe policial que se encontraba en “estado de ebriedad”.
La Prensa contactó a Ana Lucía Álvarez, sobrina de Ana Margarita Vijil, quien relató la situación que atraviesa esta activista, así como los más de 150 presos políticos en ese país, y los nicaragüenses que se oponen a Daniel Ortega.
La pregunta que todo el mundo se hace puede ser considerada obvia, pero, ¿cuál es la situación en estos momentos de Nicaragua?
Bueno, la situación es realmente de horror. En Nicaragua se ha instalado un estado policíaco. Casi que vivimos en un Estado de sitio, y desde hace ya tres años se ha venido consolidando una política de represión sistemática y generalizada que ha ejercido básicamente terrorismo de Estado contra la población civil, constantes violaciones a los derechos humanos que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, calificó como crímenes de lesa humanidad.
Ana Margarita Vijil es conocida en Panamá por haber dado entrevistas a diferentes medios de comunicación antes de ser detenida. ¿Cuál es la situación actual de ella? ¿Qué saben los familiares de ella?
A ella la detuvieron ilegal y arbitrariamente el 13 de junio [de 2021], en su casa, en un allanamiento. En ese momento, ella grabó un video en el que dijo: “Me detienen ilegalmente y quiero dejarlo publicado. Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar a la fuerza”.
Las detenciones nacieron a partir de una escalada represiva que impulsó el régimen para apresar a candidatos a la Presidencia, para las elecciones que se realizaron; o más que elecciones para las votaciones, porque a eso no se le puede calificar como elecciones [refiriéndose a los supuestos comicios que se realizaron en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021] .
Entonces comenzaron a apresar a candidatos o a posibles candidatos y candidatas a la Presidencia, a líderes políticas, a líderes sociales, a defensores y defensoras de derechos humanos para tratar de acallar las voces, para tratar de contener el descontento popular que pudiese no poner en mayor evidencia lo que el régimen estaba tratando de consolidar en términos del fraude electoral del 7 de noviembre. Entonces, en ese contexto, fue detenida Ana Margarita [Vijil] el 13 de junio, como mencioné anteriormente, y la situación de Margarita ha sido gravísima, al igual que la de decenas de otras personas presas políticas en Nicaragua.
Margarita pasó por una situación de desaparición forzada, por ocultamiento de paradero por más de 90 días, en donde después de su detención, que además fue con lujo de violencia en su casa de habitación; sin orden judicial, sin orden de captura, sin orden de allanamiento, con un despliegue excesivo y desmesurado de la fuerza, con policía militarizada, con drones sobrevolando su casa. Además, con efectivos vestidos de civil que no sabemos ni siquiera si son policías. Después de eso, aunque supimos que el Estado la tenía, no sabíamos en qué condiciones. Nunca pudimos corroborar si, efectivamente, la tenían donde el Estado decía que la tenían. Amnistía Internacional calificó ese hecho y esa situación sostenida por 90 días como desaparición forzada por ocultamiento de paradero. El Estado de Nicaragua ha mantenido a Ana Margarita [Vijil] en una situación de incomunicación sistemática, por largos periodos de tiempo. La primera vez que la vimos fue a los 90 días, después a los 45 días y ahora llevamos más de 45 días sin tener ningún tipo de comunicación con ella.
Ana Margarita está en una situación de aislamiento. En su celda tiene un oficial 24/7 que le impide ningún tipo de comunicación verbal ni de gestos con ninguna otra persona presa política que está a su alrededor. El nivel de incomunicación al que la tiene sometida el Estado es tal que ni siquiera nos dejan escribir su nombre, lo único que nos dejan ingresar al centro de atención son botellas de agua, porque nuestra escritura representa una conexión entre ella y el mundo exterior y su familia.
Entonces, esa es la situación en la que se encuentra y eso la pone a ella y al resto de personas que están en esa misma condición en una situación de extrema vulnerabilidad, ante un Estado que comete violaciones a derechos humanos, ante un Estado terrorista, ante un Estado que sistemáticamente ha violentado nuestro derecho.
Tras siete meses de la detención de su tía; ¿Cuál es la respuesta que han dado? O ¿cuál es la vía que se ha podido conseguir para poder tener contacto con ella?
Ha sido todo muy arbitrario. Porque lo que corresponde es el establecimiento de un régimen periódico organizado, calendario de visitas y eso nunca se ha dado. Siempre las visitas han tenido un factor sorpresa, en donde ni ella ni nosotras como familia tenemos chance de prepararnos para esa situación, han sido tres ocasiones hasta el momento, la última fue hace más de 45 días.
Nosotras, como familiares, hemos interpuesto denuncias, hemos interpuesto escritos, hemos interpuesto todo, hemos adoptado todas las instancias nacionales, todo lo que por ley, digamos, corresponde, hemos ido al Poder Judicial a interponer recursos de exhibición personal, a interponer escritos en donde solicitamos el establecimiento periódico de visitas, en donde solicitamos que medicina legal pueda hacer evaluaciones médico legales de ella. En donde pueda tener audiencias privadas con su abogada para preparar la defensa.
El Estado de Nicaragua no ha respondido ni una sola de nuestras peticiones. Además, la situación de criminalización y judicialización a la que Ana Margarita [Vijil] y otras decenas de personas están sometidas es totalmente arbitraria. Han sido juicios, digamos, que se han hecho en su mayoría de madrugada, en donde se ha obstaculizado el derecho a la defensa, en donde los delitos que el Estado le pretende imputar a Ana Margarita y a otras personas no son realmente delitos, sino el ejercicio pleno de un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad de expresión, porque a ella le acusan de menoscabar la integridad nacional por haber dado declaraciones sobre la situación de Nicaragua, sobre las violaciones a los derechos humanos. Eso no es un delito, eso es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional a la situación que en estos momentos vive Ana Margarita Vijil?
Los mecanismos y las organizaciones internacionales de derechos humanos se han expresado en distintos momentos; Amnistía Internacional, la Alta Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así sucesivamente. Un conjunto de organizaciones, pues, que han alzado la voz y han hecho eco de estas demandas. El problema es que el Estado de Nicaragua hace caso omiso a todas estas recomendaciones y peticiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un mandato al Estado para que liberaran inmediatamente a un conjunto de presos y presas políticas, incluidos Ana Margarita Vigil, y el Estado de Nicaragua hace caso omiso, incluso, al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es signataria desde los años 1970.
El Estado de Nicaragua está descartando todo, está haciendo caso omiso de todos los tratados de derechos humanos internacionales, de los cuales Nicaragua, digamos, es parte.
¿Recuerda usted el número aproximado de presos políticos en estos momentos en Nicaragua?
En Nicaragua hay 167 personas presas políticas y el régimen todos los días continúa con su política de represión, con su política de detenciones, de criminalización y de judicialización. Por lo tanto, ese número desgraciadamente todos los días crece.
¿Cómo se viven todos los días, cómo se combate con ese miedo a no saber qué va a pasar en las próximas horas?
¡Es terrible, la verdad!, es un miedo espantoso. Vivimos en una situación de desprotección absoluta.
Todas las instituciones están al servicio de la dictadura; el Poder Jjudicial está al servicio de la dictadura, por lo que se ha transformado en un operador político, los trabajadores, los jueces, los fiscales, los defensores públicos. Eso nos deja sin garantías. En Nicaragua no hay Estado de derecho, no hay institucionalidad democrática; los ciudadanos vivimos en un Estado de zozobra constante. Y en ese sentido, el poder hacer eco de esto en los espacios que ustedes nos dan a nivel internacional para que esta situación de terror se conozca, son fundamentales.
