‘Vacunación clandestina atenta contra la salud’

El origen de las supuestas vacunas anticovid utilizadas para inocular de forma clandestina a unas 17 personas en el edificio de Coco del Mar Suites, en el corregimiento de San Francisco, es la primera interrogante que deben aclarar las autoridades correspondientes.

Javier Nieto, exasesor en temas de Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsa), dijo que la mejor forma de saber el origen de estas dosis es a través de la trazabilidad del número de lote para determinar si es de un lote asignado o no a la estrategia de vacunación, o viene del extranjero. Si es lo segundo, la pregunta es cómo entró y quién firmó el certificado de importación, expresó.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró que el Minsa no ha autorizado la vacuna de forma privada y que la vacunación clandestina atenta contra la salud humana.

Añadió que interpuso una denuncia en el Ministerio Público, en la que piden establecer la verdad de los hechos, quiénes son los responsables de esta operación, así como la posible vinculación de funcionarios de salud.

La Fiscalía Especial Anticorrupción allanó la tarde de ayer el laboratorio Vidatec en calle 64 San Francisco y el edificio Coco del Mar Suites, como parte de una pesquisa por la presunta vacunación anticovid clandestina denunciada por La Prensa.

Indignación por vacunación clandestina en Coco del Mar

La vacunación anticovid clandestina en el edificio Coco del Mar Suites, en el corregimiento de San Francisco, causó ayer indignación entre científicos, médicos, el presidente de la República, y la ciudadanía. Las interrogantes son muchas, y las respuestas escasas, pues apenas comienzan las pesquisas.

Lea aquí: Vacunación anticovid clandestina en Coco del Mar

La principal pregunta tras la publicación de La Prensa es ¿cuál es el origen de estas dosis? Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) aseguran desconocer la procedencia de las dosis utilizadas para inocular a al menos 17 personas en Coco del Mar Suites.

Israel Cedeño, director de la región metropolitana de Salud, señaló que este es el primer caso que se reporta de manera formal. Ni siquiera se sabe si, en efecto, las dosis que se están aplicando son de Pfizer/BioNTech o son falsificadas, como ya ha reportado la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ocurre en otros países. Se investiga si hay algún faltante o hurto de las dosis que están bajo custodia.

Cedeño pidió a los presuntos vacunados en Coco del Mar Suites que acudan a un centro de salud, para verificar a qué lote corresponde el vial que supuestamente les fue aplicado.

Advirtió de que la inmunización de estas personas no está registrada en el portal de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Tampoco hay fecha para que estas personas reciban su segunda dosis, al menos con el Minsa

Trazabilidad del lote

Expertos en vacunas plantean que hay que verificar con prontitud la trazabilidad, es decir, ubicar el número del lote al que corresponden las dosis aplicadas, para conocer si es de los recibidos en Panamá o falsificado. Desde el pasado 20 de enero hasta ayer el Minsa ha recibido 18 lotes de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que suman más de un millón de dosis.

Javier Nieto, infectólogo, pediatra y exasesor del Minsa sobre Covid-19, explicó que la forma de saber el origen de las dosis utilizadas es a través de la trazabilidad del número de lote. De esa manera, indicó, se sabrá si era alguna asignada o no a la estrategia de vacunación o procede del extranjero.

“Si es lo segundo surge la pregunta cómo entró y quién firmó el certificado de importación del producto”, acotó.

Para Nieto, la situación genera morbo por el hecho de que la vacunación local es oficial, y no hay involucrado ningún ente privado.

Los planteamientos de Nieto fueron compartidos por Ivonne Torres Atencio, directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, quien dijo que la situación causa indignación entre la población, y que si las vacunas resultan ser parte de los lotes recibidos sería la punta del iceberg de un acto de corrupción; mientras hay tantas personas con enfermedades crónicas esperando ser vacunadas, tanto en la ciudad de Panamá como en las provincias.

“Realmente quienes pagarán por toda esta situación serán las personas que están en mandos medios, y no el autor intelectual y el gestor comercial de esta vacunación clandestina”, expresó.

Eduardo Ortega Barría, asesor científico del Minsa y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que es importante una investigación para conocer el origen de estas dosis, ya que también hay falsificación de vacunas, y se debe descartar su introducción al país.

Recordó a la población que las únicas vacunas que deben ser administradas son las que distribuye el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, ya que están autorizadas por los agentes regulatorios, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), y la OMS.

Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson, tres de las grandes casas farmacéuticas fabricantes de la vacuna contra la enfermedad Covid-19, confirmaron recientemente a La Prensa que no estaba prevista la distribución de sus biológicos a través de canales privados a corto plazo.

Las farmacéuticas concordaron en que están priorizando las dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales como el mecanismo Covax de las Naciones Unidas, con el fin de asegurar la equidad en el acceso a las vacunas durante esta etapa de emergencia global.

Y en efecto, hasta ahora ninguna vacuna contra la enfermedad Covid-19 tiene licencia comercial, sino autorización para uso de emergencia.

Investigación de fondo

Jorge Luis Prosperi, especialista en salud pública y miembro del Consejo Consultivo de Salud, señaló que esta vacunación clandestina debe ser investigada y, de comprobarse la participación de funcionarios, demostraría la corrupción en diferentes niveles del gobierno y en el sector privado, pues involucraría tanto a los que facilitaron (vendieron) las vacunas como los que las compraron para revenderlas entre la población.

Remarcó que estas vacunas necesitan un manejo adecuado en la cadena de frío, y no cree que en un edificio de apartamentos existan las condiciones, lo cual no garantiza que las personas hayan recibido una vacuna en óptimas condiciones.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, dijo que reprochan la vacunación anticovid clandestina.

“Debe ser investigada y castigar a los responsables. La vacunación es derecho de todos los ciudadanos sujeto a un plan de vacunación administrado por el Minsa. Cualquiera irregularidad es inaceptable”, colocó en su cuenta de Twitter.

La situación también causó indignación al presidente de la República, Laurentino Cortizo. “No sé si esas dosis son de verdad, no lo sé, eso vamos a saberlo”, advirtió durante el acto de entrega de la orden de proceder para la construcción de la carretera El Ejido, La Espigadilla, Tres Quebradas y Agua Buena, en la provincia de Los Santos.

Lea aquí: Cortizo cataloga de ‘tontas y brutas’ a quienes se vacunan en centros clandestinos

El presidente pidió a la población vacunarse solamente en los lugares aprobados por las autoridades sanitarias. No hay margen para jugar con la salud y la vida de las personas, insistió.

Ante el escándalo por la vacunación clandestina y la denuncia interpuesta por el titular de Salud, Luis Francisco Sucre, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó ayer allanamientos y otras diligencias (ver nota relacionada).

Denisse Vega, quien aparece en las directivas de las sociedades Vidatec y Cordón de Vida —ligadas a la vacunación clandestina del 7 de junio— confirmó que el edificio donde se desarrolló la acción es de su propiedad.