Para decretar la prescripción del caso Buko Millonario, proceso en el que se investigaba a Ricardo Alberto Martinelli Linares y al exministro Frank De Lima, entre otros, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales aplicó la Ley 35 de 27 de mayo de 2013, que reducía el término de la prescripción de delitos contra la administración pública.
Un comunicado del Órgano Judicial dice que esa ley estaba “vigente” al momento en que se inició la investigación del caso (2015).
Caso Buko Millonario: el efecto de una ley hecha a la medida
La Ley 35 de 27 de mayo de 2013 —derogada en 2015— salvó a los ocho implicados en el proceso que seguía el Ministerio Público por supuesto tráfico de influencias en uno de los dos casos relacionados con la operación del bingo Buko Millonario.
Se trata de Ricardo Alberto Martinelli Linares, Frank De Lima, Omar Chen, Gabriel Fernández De Marco, Luis Icaza, Jackelie Chan, Egbert Wright y Giselle Brea Rodríguez.
La decisión la tomó el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el cual, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, basó su decisión en que “desde la fecha de la firma del contrato de administración y operación del juego (7 de junio de 2011), a la fecha, transcurrieron 10 años, 6 meses y 6 días, sin que se haya dictado auto de llamamiento a juicio”.
Es aquí donde el tribunal cita entonces la Ley 35 de 27 de mayo de 2013, y alega que esta norma estaba “vigente” al momento en que se dio inicio a la investigación del caso.
También le envía un dardo envenenado al Ministerio Público: “La presente causa fue remitida al Órgano Judicial el día 10 de julio de 2018 junto con la vista fiscal del 9 de julio de 2018, para la respectiva calificación del mérito legal; fecha en la cual ya se encontraba prescrita la acción penal en la presente investigación”, dice el boletín de prensa.
Preguntas
Sin embargo, en el MP les llama la atención que el juzgador diga que el caso llegó prescrito al judicial basándose en la fecha de la firma del contrato de Buko Millonario (2011), cuando la investigación inició en 2015, la vista fiscal fue enviada en 2018, y se tomó en cuenta una ley de 2013.
El otro caso: una condena
En agosto de 2021, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales condenó a tres personas, entre ellos, el exministro Frank De Lima, por la comisión del delito de falsificación de documentos en general y falsedad ideológica. La pena: 60 meses de prisión.
Esta ley fue derogada en septiembre de 2015, cuando la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley impulsado por la entonces diputada Ana Matilde Gómez (Ley 57 de 22 de septiembre de 2015 que modifica un artículo del Código Procesal Penal) y que a su vez eliminó un “camarón legislativo” introducido por diputados de Cambio Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, en la Asamblea del quinquenio 2009-2014, norma que en su momento fue sancionada por el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli.
En la publicación periodística titulada “Cómo surgió la prescripción privilegiada de los casos de alto perfil”, de la autoría del abogado Rodrigo Noriega, publicada en La Prensa el 3 de mayo de 2021, se narra la historia de la norma y sus implicaciones en los casos de corrupción de alto perfil.
Lluvia de recursos
Para cerrar el caso y enviar la vista fiscal, el MP sorteó un sinnúmero de recursos que intentaron tumbar el proceso. En abril de 2018, Ruth Morcillo, fiscal especial anticorrupción, alertó que el caso Buko Millonario tenía dos años y cuatro meses paralizado debido a un recurso que aún no había sido resuelto. Dijo que desde el 30 de noviembre de 2015, la ciudadanía estaba esperando que se resolviera un amparo de garantías constitucionales presentado dentro de estas investigaciones.
“¿Qué era Buko Millonario? Era un bingo televisado que para su operación en este país se valió de la contratación de una empresa fachada para beneficiar a los hijos de un alto exfuncionario...”, narró la fiscal en ese momento.
